En medio de la jornada de paralización promovida por sectores vinculados a la minería en la provincia de Zamora Chinchipe, distintas voces públicas han manifestado su preocupación por las implicaciones sociales, ambientales y políticas que rodean el conflicto. Entre ellas, destaca la postura del exprefecto y exasambleísta Salvador Quishpe, quien difundió un pronunciamiento a través de redes sociales, aportando elementos de análisis que amplían el debate en torno a la actividad extractiva y sus efectos en el territorio.

En su comunicado, Quishpe señala que la problemática minera no se reduce únicamente a la legalidad o ilegalidad de las operaciones, sino a las profundas consecuencias ambientales y sociales que han afectado durante años a diversas zonas de la provincia. El exdirigente recuerda que amplias áreas previamente destinadas a la agricultura, producción de alimentos y desarrollo comunitario han sido modificadas o destruidas por las actividades extractivas.

Asimismo, menciona afectaciones a vías, viviendas, puentes y emprendimientos locales, subrayando como ejemplo la destrucción del canchón y maquinaria de la empresa pública Vialzachin EP, adscrita al GAD Provincial de Zamora Chinchipe. Según Quishpe, estos impactos no han recibido respuesta institucional proporcional a su gravedad.

Ordenamiento Territorial y Responsabilidad Estatal

Quishpe enfatiza que no se opone a la actividad minera como tal, siempre que esta se ejecute dentro de un marco normativo claro y respetuoso del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), instrumento construido con la participación de autoridades y ciudadanía. Este plan establece zonas aptas y no aptas para la actividad minera, y exige que las autoridades garanticen su cumplimiento.

El exfuncionario advierte que los derechos de un sector no pueden imponerse sobre los derechos de toda una provincia, especialmente cuando se afectan ecosistemas estratégicos como los ríos, tradicionales rutas turísticas y espacios de valor cultural y ambiental.

Un Modelo de Desarrollo en Disputa

A menos de dos décadas de haber proyectado a Zamora Chinchipe como un destino para el turismo de aventura, naturaleza y cultura, Quishpe sostiene que hoy ese modelo se encuentra debilitado por el deterioro del entorno natural, particularmente en las zonas ribereñas. Esto, señala, limita alternativas económicas sostenibles y vulnera el patrimonio natural de la provincia.

Llamado a la Responsabilidad Pública

En su mensaje, el exasambleísta exhorta a las autoridades de todos los niveles, político, administrativo y de justicia, a actuar sin temor a presiones electorales o descalificaciones. Subraya que la responsabilidad pública debe prevalecer sobre cualquier interés particular, recordando que el manejo del territorio es un deber constitucional y una necesidad para la convivencia social pacífica y el desarrollo equilibrado de la provincia.

La jornada de paro minero motiva un debate pendiente en Zamora Chinchipe: la urgencia de equilibrar las demandas productivas con la protección ambiental, la institucionalidad territorial y los derechos colectivos. Las declaraciones de Salvador Quishpe se suman a un contexto de tensiones crecientes entre comunidades, autoridades y sectores económicos, evidenciando la necesidad de un diálogo técnico, transparente y con visión de futuro para abordar los desafíos estructurales del territorio amazónico.

El Ministerio de Gobierno, emitió hoy un pronunciamiento oficial frente a los recientes hechos registrados en la provincia de Zamora Chinchipe, donde se han evidenciado intentos de paralización y manifestaciones vinculadas a intereses políticos asociados a la minería ilegal. En su comunicado, el Ejecutivo reafirmó que no cederá ante presiones de actores que buscan generar caos y aprovecharse de la vulnerabilidad social de la población.

El Gobierno destacó que su política pública se orienta hacia la construcción de soluciones técnicas, responsables y sostenibles, especialmente en lo relacionado con la regularización de la minería artesanal, el ordenamiento progresivo de actividades extractivas, la reactivación del catastro minero y la implementación de un censo minero que permita diferenciar a los trabajadores formales de quienes encubren actividades ilícitas.

El pronunciamiento señala que la fuerza pública actuará con firmeza y dentro del marco constitucional para mantener el orden, garantizar la habilitación de vías y proteger a la ciudadanía frente a cualquier intento de bloqueo o actividad ilegal que afecte la movilidad y el normal desarrollo de la provincia.

️ Rechazo a la Manipulación Política

El Gobierno expresó un rechazo categórico a los intentos de manipulación política que, según el comunicado, buscan desestabilizar la provincia y frenar su desarrollo. Enfatizó que el futuro de Zamora Chinchipe no puede estar condicionado por actores que promueven la ilegalidad o utilizan la conflictividad social con fines particulares.

Compromiso con el Diálogo Técnico y el Desarrollo Local

El Ejecutivo ratificó su compromiso con un diálogo técnico, transparente y participativo, orientado a la formulación de soluciones reales que contribuyan al bienestar de las familias y al fortalecimiento de la economía local. La política gubernamental, señala el documento, continuará enfocándose en garantizar legalidad, seguridad y oportunidades de desarrollo para la provincia.

En un operativo coordinado entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la fuerza pública intervino este lunes en el redondel de ingreso a Centinela del Cóndor para restablecer el libre tránsito, luego de que la vía permaneciera cerrada por una manifestación del sector minero. La medida se ejecutó tras extensas horas de diálogo que no lograron resultados favorables.

La paralización, que inició la tarde de ayer, fue liderada por representantes del sector minero de Zamora Chinchipe, quienes exigían mayor atención a sus demandas, entre ellas el cese de destrucción de maquinaria y procesos de regularización. La presencia de un numeroso contingente policial y militar evidenció la magnitud del conflicto, mientras maquinaria pesada despejaba el material pétreo, llantas quemadas y demás obstáculos colocados a lo largo de la carretera.

Los voceros de los manifestantes expresaron su inconformidad ante la falta de respuestas de autoridades de alto nivel. Aunque hubo acercamientos con el Intendente de Policía y posteriormente con la Gobernadora de la provincia, no se alcanzó ningún acuerdo que facilitara la reapertura pacífica de la vía. Esta situación reitera la urgencia de fortalecer los mecanismos de diálogo institucional con sectores productivos en condiciones de informalidad o en procesos de regularización complejos.

Bajo el mando del Coronel Juan Pablo Rojas, la fuerza pública procedió a la dispersión de los manifestantes mediante el uso de gases lacrimógenos, priorizando, según el propio comandante, la seguridad operativa y el derecho constitucional de los ciudadanos al libre tránsito.

• Una persona detenida: Durante la intervención se registró la detención de un ciudadano, quien enfrentará acciones legales por la obstrucción de la vía pública.

• Limpieza y habilitación de la carretera: Maquinaria pesada removió todos los materiales acumulados en el redondel de ingreso a Centinela del Cóndor y en el puente de Zumbi, permitiendo la circulación de vehículos particulares y de transporte público que permanecían varados desde la noche anterior con destino a Loja, Zamora y otros cantones como El Pangui y Yantzaza.

• Repliegue estratégico de manifestantes: Aunque la vía fue despejada, varios grupos del sector minero se reubicaron en los accesos al puente de Zumbi y la ruta hacia Yantzaza, manteniéndose aún en la zona sin retirarse por completo, lo que anticipa una posible reorganización de la protesta.

La reapertura parcial de la vía permitió el desplazamiento de ciudadanos hacia Zamora, donde este lunes se desarrolla la sesión de la Comisión Técnica de Seguimiento para la Creación de Universidades Públicas en Zamora Chinchipe, un tema de profundo impacto social y académico.

La jornada deja en evidencia las tensiones estructurales que enfrenta la provincia: por un lado, las demandas socioeconómicas del sector minero; por otro, la obligación del Estado de garantizar derechos fundamentales como la movilidad, la educación y la convivencia pacífica. Los ciudadanos exigen a las autoridades construir agendas de diálogo transparentes, inclusivas y sostenibles, que permitan avanzar hacia un desarrollo integral para Zamora Chinchipe.