Nacionales
El retorno a clases presencial y voluntario se mantiene para el 7 de febrero
El Ministerio de Educación confirmó que la fecha para el retorno a las clases presenciales se mantiene para el 7 de febrero del 2022, como estaba previsto.
La ministra María Brown brindó una conferencia de prensa este jueves 13 de enero en Guayaquil, donde explicó que el 74.20% instituciones educativas tienen aprobado el Plan de Continuidad Educativa (PICE) para el retorno a clases.
«Esta semana estuvo destinada a la vacunación para personal administrativo, DECES, y comunidad educativa en general. Los docentes deben acudir a vacunarse si ya pasaron cinco meses de la segunda dosis», recordó sobre la clave para mantener en pie el regreso progresivo a las aulas.
Estas instituciones que tienen el PICE aprobado regresarán a clases presenciales a partir del 17 de enero en aforos reducidos y será totalmente voluntario.
«Para los planteles educativos con 85% de población con esquema completo de vacunación, el aforo es de 2.25m2 de área por persona. En los establecimientos con menos de este 85%, los aforos serán del 50% de estudiantes matriculados”.
Mientras tanto, en los Centros de Desarrollo Infantil, el aforo será del 50% de la capacidad física del establecimiento.
«Quienes tengan los PICE aprobados deben ofertar esta modalidad según lo expuesto. Las familias deben tener la oportunidad de poder enviar a sus hijos a clases», recalcó la ministra Brown.
De paso, indicó que el cronograma de retorno a clases se mantiene y será el 7 de febrero para inicio del segundo quimestre de Sierra-Amazonía, mientras que para Costa-Galápagos será el 6 de mayo, con el inicio del nuevo año lectivo 2022-2023.
«Las fechas establecidas para el retorno a la presencialidad son constantemente evaluadas por el COE Nacional, para ratificarlas o modificarlas de acuerdo con el monitoreo epidemiológico del país. La próxima se realizará el 31 de enero», señaló Brown.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, anunció el fin del paro nacional este miércoles 22 de octubre.
El dirigente indígena pidió a sus bases el despeje de las vías y el repliegue a sus territorios.
La «difícil decisión» se tomó ante el anuncio del presidente Daniel Noboa quien ordenó a la fuerza pública habilitar las carreteras y tomar el control de la provincia de Imbabura, epicentro del paro.
Seis personas fueron detenidas en Guayaquil la madrugada de este miércoles 22 de octubre por una investigación de presunta asociación ilícita.
Entre los aprehendidos se encuentran la procuradora de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y dos uniformados de la institución.
Se conoció que esta investigación inició hace cuatro meses. Las personas arrestadas fueron trasladadas al Complejo Judicial Norte de Guayaquil.
La ATM indicó que están reuniendo la información necesaria antes de dar una vocería. El ilícito de asociación ilícita consiste en que dos o más personas se pongan de acuerdo para cometer delitos que son sancionados con menos de cinco años de cárcel.
John Reimberg, ministro de Interior: la estructura criminal dentro de la ATM es de Chone Killers
John Reimberg, ministro del Interior, apuntó que la estructura criminal que opera dentro de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil es del grupo delictivo Chone Killers.
«Se ha encontrado que existe un delito de asociación ilícita para tráfico de influencias, cohecho, intimidación, evasión, incumplimiento de decisiones ilícitas de autoridad competente, falsificación de documentos públicos, usurpación de funciones, entre otros delitos. Lo más preocupante de todo esto es (que ocurre) en asociación al grupo delictivo organizado de los Chone Killers», indicó.
Dijo que este grupo era liderado por una persona que fingía ser abogado para cambiar documentos con la procuradora de la ATM para evitar que personas que eran detenidas en operativos fuesen enviados a la cárcel.
Explicó que los otros detenidos son dos agentes de tránsito que siguen activos en la institución y otros dos abogados que formaron parte de la agencia.
También dijo que la procuradora es exesposa del actual jefe de compras públicas del Municipio de Guayaquil. «Esta vinculación, por más de que sea una expareja, ese es un tema que se tiene que investigar», comentó.
Reimberg exigió a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, que revise al personal que trabaja en el Cabildo y sus dependencias.
Las manifestaciones registradas durante los últimos días en Imbabura no solo afectan la movilidad, sino también la economía local. En respuesta, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) resolvió extender el plazo para el pago de aportes patronales correspondientes a octubre de 2025, con el fin de aliviar la carga financiera de los empleadores y garantizar la continuidad de los servicios a los afiliados.
Ampliación excepcional
El plazo original de pago era el 17 de noviembre, pero con esta medida los empleadores podrán cancelar sus obligaciones hasta el 10 de diciembre de 2025, lo que representa una ampliación de 23 días.
Durante este periodo no se generarán intereses, multas ni recargos, siempre que los pagos se realicen dentro del nuevo plazo establecido.
En total, 4 915 empleadores, tanto públicos como privados, se beneficiarán de esta disposición, que también incluye a afiliados voluntarios e independientes del cantón y la provincia de Imbabura.
Alivio financiero temporal
De acuerdo con el IESS, la medida busca mitigar el impacto económico provocado por los cierres de vías y las protestas sociales que han paralizado parcialmente la actividad productiva en la región.
El valor total del planillaje provincial asciende a USD 15,9 millones, mientras que los intereses no cobrados por la ampliación temporal se estiman en USD 391 775,73.
La disposición se aplica únicamente a obligaciones corrientes, no a aquellas que ya se encuentran en mora.
Coordinación con el Biess
El IESS informó que notificará al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) para la ejecución de las acciones administrativas necesarias que permitan la aplicación efectiva de esta resolución.
Con esta ampliación, el IESS busca dar un respiro económico a las empresas afectadas por la paralización en Imbabura y mantener el cumplimiento de las prestaciones médicas, sociales y económicas de los afiliados en la provincia.
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