Nacionales
Ecuador: el narcotráfico pone a los civiles en la mira de sus ataques
Por primera vez en el país, los atentados ligados a bandas del narcotráfico tuvieron como objetivo un centro comercial y hasta un dispensario de salud. Durante la primera semana de noviembre de 2022, Ecuador vivió conmocionado por el caos que el narcotráfico y el crimen organizado generó en varias ciudades.
Coches bombas, explosiones a gasolineras, atentados a las unidades de Policía, seis uniformados asesinados, ataques en un centro comercial, en el edificio municipal de Durán (Guayas) y balaceras frente a un centro de salud.
Las bandas delictivas cruzaron una línea roja, que incluso se respeta en las guerras: no atacar a la población civil.
Tras los disparos contra el centro médico tipo C en Bastión Popular en Guayaquil, el Ministerio de Salud Pública (MSP) calificó el hecho como “un acto de barbarie”. Producto del ataque, una persona falleció y otra resultó herida.
El MSP recordó que los centros de salud son zonas de paz y están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, que juzgan estos atentados como crímenes de guerra.
Miedo entre la población civil Los ataques a la población civil, en centros comerciales o lugares públicos, son un libreto ya conocido por países de la región como Colombia y México.
“En México lo que ocurrió es que estos grupos, ante la ausencia del Estado, comenzaron una destrucción de la sociedad”, explica el investigador y especialista en Derechos Humanos de México, Jacobo Dayán.
Según Dayán, la intención es que las escenas de terror no solo sean una ofensa al Estado, sino a la sociedad entera. “Generan temor y la sociedad ante cualquier amenaza empieza a ceder”, añade.
En efecto, el analista colombiano de seguridad Hugo Acero señala que el miedo provoca que la población “termine presionando a las autoridades para que no toque a los delincuentes”.
“En Colombia tuvimos circunstancias en que los propios ciudadanos decían que no ataquen más a estos delincuentes, porque nos van a matar a todos”. Hugo Acero, experto colombiano.
Ambos analistas coinciden en que la respuesta del Estado debe ser contundente, pero hay que atacar el problema de raíz: retomar el control de las cárceles.
“Si el Estado no es capaz de garantizar la seguridad y el control en un espacio confinado como una prisión, ¿Qué se puede esperar del resto del país?”, dice Dayán.
A Dayán le preocupa que estos episodios de violencia extrema generan que la población y la clase política pidan militarizar la seguridad. “Está comprobado, en cualquier parte del mundo, que eso solo logra que el Estado entre en una fase de guerra y de más violencia”, agrega el experto mexicano.
Militares en las calles
Militares en las calles hasta ahora, las acciones del Gobierno apuntan a enviar a los militares a las calles y asignarles tareas de seguridad en las cárceles, a través de los estados de excepción.
Solo en el gobierno del presidente Guillermo Lasso se han decretado seis medidas de este tipo, para paliar la crisis de seguridad.
El analista colombiano comenta que en su país, el Gobierno reaccionaba a los atentados con acciones de Inteligencia Policial, haciendo allanamientos y capturando a los responsables.
“Aún así sucedían hechos de terrorismo, pero contábamos con un elemento importante y era la participación de los ciudadanos, porque ellos tienen la información”, dice Acero. Por el momento, el Gobierno ha informado que los operativos a raíz del estado de excepción han detenido más de 1.000 personas en el país, hasta el 5 de noviembre.
Incluso se habilitó una línea exclusiva para que los ciudadanos denuncien a los agresores, y se activó un plan de recompensa. Además, se anunció la inversión de USD 58 millones para equipar a la Policía, con uniformes, chalecos antibalas y nuevos vehículos. Y el Gobierno prometió USD 159 millones para la construcción de nuevas unidades policiales. Pero, Dayán sostiene que parte del trabajo debe apuntar a fortalecer las Fiscalías y a eliminar los vínculos criminales con la clase política. Fuente: Primicias
Nacionales
«Quizás no le conviene»: De la Gasca afirma que Fantoni no lo quería en el concurso para Fiscal
El exministro de Gobierno, José de la Gasca, informó que ya no insistirá en el concurso para Fiscal General del Estado luego de ser descalificado por un supuesto incumplimiento de requisitos. Además, acusó a Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), como “el gran responsable” del “deslegitimando” proceso de selección.
“Ingresé sabiendo que era un proceso criticado, pero jamás me imaginé que iba a estar tan desviado y que la comisión iba a ser tan ligera e irresponsable en la forma en cómo ha actuado”, confesó el exfuncionario en entrevista con la cadena Ecuavisa.
Y es que el pasado viernes, 17 de julio, la Comisión Ciudadana de Selección resolvió excluir a José de la Gasca “al determinar que incumplió la presentación de los requisitos documentales obligatorios para la postulación”, pero recalcó que esta decisión podía ser apelada ante el pleno del Cpccs.
“Es claro que no me querían ahí (…) el descrédito que tiene este concurso no tiene arreglo”, apuntó el exministro, quien anunció que no apelará la decisión porque no confía en el pleno del Cpccs.
Previamente, esa misma Comisión le negó un pedido para la recalificación de sus méritos.
Acusación contra Andrés Fantoni
De la Gasca aseguró que “está seguro” de que Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), no quería que participe en el concurso para Fiscal.
“Cuando presenté una denuncia expresa en contra del veedor Guido Egas, él hizo mutis por el foro, puso estas denuncias y todos los requerimientos que se hacen, desde mi parte, para que el concurso se corrija, en un congelador. Sin embargo, cuando presentan una denuncia prefabricada en mi contra esa la tienen en el mismo día, en el mismo momento y activan una facultad discrecional que es absolutamente improcedente”, manifestó.
El exministro agregó que a Fantoni “quizás no le conviene” que él siga en el concurso porque es un perfil “independiente, que busca la institucionalidad, luchar contra la corrupción, a lo mejor puede ser peligroso para sus intereses”.
Próximas etapas del concurso
La Comisión de Selección prevé designar al nuevo Fiscal General en los próximos tres meses, según el último cronograma.
El concurso actualmente está en la fase de calificación de méritos y recalificación. Luego, vendrá la etapa de audiencias públicas de apelación, la prueba escrita y el examen oral. Fuente: Vistazo
Nacionales
Human Rights Watch alerta sobre abusos en Ecuador y cuestiona la cooperación en seguridad con EE.UU.
Human Rights Watch (HRW) alertó este martes 21 de julio de 2026 sobre un aumento de presuntas violaciones a los derechos humanos en Ecuador, en medio de la cooperación en seguridad con Estados Unidos.
Las conclusiones constan en el informe «Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador», un documento de 105 páginas que recopila testimonios, análisis de imágenes satelitales, fotografías, videos y entrevistas sobre operaciones militares en la frontera con Colombia y hechos ocurridos cerca de las Islas Galápagos.
Según el informe, entre el 1 y el 6 de marzo de 2026, militares ecuatorianos ejecutaron una serie de operaciones en la comunidad agrícola de San Martín, ubicada en la frontera entre Ecuador y Colombia.
La organización afirma que, en una operación que Estados Unidos calificó como «conjunta», soldados ecuatorianos detuvieron arbitrariamente y torturaron a cuatro trabajadores agrícolas, además de incendiar tres propiedades y bombardear dos de ellas, incluida una finca lechera.
Uno de los trabajadores relató a Human Rights Watch que fue sometido a descargas eléctricas durante su detención.
Las autoridades ecuatorianas señalaron que el operativo estaba dirigido contra Comandos de la Frontera, un grupo armado que opera a ambos lados de la frontera, y justificaron la detención de los cuatro hombres por presuntos vínculos con esa organización.
Sin embargo, Human Rights Watch sostiene que no encontró evidencia creíble que vincule las propiedades destruidas o a los trabajadores detenidos con grupos criminales. Además, indicó que los cuatro hombres no tenían antecedentes penales y finalmente no fueron procesados porque la Fiscalía no recibió pruebas por parte de los militares.
Ataques contra pescadores y desaparición de una embarcación
El informe también documenta ataques contra embarcaciones pesqueras en el océano Pacífico.
Entre enero y marzo de este año, las embarcaciones La Negra Francisca Duarte II y Don Maca fueron atacadas por drones de origen desconocido, dejando varios pescadores heridos. Asimismo, la embarcación Fiorella permanece desaparecida desde el 20 de enero, junto con sus ocho tripulantes.
No obstante, 13 sobrevivientes entrevistados por la organización aseguraron que, tras los ataques, fueron retenidos en un barco por personas armadas que identificaron como ciudadanos estadounidenses vestidos con uniformes de estilo militar.
Human Rights Watch pide explicaciones a Ecuador y Estados Unidos
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, cuestionó la falta de transparencia en la cooperación bilateral.
La organización indicó que solicitó información tanto al Gobierno de Ecuador como al de Estados Unidos sobre estos hechos, pero aseguró que hasta la fecha no ha recibido respuesta.
Human Rights Watch señaló que, desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y la reelección de Daniel Noboa en Ecuador en 2025, ambos gobiernos han fortalecido su cooperación en materia de seguridad para enfrentar al crimen organizado.
Frente a este escenario, HRW pidió al Congreso de Estados Unidos exigir explicaciones a la administración Trump sobre el alcance de esta cooperación y verificar si existen salvaguardas suficientes para prevenir violaciones de derechos humanos.
Además, instó al Gobierno de Ecuador a reconsiderar la declaración de conflicto armado interno y priorizar el fortalecimiento del sistema de justicia como estrategia para enfrentar al crimen organizado.
Nacionales
¿El Partido Socialista está en la mira? El correísmo teme que el PSE también sea suspendido
Para algunos militantes del correísmo, las organizaciones políticas que los apoyan están cayendo como fichas de dominó. Primero fue Revolución Ciudadana. Luego, RETO. Después, Amigo. Y ahora, según el expresidente Rafael Correa, el turno en ser suspendido será para el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE).
“Nos informan que también van a proscribir al Partido Socialista, PSE listas 17, que nos ha dado cabida en la mayoría de provincias”, afirmó el expresidente Correa a través de un mensaje en la red social X. Correa lidera a Revolución Ciudadana desde Bélgica, mientras que la expresidente de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira,lo preside en Ecuador.
Estas son las 18 alianzas electorales validadas por el CNE después del cierre el registro
El viernes 17 de julio, el TCE suspendió de manera provisional por nueve meses al movimiento Amigo, tras la admisión a trámite de una denuncia que presentó el fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
El 20 de julio, el Consejo Nacional Electoral anunció que acata la suspensión del movimiento Amigo ordenada por el TCE.
Por su parte, el asambleísta Blasco Luna, de Revolción Ciudadana (RC), aseguró que la suspensión provisional del movimiento Amigo, lista 16, pone en riesgo la estrategia que se diseñó con el fin de que militantes del correísmo, como el alcalde de Quito Pabel Muñoz, participen en las elecciones seccionales del 29 de noviembre.
Luna también advirtió sobre un eventual proceso contra el Partido Socialista, una de las organizaciones con las que mantiene acuerdos electorales.
El legislador sostuvo que, pese a la suspensión de Amigo que dispuso el TCE, la organización progresista continúa en la búsqueda de mecanismos para registrar a sus candidatos. “Se puede esperar todo para evitar una competición justa. Por eso se ha conversado con organizaciones como el Partido Socialista, que en varias provincias nos ha permitido registrar candidaturas por el acuerdo o alianza que impulsamos”, manifestó.
El correísmo dice que sus candidatos a las alcaldías de Guayaquil y Esmeraldas serán ‘en consenso’ con Aquiles Alvarez y Vicko Villacís
Luna agregó que RC acudirá a instancias internacionales. “Vamos a exigir a los entes internacionales para que miren al país y lo que pasa”.
Por su lado, Verónica Silva, excandidata presidencial, confirmó que presentó su renuncia a la precandidatura a la Prefectura de Pichincha por el Partido Socialista para permitir la conformación de alianzas. En una entrevista para el programa A Primera Hora, Silva declinó referirse a un posible pacto con el correísmo.
Fundado en 1926, el Partido Socialista Ecuatorian es una organización política de tendencia marxista. La entidad que se conoce en la actualidad es el resultado de la fusión que tuvo lugar en 1995 con el Frente Amplio de Izquierda (FADI), brazo electoral del Partido Comunista del Ecuador. Fuente: Primicias
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