De manera oficial se ha confirmado que la funcionaria Fanny Medina ha presentado su renuncia al cargo de Directora Provincial del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en la provincia de Zamora Chinchipe, tras aproximadamente cinco meses en funciones. La dimisión, realizada días previos a la Semana Santa, fue aceptada el lunes 6 de abril.

Según lo informado, la funcionaria culmina sus actividades este martes 7 de abril de 2026 con la audiencia pública de rendición de cuentas prevista para las 14:30, espacio en el cual expondrá los principales resultados de su gestión y formalizará su salida del cargo, constituyéndose en su última intervención oficial.

Este anuncio ha generado atención en el ámbito institucional y social, particularmente por producirse en el marco de un proceso de rendición de cuentas, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer de manera detallada las causas que motivaron su renuncia.

En el contexto de esta transición administrativa, el funcionario de carrera Ángel Cañar ha asumido la Dirección Provincial del MIES en calidad de encargado, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y la ejecución de los programas y servicios institucionales en la provincia.

Este cambio en la titularidad de la entidad se desarrolla en un escenario que aún genera incertidumbre en la ciudadanía, debido a la ausencia de información oficial sobre los motivos de la dimisión. No obstante, se prevé que en los próximos días las autoridades competentes emitan un pronunciamiento que permita esclarecer las circunstancias de este relevo institucional.

Según se conoce extraoficialmente. La Dirección Provincial de Salud de Zamora Chinchipe enfrenta un nuevo episodio de inestabilidad administrativa tras la renuncia irrevocable de la Dra. Fernanda Rentería, quien permaneció apenas unos días en funciones. Con esta dimisión, se convierte en la segunda autoridad en abandonar el cargo en menos de una semana.

Este hecho se produce luego de la salida de la Dra. Karla Jiménez Coronel, su antecesora, quien también dejó el puesto de manera anticipada, evidenciando una preocupante rotación en una de las áreas más sensibles para la atención ciudadana.

La sucesión de designaciones de corta duración pone en evidencia la fragilidad en la conducción institucional del sector salud en la provincia, generando incertidumbre tanto en el personal como en la población usuaria del sistema.

Frente a este escenario, surge la necesidad de que las autoridades competentes brinden explicaciones claras y oportunas sobre la situación administrativa de la Dirección Provincial de Salud, a fin de garantizar estabilidad, continuidad en la gestión y una adecuada prestación de los servicios de salud.

El asambleísta Héctor Valladares presentó este lunes 6 de abril, una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de corrupción en la Agencia de Regulación y Control Minero, específicamente en su dirección provincial en Zamora Chinchipe.

Según informó el legislador, la acción legal se fundamenta en hechos que se hicieron públicos el pasado 24 de marzo de 2026, cuando diversos medios locales difundieron un audio en el que, presuntamente, funcionarios de la entidad habrían solicitado pagos irregulares a mineros que operan con permisos legales. De acuerdo con la denuncia, se habría exigido un monto de 250 dólares semanales por cada maquinaria para permitir la continuidad de sus actividades extractivas.

El asambleísta indicó que, tras anunciar la presentación de la denuncia, recibió información adicional de carácter reservado que apunta a la posible existencia de una estructura organizada de corrupción al interior de la institución. Entre los datos proporcionados, se menciona que el acceso al cargo de director provincial de ARCOM en Zamora Chinchipe tendría un costo aproximado de 250.000 dólares, lo cual, de confirmarse, evidenciaría la participación de actores de alto nivel en una presunta red delictiva.

Asimismo, se detalló que las supuestas exigencias económicas no se limitarían únicamente a maquinaria pesada, sino que también incluirían otros equipos como volquetas, con pagos mensuales estimados en 500 dólares. Estas prácticas, según la denuncia, se habrían mantenido de manera sistemática durante un periodo prolongado.

El legislador manifestó su preocupación ante posibles intentos de obstaculizar la investigación, señalando que, tras la difusión del audio, personas presuntamente involucradas habrían contactado a los denunciantes para solicitar cambios de dispositivos móviles ante eventuales operativos, lo que podría evidenciar la existencia de mecanismos de encubrimiento.

En este contexto, Valladares solicitó a la Fiscalía la ejecución de diligencias investigativas exhaustivas, incluyendo allanamientos y recolección de evidencias, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Subrayó la necesidad de que el proceso se lleve a cabo con imparcialidad, rigor técnico y transparencia institucional.

De acuerdo con estimaciones expuestas por el asambleísta, los presuntos cobros ilegales podrían generar ingresos ilícitos superiores al millón de dólares mensuales en la provincia, afectando directamente al sector minero formal y a la economía local.

La Fiscalía General del Estado habría iniciado de oficio las investigaciones correspondientes, a las cuales el asambleísta indicó que dará seguimiento en su calidad de fiscalizador, con el fin de evitar el archivo prematuro del caso y garantizar resultados efectivos en la lucha contra la corrupción.

Finalmente, Valladares señaló que este caso podría no ser aislado, ya que su despacho también ha iniciado indagaciones preliminares sobre presuntas irregularidades en la gestión del Fondo Común amazónico, donde se investigaría la existencia de prácticas similares relacionadas con la aprobación de proyectos.

El legislador reiteró su compromiso de continuar impulsando acciones de control político y denuncias formales ante los organismos competentes, con el propósito de combatir estructuras de corrupción que, según afirmó, afectan gravemente al manejo de los recursos públicos y al desarrollo del país.