En una entrevista concedida al periodista lojano José Daniel, el concejal del cantón Loja, Santiago Erráez, se pronunció respecto al reciente pedido de formulación de cargos solicitado por la Fiscalía Provincial de Loja en contra de la exalcaldesa Patricia Picoíta, el exprocurador síndico del Municipio de Loja y el exdirector de Obras Públicas. Esta acción judicial se deriva de un proceso de fiscalización impulsado hace dos años por el propio concejal Erráez y el exalcalde Daniel Delgado, en el marco de una denuncia por presunto peculado.
El concejal expresó que la solicitud de formulación de cargos representa “un avance importante en la búsqueda de justicia”, tras las investigaciones iniciadas por un presunto manejo irregular de recursos públicos en los últimos días de la administración anterior.
“Han pasado dos años desde que presentamos esta fiscalización. Es alentador ver que hoy se den resultados. El último día de la gestión de la exalcaldesa se transfirieron aproximadamente tres millones y medio de dólares a una empresa privada, fondos pertenecientes a los ciudadanos lojanos”, señaló.
Según Erráez, dicho pago habría correspondido a un contrato complementario presuntamente alterado, donde incluso se habrían modificado cláusulas contractuales sin seguir el debido proceso. Indicó que la maniobra habría sido promovida por el entonces procurador síndico y que otras personas, al negarse a firmar el traspaso de fondos, fueron removidas de sus cargos.
El edil enfatizó que esta denuncia fue presentada antes del inicio de la actual administración municipal, junto al concejal Ignacio Arcadio, con el objetivo de advertir sobre posibles irregularidades en los pagos. “Algunos colegas mencionaron haber presentado la denuncia, pero la verdad es que este proceso ya estaba en marcha desde antes, con el propósito de proteger los intereses del Municipio”, aclaró.
Asimismo, Erráez resaltó la importancia del trabajo de fiscalización como un deber ético y legal de los concejales, recordando que este no es el único caso en el que se han evidenciado posibles irregularidades. “La justicia nos ha dado la razón en otros procesos, como el de las motobombas y el de las parroquias. Seguiremos cumpliendo nuestro rol de vigilancia y control”, afirmó.
Finalmente, el concejal reiteró su compromiso de dar seguimiento al caso junto con su equipo asesor jurídico, esperando que la justicia determine responsabilidades y, de ser el caso, se ordene la restitución de los recursos municipales.
“Lo único que pedimos es que la justicia actúe con transparencia. Nuestra labor es fiscalizar cualquier administración, sin distinciones”, concluyó.
