Por: José Benavidez. Estudiante de derecho

La expansión incontrolada de la minería no autorizada en la provincia de Zamora Chinchipe constituye uno de los dilemas socioambientales y dogmáticos más críticos para el Estado ecuatoriano. Ante la evidente insuficiencia del modelo punitivo tradicional del Código Orgánico Integral Penal (COIP) cuyo enfoque retributivo no logra revertir el colapso ecológico ni tutelar de forma efectiva los derechos del ecosistema, la dogmática penal contemporánea exige una reorientación hacia paradigmas complementarios orientados a la reparación integral y la sostenibilidad.

Contexto socio ambiental en Zamora Chinchipe

Zamora Chinchipe alberga importantes cuencas hidrográficas como los ríos Zamora, Bombuscaro, Nangaritza y Yacuambi, y ecosistemas de alta biodiversidad. Sin embargo, la proliferación de minería no regularizada en sectores como Yantzaza, El Pangui y la cuenca del Nangaritza ha derivado en:

1.- Degradación sistémica del suelo: Destrucción de la capa vegetal, deforestación masiva y alteración del cauce de los ríos por el uso de maquinaria pesada

2.- Contaminación por metales pesados: Vertimiento irrestricto de mercurio y cianuro, afectando la calidad del agua y la fauna acuática.

3.- Impacto comunitario y social: Desplazamiento de economías tradicionales, conflictividad social e intromisión en territorios de comunidades indígenas y locales.

El modelo punitivo actual y sus limitaciones

El ordenamiento jurídico ecuatoriano tipifica los delitos contra los recursos naturales y la minería ilegal en el COIP. No obstante, la vía penal ordinaria presenta serias limitaciones operativas frente a los daños ambientales de Zamora Chinchipe:

1.- Insuficiencia de la pena privativa de libertad: La prisión del infractor de último eslabón no logra la remediación del ecosistema ni la compensación a las comunidades afectadas.

2.- Incapacidad de remediación técnica: Las sentencias penales tradicionales priorizan la sanción retributiva, dejando en segundo plano los planes de manejo ambiental y la restauración ecológica a largo plazo.

3.- Saturación del sistema de justicia: La persecución penal individualizada no desarticula las redes financieras detrás del extractivismo ilegal ni ofrece respuestas oportunas a las zonas impactadas.

3. Marco conceptual de la justicia restaurativa ambiental

A diferencia de la justicia retributiva centrada en el castigo estatal al infractor, la justicia restaurativa en materia ambiental redefine el concepto de «víctima», incluyendo tanto a las comunidades locales como a la propia naturaleza o Pachamama, reconocida como sujeto de derechos en el artículo 71 de la Constitución del Ecuador.

En lugar de contraponer la sanción a la reparación mediante un esquema tabular, la tutela penal ambiental contemporánea exige integrar ambos enfoques: mientras la justicia retributiva tradicional focaliza su mecanismo en el juicio penal adversarial para sancionar al infractor con la privación de libertad y tutelar el cumplimiento abstracto de la norma estatal, la justicia restaurativa ambiental desplaza el centro de gravedad procesal hacia la Naturaleza y las comunidades afectadas como sujetos protegidos, priorizando acuerdos reparatorios y planes de remediación técnica cuyos resultados concretos trascienden el mero cumplimiento de una condena, garantizando la reforestación, la descontaminación y la efectiva restauración de los ecosistemas impactados.

Viabilidad de aplicación en Zamora Chinchipe

Para que la justicia restaurativa sea aplicable en casos de minería ilegal en Zamora Chinchipe, la doctrina y la praxis penal exigen diferenciar la tipología de los actores involucrados:

Minera artesanal / de pequeña escala no regularizada: Mecanismo: Acuerdos de mediación penal ambiental u homologación de planes de reparación.

Acciones: Obligación técnica de reforestación de riberas, descontaminación de pasivos ambientales, sustitución gradual de tecnologías, eliminación del mercurio y trabajo comunitario de restauración.

Minería a gran escala no autorizada:

Mecanismo: Vía penal estrictamente retributiva, con decomiso de bienes y activos para financiar fondos públicos de reparación ambiental en la provincia. Consideraciones finales y propuestas de reforma La aplicación rigurosa de la justicia restaurativa en Zamora Chinchipe no implica impunidad ante la minería ilegal ni una concesión de lenidad hacia el infractor; por el contrario, representa una reorientación estratégica y pragmática de la tutela judicial efectiva. El castigo punitivo tradicional y el encarcelamiento no sanan las cuencas hidrográficas contaminadas ni devuelven la cobertura vegetal destruida; por ello, el sistema procesal debe trascender la fijación dogmática con la pena y enfocarse en una retribución directa, tangible y obligatoria hacia la sociedad y la Naturaleza.

Para materializar este cambio de paradigma, se requiere una articulación técnica e interdisciplinaria entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), la fiscalía general del Estado, la judicatura y las comunidades locales afectadas. Convertir la remediación ecológica, el trabajo comunitario especializado y la restitución del tejido social en la máxima prioridad del proceso penal es el único camino jurídicamente viable para frenar el colapso ambiental en la Amazonía sur.

Con un acto de fe y devoción, la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Subzona Zamora Chinchipe N.º 19, desarrolló una ceremonia religiosa en conmemoración de los 96 años de la Coronación de la Santísima Virgen de El Cisne y los 25 años de su proclamación como Patrona de la Institución Policial.

La celebración reunió a autoridades civiles, servidores policiales y representantes de la comunidad zamorana, quienes participaron en un espacio de oración y reflexión orientado a fortalecer los vínculos entre la institución policial y la ciudadanía.

Durante el acto litúrgico, los asistentes elevaron sus oraciones por la protección de los servidores policiales y sus familias, encomendando a la Virgen de El Cisne la labor que diariamente desarrollan los uniformados en cumplimiento de sus funciones de seguridad ciudadana y protección de la población.

La devoción a la Virgen de El Cisne constituye además una expresión de profunda tradición religiosa en la provincia de Loja y en diferentes sectores del país. La Coronación de la imagen se realizó en 1930, acontecimiento que marcó un momento trascendental en la historia de esta advocación mariana.

La Policía Nacional ha mantenido históricamente actos religiosos vinculados con la Virgen de El Cisne, a quien reconoce como patrona de la institución y a cuya protección encomienda simbólicamente la misión de sus servidores.

En este contexto, la Subzona Zamora Chinchipe N.º 19 reafirmó su compromiso de continuar desarrollando su labor con vocación de servicio, honor, disciplina y responsabilidad, valores asociados al cumplimiento de su misión institucional de atender la seguridad ciudadana y el orden público.

La ceremonia concluyó con un mensaje de unidad y fe, destacando la importancia de fortalecer la relación entre la Policía Nacional y la comunidad, mientras los servidores policiales continúan cumpliendo sus funciones al servicio de la sociedad.

¡Viva la Santísima Virgen de El Cisne, Patrona de la Policía Nacional del Ecuador!

Las familias Vera Amay, Quezada Ochoa, Granda Tuza, Panchi Rodríguez y Ortiz Tacuri manifestaron públicamente su decisión de mantener las acciones de búsqueda de sus familiares desaparecidos tras el aluvión ocurrido el 4 de julio de 2026.

Cinco familias que aún mantienen a sus seres queridos en condición de desaparecidos luego del aluvión registrado el 4 de julio de 2026 hicieron pública su decisión de continuar con las labores y acciones orientadas a su localización, pese al prolongado periodo transcurrido y a las dificultades enfrentadas durante estos meses.

Mediante un comunicado dirigido a las autoridades, medios de comunicación y opinión pública, las familias señalaron que comprenden y respetan la decisión adoptada por la familia Tiwi-Kuji, que recientemente comunicó la suspensión definitiva de la búsqueda de su familiar. Sin embargo, precisaron que su situación y determinación son diferentes.

Una decisión sustentada en la esperanza

Las cinco familias sostienen que mantendrán sus esfuerzos mientras exista alguna posibilidad de localizar a sus seres queridos.

En el documento, enfatizan que cada persona desaparecida representa una historia familiar y una vida cuya ausencia continúa generando dolor e incertidumbre. Por ello, manifiestan su voluntad de seguir buscando hasta obtener respuestas y, eventualmente, brindar a sus familiares una sepultura digna.

La posición expresada por las familias evidencia además la dimensión humana y social que ha adquirido esta emergencia, caracterizada por un prolongado proceso de incertidumbre para quienes todavía esperan noticias de sus seres queridos.

Unidad y continuidad de las acciones

Las familias señalaron que permanecerán unidas y firmes en su propósito, y que continuarán desarrollando las acciones que estén dentro de sus posibilidades, además de gestionar los medios necesarios para mantener la búsqueda.

En este contexto, realizaron también un llamado a las instituciones, autoridades, equipos de rescate, voluntarios y ciudadanía que los han acompañado durante este proceso, expresando su reconocimiento por el respaldo recibido.

El comunicado destaca que su intención no es generar confrontaciones ni establecer culpables, sino obtener respuestas y localizar a sus familiares desaparecidos.

“No nos rendiremos hasta encontrarlos”

La declaración concluye con un mensaje que sintetiza la posición de las cinco familias: “Mientras exista una posibilidad, por pequeña que sea, seguiremos teniendo esperanza y luchando por ellos.”

Las familias Vera Amay, Quezada Ochoa, Granda Tuza, Panchi Rodríguez y Ortiz Tacuri suscribieron el comunicado el 9 de septiembre de 2026, reafirmando públicamente su decisión de continuar con la búsqueda de sus seres queridos.

Su mensaje plantea una demanda esencial: mantener viva la búsqueda, preservar la dignidad de las personas desaparecidas y garantizar respuestas para las familias que aún permanecen a la espera.