Por: Alonzo Cueva Rojas

La reanudación de la sesión del organismo electoral para eliminar a un partido político evidencia una preocupante sumisión y la estructuración artificial de mayorías.

La reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de reanudar una sesión suspendida con el único fin de cancelar al Partido Unidad Popular representa un preocupante punto de quiebre para la institucionalidad democrática del Ecuador.

Este hecho, lejos de responder a un criterio técnico o legal, devela una maniobra de sumisión política y persecución orquestada bajo la dirección de la presidenta del organismo, Diana Atamaint. La acción vulnera gravemente el procedimiento legal y constituye una abierta manipulación del quórum.

Desde un enfoque estrictamente jurídico, el primer gran atropello es la ruptura del principio de unidad de acto. Según las normas que rigen a los órganos colegiados, resulta ilegal retomar una sesión previamente suspendida sustituyendo a los miembros titulares originales por suplentes. Incluso si los titulares contaban con licencias, esta modificación rompe la consecutividad obligatoria de los debates. No se puede iniciar un debate con unos actores y votar la resolución con otros que no presenciaron la discusión original.

El segundo vicio radica en la formación de una evidente «mayoría móvil» o artificial. El manejo de las licencias de los consejeros principales fue estratégico: se forzó el ingreso de suplentes seleccionados con el fin exclusivo de romper el empate previo de dos votos a favor y dos en contra.

Este uso selectivo de los reemplazos para asegurar los sufragios necesarios contra Unidad Popular no es otra cosa que un fraude a la ley y un flagrante abuso de poder. Se cambiaron las reglas y los jugadores a mitad del partido para alcanzar un resultado político preconcebido.

Frente a este escenario de prevaricación administrativa, la respuesta jurídica debe ser inmediata y contundente a través de una impugnación formal ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En esta instancia será imperativo demostrar que los votos emitidos por los suplentes carecen por completo de legitimidad constitucional. Defender este caso ya no se trata solo de proteger las siglas de un partido, sino de salvaguardar la integridad de un sistema democrático que no puede operar bajo mayorías hechas a la medida.

En una entrevista concedida a Radio Amazonas 92.1 FM de Yantzaza, el precandidato a la Alcaldía del cantón Zamora, Alcibar Lupercio, expuso una propuesta política basada en la planificación integral, la recuperación de los servicios básicos y zonas de recreación y la necesidad urgente de devolverle rumbo, dignidad y visión de futuro al cantón Zamora.

Durante el espacio radial, Lupercio habló con firmeza sobre la realidad que vive actualmente la provincia y cuestionó el abandono histórico de las necesidades básicas de la población.

Uno de los puntos más críticos abordados fue el deterioro de la Troncal Amazónica. “No podemos seguir aceptando el abandono vial mientras Zamora aporta millones de dólares al país a través de la minería y otros sectores productivos. Las carreteras destruidas afectan la economía, la movilidad y ponen en riesgo la vida de las familias zamoranas”, manifestó. Sabemos que la competencia directa sobre la Troncal Amazónica no corresponde al Municipio; sin embargo, sostuvo que las autoridades locales sí tienen la obligación moral y política de exigir con firmeza obras y atención para la provincia. No podemos seguir callados mientras otras provincias avanzan y nosotros seguimos esperando soluciones”, enfatizó.

El cantón Zamora enfrenta problemas estructurales derivados de años de improvisación, falta de planificación y ausencia de una visión técnica de desarrollo. Indicó que mientras cantones como Yantzaza y El Pangui han logrado mayor crecimiento en infraestructura, en lo económico y dinamismo productivo, Zamora continúa rezagada pese a ser la capital de provincia. Esa realidad evidencia la necesidad urgente de construir un verdadero Plan Integral de Desarrollo Cantonal, orientado a resolver problemas históricos relacionados con agua potable, alcantarillado, vialidad urbana, ordenamiento territorial, turismo, salud pública y fortalecimiento de servicios básicos.

“El cantón Zamora necesita planificación seria, responsable y humana. No podemos seguir administrando el presente sin pensar en el futuro. Hoy tenemos problemas graves de agua potable, alcantarillado colapsado y barrios que siguen esperando atención básica”, expresó.

En ese contexto, Lupercio planteó la necesidad de impulsar obras estratégicas como una vía la reconstrucción de la vía antigua, para descongestionar el tránsito pesado dentro de la ciudad, mejorar la conectividad regional y fortalecer la seguridad vial y el turismo.

Otro de los temas abordados fue el enorme potencial turístico y ambiental de Zamora. Lupercio señaló que el cantón posee riquezas naturales únicas; sin embargo, lamentó que hasta ahora no exista una política seria de promoción turística, infraestructura y articulación institucional que permita convertir al cantón en un destino competitivo del sur del país.

Alcíbar Lupercio lanzó un mensaje político contundente, asegurando que su proyecto representa una alternativa nueva frente a los grupos tradicionales que han manejado históricamente la política local y provincial.

“Somos el único precandidato nuevo, independiente y con ideas incluyentes. No nos hemos arrimado al poder político ni económico. Hemos tomado una decisión valiente: salir junto al pueblo y construir propuestas desde la ciudadanía”. “Los mismos de siempre quieren seguir rotándose entre el Municipio y la Prefectura. Son los mismos grupos de oligopolio de la política local durante años y hoy Zamora sigue enfrentando retraso, abandono y falta de oportunidades”, indicó.

“Vamos a enfrentar con valentía, con ideas y con dignidad a las grandes estructuras económicas y políticas tradicionales. Zamora necesita dejar atrás la política construida desde el escritorio y avanzar hacia un modelo de desarrollo serio, técnico y construido junto al pueblo”, concluyó.

El asambleísta por Zamora Chinchipe, Héctor Valladarez, realizó una evaluación de su primer año de gestión legislativa correspondiente al periodo 2025–2029, abordando temas relacionados con la situación política nacional, la fiscalización de recursos amazónicos, presuntos actos de corrupción y problemáticas vinculadas a la minería y el transporte pesado en la provincia.

Durante la entrevista en Diario El Amazónico, Valladarez recordó que el pasado 14 de mayo se cumplió un año desde el inicio del actual periodo legislativo y aseguró que la dinámica de la Asamblea Nacional cambió radicalmente tras la conformación de la nueva mayoría parlamentaria.

El legislador criticó el funcionamiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL), señalando que el oficialismo habría incorporado a exintegrantes de la bancada de la Revolución Ciudadana que posteriormente se declararon independientes. Según indicó, esta situación habría alterado la representación política dentro del Parlamento.

“Estamos frente a un régimen que no respeta ni la ética, ni la moral, ni la Constitución. Han cooptado la Asamblea Nacional y bloqueado la fiscalización”, sostuvo.

Valladarez afirmó que actualmente existen restricciones para la participación de legisladores de oposición en el pleno, denunciando limitaciones en el uso de la palabra y un control político ejercido desde la mayoría legislativa.

En el ámbito de fiscalización, el asambleísta aseguró que uno de los principales temas investigados durante este periodo corresponde al manejo de los recursos amazónicos. Explicó que, tras analizar los ingresos generados por la actividad minera y energética en la región, se detectaron presuntas inconsistencias en la distribución de recursos contemplados en la Ley Amazónica.

De acuerdo con sus declaraciones, los ingresos provenientes de regalías mineras, hidroeléctricas y utilidades relacionadas con proyectos extractivos habrían superado los 360 millones de dólares anuales, cifra que, según indicó, podría alcanzar los 400 millones si se incluyen otros rubros energéticos.

El legislador sostuvo que, pese a esos montos, la Amazonía únicamente habría recibido cerca de 100 millones de dólares, situación que motivó nuevas acciones de fiscalización y solicitudes de exámenes especiales ante la Contraloría General del Estado.

En ese contexto, informó que se solicitó una revisión patrimonial a exautoridades y actuales representantes del Consejo Amazónico y de la Secretaría Técnica Amazónica, con el objetivo de transparentar el manejo de dichos recursos.

Asimismo, Valladarez indicó que también impulsó denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), señalando supuestos cobros ilegales que afectarían a mineros artesanales y pequeños productores de la provincia.
El asambleísta manifestó que la denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía General del Estado y espera que el proceso investigativo determine responsabilidades dentro de una presunta red de corrupción vinculada al sector minero.

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el caso Progen, relacionado con contratos energéticos suscritos durante la crisis eléctrica de 2024. Valladarez cuestionó el pago anticipado de aproximadamente 110 millones de dólares para proyectos que, según afirmó, hasta la fecha no habrían generado energía para el país.

Además, expresó preocupación por el acuerdo comercial firmado entre Ecuador y Estados Unidos, señalando posibles afectaciones al sector agrícola nacional debido al ingreso de productos subsidiados provenientes del mercado estadounidense.

En materia provincial, el legislador informó que inició procesos de fiscalización relacionados con contratos de transporte pesado vinculados a la empresa minera ECSA, tras recibir denuncias de transportistas locales sobre retrasos en pagos, presuntas amenazas y afectaciones económicas.

Según indicó, transportistas habrían denunciado que empresas subcontratistas de origen extranjero estarían desplazando a operadores locales mediante la importación de maquinaria pesada usada.

“No podemos permitir que se lleven la riqueza de la provincia mientras nuestros emprendedores y trabajadores son perjudicados”, expresó.
Valladarez insistió en que la provincia de Zamora Chinchipe genera importantes ingresos económicos para el país gracias a la minería, señalando que para 2026 se proyecta una facturación cercana a los 4.500 millones de dólares por concepto de producción minera.

El legislador sostuvo que una adecuada redistribución de esos recursos permitiría financiar obras estratégicas para la provincia, entre ellas el nuevo hospital, la universidad amazónica y el avance del cuarto eje vial.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar impulsando procesos de fiscalización y defensa de los intereses de Zamora Chinchipe y la región amazónica. “Seguiremos trabajando con valentía y sin claudicar en la defensa de las causas del pueblo”, concluyó.