Nacionales
Caso Triple A: Juez niega prisión preventiva para Aquiles Alvarez, quien debe usar grillete electrónico
Luego de varios diferimientos, finalmente, la audiencia de vinculación por el caso Triple A se instaló la mañana del 9 de abril de 2025, en el Complejo Judicial del Norte de Quito. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, rechazó que la Fiscalía pidiera orden de prisión preventiva en su contra por esta causa.
«El fiscal ha pedido prisión preventiva sin argumento alguno, sin elementos de convicción. Está grabado y en su momento el país conocerá y verá el mamotreto que se ha armado (…). Veremos que resuelve el juez. Pero aquí estoy, no he huido ni huiré», dijo Alvarez en X.
Alvarez dijo que el proceso es una persecución política destinada a desviar la atención del video difundido un día antes por la exesposa del asesinado excandidato presidencial, Fernando Villavicencio, Verónica Sarauz, que contiene graves acusaciones contra la fiscal Diana Salazar.
El alcalde sostiene que el caso en su contra es un montaje y asegura que enfrentará la situación con firmeza. Critica duramente al Gobierno, al que acusa de actuar con motivaciones políticas.
En esta causa por presunta comercialización ilegal de combustibles, donde ya hay cinco personas y cinco empresas procesadas, el fiscal Carlos Alarcón pidió la vinculación de 10 personas más, entre las que resalta el nombre de Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil.
En la nueva lista de las 10 personas que serán procesadas, además del alcalde Alvarez, hay cuatro contadores. Cuando el caso empezó, ya habían sido sindicadas otras tres personas con esta profesión. Presuntamente, trabajaban para las empresas involucradas y conocían de las supuestas irregularidades.
La Fiscalía argumenta que ha rastreado que Copedesa, una de las empresas relacionadas con el alcalde Alvarez, vendió combustible a varias gasolineras, supuestamente, de manera irregular.
Durante la audiencia de vinculación, el fiscal Alarcón deberá exponer los inidicios, recopilados en relación Alvarez y los demás nuevos procesadas. Además, podrá solicitar medidas cautelares, entre las que se encuentra la prisión preventiva. El juez Renán Andrade resolverá.
10/04/2025
06:09
Juez niega prisión preventiva
La audiencia se extendió hasta la madrugada del 10 de abril. El juez de a causa negó el pedido de prisión preventiva para Aquiles Alvarez y los otros procesados, quienes deberán cumplir medidas sustitutivas: uso del dispositivo electrónico (grillete), prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la justicia.
09/04/2025
12:03
Las irregularidades detectadas por Fiscalía
Durante una hora y 30 minutos, el fiscal Carlos Alarcón expuso decenas de indicios relacionados con Aquiles Alvarez para sustentar su procesamiento como autor del delito de comercialización ilegal de combustibles.
Según la información expuesta por el agente, como accionista y representante de empresas como Copedesa, Ternape y Flonape, Alvarez tramitó los permisos ante Petroecuador para comercializar combustibles a los sectores automotriz, industrial y naviero.
Estas autorizaciones, explicó el fiscal Alarcón, se basaron en informes de José Franco, quién, en esos momentos, era coordinador técnico de control hidrocarburífero de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos. Pero, que además es accionista de FuelCorp, una de las empresas procesadas en el caso Triple A; trabajó bajo relación de dependencia en Copedesa, y fue gerente de la Agencia de Tránsito de Guayaquil (ATM), durante la administración de Álvarez en el Municipio.
Franco debía ser procesado inicialmente el caso Triple A. Sin embargo, fue candidatizado a la Asamblea Nacional por Centro Democrático, lo que lo revistió con inmunidad hasta el fin del proceso electoral.
Según la tesis de la Fiscalía, una vez firmados los contratos con Petroecuador, Copedesa, con la firma de Aquiles Alvarez, firmó convenios de afiliación con distribuidoras en zonas fronterizas como Estación Zambrano, en Zamora Chinchipe; Estación Espíndola, en Loja; y Estación Araújo, en El Oro. Copedesa tenía la obligación de vigilar que estás estaciones no desvíen el combustible.
Sin embargo, la Fiscalía tiene indicios de que estas gasolineras distribuyeron ilegalmente los combustibles recibidos de Petroecuador, a través del convenio con Copedesa.
Por ejemplo, en el caso de la Estación Zambrano, la Fiscalía determinó que la gasolinera recibió diésel premium subsidiado por encima de su capacidad de almacenamiento, que es de 10.000 galones. El Ministerio Público contabiliza 2,7 millones de galones que no pueden justificarse.
La Estación Espíndola, en cambio, tiene como sus principales clientes al Consorcio Building Amalusa y José Rivera. Les facturó más de 411.000 de galones de diésel y más de 5.000 galones de gasolinas. El problema es que las recargas de los dos tipos de combustible se hicieron a un mismo vehículo, lo cual es imposible, dijo el fiscal del caso.
Sobre la Estación Araújo, Alarcón explicó que que recibió más de 900.000 galones de diésel premium subsidiado y sus principales clientes fueron Oro Estiva y GasoMar. En el primer caso, Araújo tenía prohibición legal para vender combustible al sector industrial. Y, en el segundo caso, también está prohibido distribuir combustibles a otras estaciones.
09/04/2025
10:00
Fiscal pide la vinculación de 11 personas
La audiencia se reinstaló y el fiscal Alarcón pidió la vinculación de 11 personas y una empresa a la instrucción fiscal, en este caso por el presunto delito de distribución y comercialización ilegal de combustible.
09/04/2025
09:23
Suspensión de la audiencia por 30 minutos
Tras instalar la audiencia, el juez suspendió de inmediato la diligencia por 30 minutos para que Aquiles Álvarez y Juan Carlos Arias, investigados cuyos abogados no asistieron, se puedan reunir con los defensores públicos asignados. La diligencia se retomará a las 09:50
09/04/2025
09:22
Multa al abogado de Alvarez
Luego de escuchar estos argumentos, el juez Renán Andrade multó al abogado de Aquiles Álvarez con dos salarios básicos unificados y pidió que lo investiguen para determinar una posible suspensión. Sin embargo, declaró instalada la audiencia de vinculación y Álvarez será defendido por un abogado de oficio.
09/04/2025
09:21
Aquiles Alvarez se presentó sin abogado
Antes de la instalación de la audiencia, Aquiles Álvarez, quien no llegó al Complejo Judicial y se conectó vía telemática, pidió la palabra y explicó que su abogado, Diego Córdoba, no está presente y que justificó previamente su inasistencia. Pero, el juez Andrade negó los pedidos de diferimiento.
«No autorizo a ningún defensor público a qué me represente. O es que usted (Juez) pretende ponerme de carne de cañón antes de las elecciones. Ni siquiera abre YouTube o es que no quiere dejar que el país vea que me deja en indefensión», dijo el Alcalde de Guayaquil.
Ante esta situación, el juez Andrade cedió la palabra a Iván Montero, abogado de la Defensoría Pública, quien manifestó que está listo para asumir la defensa de cualquiera de los procesados, ya que ha acudido a todas las audiencias previas y ha revisado el expediente. Fuente: Primicias
Nacionales
Fiscalía investiga un caso con indicios de responsabilidad penal en un GAD de Zamora Chinchipe
Fiscalía reporta 60 informes con indicios de responsabilidad penal en GAD; Asamblea pide transparentar las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado informó ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que actualmente investiga 60 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) relacionados con diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) del país, en procesos que incluyen presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio estatal.
Durante su comparecencia, el coordinador general de Asesoría Jurídica de la Fiscalía General del Estado, Alberto Carrión, detalló la distribución provincial de los informes. Según explicó, Guayas concentra el mayor número con 19 casos, seguido de Santo Domingo de los Tsáchilas con 8, Tungurahua con 6, Cotopaxi y Morona Santiago con 4 cada una, Pastaza con 3, Azuay, Chimborazo y Pichincha con 2 casos cada una; mientras que Cañar, Imbabura, Loja, Manabí, Napo, Orellana, Sucumbíos y Zamora Chinchipe registran un informe cada una.
Carrión precisó que los principales delitos investigados corresponden a peculado, que representa la mayor parte de los casos, además de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, falsificación de firmas y falsificación de instrumentos públicos.
El funcionario señaló que estos informes llegan a la Fiscalía para el desarrollo de las investigaciones penales correspondientes y aclaró que la institución maneja la información oficial relacionada con los IRP que han sido remitidos por los organismos competentes. Asimismo, indicó que desconoce las cifras que actualmente maneja la Contraloría General del Estado respecto a estos procesos, por lo que insistió en que la información proporcionada por la Fiscalía corresponde exclusivamente a los expedientes que constan en esa institución.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, manifestó que durante una comparecencia anterior la Contraloría General del Estado presentó una cifra superior de indicios de responsabilidad penal, situación que, a su criterio, evidencia la necesidad de contrastar la información entre ambas instituciones.
La legisladora señaló que los indicios de responsabilidad penal son un asunto de alta relevancia porque reflejan la posible existencia de perjuicios económicos para el Estado y, por tanto, requieren ser investigados por las autoridades competentes. No obstante, aclaró que la existencia de un IRP no implica automáticamente una sentencia condenatoria, sino el inicio de un proceso de investigación que deberá desarrollarse conforme al debido proceso y a la legislación vigente.
Farinango enfatizó que el objetivo de la fiscalización legislativa no está dirigido contra personas o instituciones específicas, sino a garantizar la correcta utilización de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión estatal. En ese contexto, sostuvo que corresponde a la Asamblea Nacional verificar que las investigaciones avancen de manera oportuna y que la ciudadanía tenga acceso a información clara sobre el seguimiento de estos casos.
La comparecencia se desarrolló en el marco del trabajo de fiscalización que realiza la Comisión de Régimen Económico, con el propósito de conocer el estado de las investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en la administración de recursos públicos por parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país.
Nacionales
UNE defiende acción de inconstitucionalidad contra acuerdo que dispone trabajo docente los sábados
El dirigente nacional de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Julio Peña, ratificó que el gremio mantiene su acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo Ministerial 0045-A, al considerar que la disposición que obliga a los docentes a cumplir actividades los días sábados vulnera derechos constitucionales y laborales del magisterio ecuatoriano.
Durante una entrevista, Peña explicó que la demanda fue presentada luego de la movilización nacional realizada el pasado 13 de julio y posteriormente admitida a trámite por la Corte Constitucional, instancia que convocó a una audiencia pública para escuchar los argumentos tanto de la UNE como del Ministerio de Educación.
El dirigente sostuvo que la normativa contraviene la jornada laboral establecida en la Constitución y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que determina una jornada de 40 horas semanales, distribuidas en ocho horas diarias de lunes a viernes. A su criterio, la medida también afecta el derecho al descanso, la convivencia familiar y el desarrollo académico de los docentes, quienes utilizan los fines de semana para estudios de posgrado, capacitación y otras actividades personales.
Peña afirmó que el acuerdo ministerial fue expedido sin estudios técnicos ni sustento jurídico suficiente y señaló que vulnera principios constitucionales como la legalidad y la progresividad de los derechos. Asimismo, cuestionó que el Gobierno argumente que la reforma busca fortalecer el sistema educativo, asegurando que aún existen miles de instituciones educativas con problemas de infraestructura y que no se ha ejecutado el presupuesto equivalente al 6 % del Producto Interno Bruto destinado al sector educativo, contemplado en la normativa vigente.
Respecto al proceso judicial, el dirigente manifestó que la UNE acudió a la Corte Constitucional luego de que, según indicó, las reuniones sostenidas con autoridades del Ministerio de Educación y otras entidades no produjeran acuerdos efectivos. Añadió que el gremio propuso alternativas para cumplir las horas complementarias dentro de la jornada ordinaria de lunes a viernes, planteamientos que, asegura, no fueron acogidos por el Ejecutivo.
Peña también cuestionó que, durante la audiencia constitucional, el Ministerio modificara la justificación inicial del acuerdo, señalando que ahora busca recuperar jornadas perdidas por suspensiones de clases, argumento que, según la UNE, evidencia inconsistencias en la motivación de la normativa. En ese contexto, expresó su confianza en que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del acuerdo por considerar que afecta derechos previamente reconocidos al magisterio.
Finalmente, el representante de la UNE indicó que, independientemente del resultado del proceso, la organización continuará impulsando acciones legales, propuestas de diálogo y movilizaciones para defender los derechos laborales y educativos que considera afectados. Además, hizo un llamado a la unidad de docentes, estudiantes, padres de familia y ciudadanía, señalando que la defensa de la educación pública requiere la participación de toda la sociedad.
Nacionales
Daniel Noboa presenta la Agenda de Crecimiento 2040: así es el plan para impulsar inversión, empleo y economía
El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó este martes 21 de julio la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040, una estrategia que, según el Ejecutivo, busca dar una dirección clara al país para impulsar un crecimiento económico sostenido, generar empleo y atraer inversiones.
Cuatro pilares estratégicos hacia el 2040
La ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, explicó que la Agenda de Crecimiento 2040 establece una visión de largo plazo, sustentada en cuatro pilares estratégicos que orientan las acciones del Estado y del sector privado para impulsar la transformación productiva del país:
- La institucionalidad y seguridad jurídica;
- La estabilidad fiscal;
- La competitividad e inversión productiva;
- Y el fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera.
Moya explicó que esta agenda 2040 contará con una gobernanza permanente, sus avances serán medibles, sus prioridades se actualizarán cuando sea necesaria y “la ciudadanía conocerá qué acciones se ejecutan y qué resultados se generan”.
“El Grupo BID pone todos sus instrumentos al servicio de Ecuador, combinando financiamiento y recursos no reembolsables, conocimiento, inversiones en los sectores público y privado y reformas en el corto, medio y largo plazo”, enfatizó.
En ese contexto, Noboa mencionó: “Gobernar no es pensar únicamente en mañana. Es tomar decisiones que cambien el Ecuador de los próximos años. Ese ha sido nuestro compromiso desde el primer día y por eso hoy ya estamos demostrando que sí existe un camino para salir adelante”.
Al finalizar su intervención, el Presidente reiteró: “Este instrumento lo construimos sumando esfuerzos con el sector privado, con nuestras universidades, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y con organismos internacionales que hoy vuelven a confiar en Ecuador y que demuestran que cuando nos unimos por una misma causa, el país avanza”. Fuente: Vistazo
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