El presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, Paul Pineda, respondió a las declaraciones emitidas por la gobernadora Ivonne Margaret Panchi, respecto a la reciente Asamblea Provincial realizada en la parroquia Panguintza, cantón Centinela del Cóndor.
Pineda enfatizó que la convocatoria a la asamblea fue abierta y pública, dirigida a autoridades locales, alcaldes, dirigentes sociales y ciudadanía en general, con el propósito de recoger las principales necesidades de la provincia en ámbitos como salud, vialidad, educación y atención a las afectaciones del invierno.
El dirigente minero cuestionó la posición de la gobernadora, quien argumentó que la invitación le fue entregada con poca anticipación. Al respecto, Pineda aclaró que la convocatoria se difundió con quince días de anticipación y que los anuncios fueron públicos, lo que a su criterio evidencia una falta de voluntad política de parte de las autoridades provinciales para escuchar directamente a la población.
Asimismo, recordó que la asamblea inicialmente estaba prevista en el coliseo de Zumbi, pero que por disposición de última hora se suspendió ese espacio. Finalmente, gracias a la colaboración del Seguro Campesino y de colectivos ciudadanos de Zumbi, el encuentro se llevó a cabo en la parroquia Panguintza.
Pineda también señaló que, en lugar de atender la convocatoria, se intentó deslegitimar la asamblea, calificándola de política o sectorial. Sin embargo, recalcó que el evento contó con una amplia participación ciudadana y que se desarrolló con el objetivo de construir propuestas para el bienestar de la provincia.
En relación con las resoluciones adoptadas en la asamblea, el presidente de la Cámara cuestionó que estas aún no hayan sido trasladadas al Ejecutivo, permaneciendo en manos de la Gobernación. “Si las resoluciones siguen retenidas en la provincia, se refleja una falta de compromiso real con Zamora Chinchipe y con la solución de sus problemas”, manifestó.
Finalmente, Pineda hizo un llamado a las autoridades para que actúen con mayor responsabilidad y eficiencia en la gestión pública, priorizando el desarrollo de la provincia y el cumplimiento de las demandas ciudadanas expresadas en espacios legítimos de participación como la Asamblea Provincial.
