El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le propuso a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, un «acuerdo humanitario» para repatriar a migrantes venezolanos expulsados desde Estados Unidos y detenidos en una cárcel de máxima seguridad del país centroamericano, acusados de pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, a cambio de la liberación de «presos políticos».

«Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100% de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene», publicó Bukele en un mensaje en X.

El mandatario salvadoreño comenzó su mensaje dirigiéndose a Maduro y diciéndole que «usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad».

Bukele añadió que «a diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos» y aseguró que “todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos”.

«A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito. La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales», señaló el presidente centroamericano.

Bukele indicó que entre los «presos políticos» en Venezuela está «Rafael Tudares, yerno de Edmundo González; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel; la señora Corina Parisca de Machado, madre de María Corina Machado, a quien amedrentan a diario y le sabotean el acceso a servicios básicos como la luz y el agua; así como los cuatro dirigentes políticos asilados en la embajada de Argentina y otros venezolanos presos políticos».

El mandatario salvadoreño agregó que en el canje, «se incluirían los casi 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades: estadounidense, alemana, dominicana, argentina, boliviana, israelí, chilena, colombiana, ecuatoriana, española, francesa, guyanesa, neerlandesa, iraní, italiana, libanesa, mexicana, peruana, puertorriqueña, ucraniana, uruguaya, portuguesa y checa».

Bukele dijo que la Cancillería salvadoreña «enviará la correspondencia formal» y finalizó diciendo que «Dios bendiga al pueblo de Venezuela».

El Gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad sobre la que recaen denuncias de abusos a los derechos humanos.

En total, Estados Unidos ha enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la cárcel Cecot, acusándolos de pertenecer al Tren de Aragua.

Sin embargo, según un análisis publicado la semana pasada por el portal Bloomberg, un 90% de los más de 200 hombres que Washington tiene encarcelados en El Salvador no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.

La respuesta de Venezuela
La propuesta de Bukele no fue del agrado del gobierno de Venezuela. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, la calificó de «cínica».

A juicio de Saab, la propuesta «demuestra que estos ciudadanos están secuestrados a disposición unilateral de un sujeto al margen de la ley que, pública y comunicacionalmente, le expresa al planeta que él, de forma tiránica, decide quién puede gozar o no de vida y libertad en El Salvador».

«El tratamiento que están recibiendo los venezolanos en Estados Unidos y El Salvador constituye una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos y constituye un crimen de lesa humanidad que imita las repugnantes prácticas nazis de mitad del siglo XX», expresó.

Por este motivo, anunció el envío de comunicaciones tanto a la Fiscalía General como a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreñas en las que solicita información sobre «qué delitos han cometido estos ciudadanos» en el país centroamericano, en «qué momento se les presentó ante un juez, si han tenido acceso a un abogado y si se les ha permitido comunicarse con alguien desde el momento de su detención». Fuente: Primicias