Los presuntos incrementos patrimoniales reportados por alcaldes y prefectos del país, considerados injustificados, serán sometidos a investigación en el Legislativo.
La resolución faculta a la comisión para solicitar información, informes técnicos y documentación, así como convocar a comparecencias de autoridades, servidores públicos, representantes de organismos de control, especialistas y demás personas que puedan aportar al esclarecimiento de los hechos investigados. En un plazo máximo de 90 días, la mesa legislativa deberá presentar al Pleno un informe con conclusiones, observaciones y recomendaciones derivadas de este proceso de control político.
Asimismo, el legislador señaló que la información difundida por la Contraloría General del Estado y diversas investigaciones periodísticas ha puesto en evidencia variaciones patrimoniales que merecen ser examinadas con rigurosidad y responsabilidad institucional. En ese contexto, sostuvo que el Legislativo debe ejercer plenamente sus facultades de control para asegurar la rendición de cuentas de quienes administran recursos públicos.
Durante el debate, varios legisladores solicitaron la colaboración de entidades como la Contraloría General del Estado, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Fiscalía General del Estado y el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Investigación periodística sobre patrimonios de alcaldes y prefectos
La decisión de la Asamblea Nacional de iniciar un proceso de fiscalización surge tras la publicación de la serie periodística ‘Alcaldes y prefectos bajo la lupa’, que ha presentado Spondylus Info Lab gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center, en alianza con Fundamedios y con la participación de Vistazo, junto a 36 medios de comunicación del país.
Entre los hallazgos constan autoridades que, en apenas un año de gestión, reportaron la adquisición de varios lotes de terrenos y viviendas, vehículos de alta gama, ganado e incluso maquinaria pesada.
La revisión de los registros públicos de 225 alcaldes (222 titulares y tres subrogantes) y 23 prefectos provinciales —Galápagos no cuenta con esta figura administrativa— permitió identificar 79 casos de saltos patrimoniales inusuales reflejados en las declaraciones juramentadas entregadas a la Contraloría General del Estado. Fuente: Vistazo
