En una nueva edición del programa «La Tertulia Jurídica», transmitido por Diario El Amazónico, se llevó a cabo un profundo análisis sobre el procedimiento penal en casos de flagrancia y la aplicación de la prisión preventiva. El espacio contó con la participación del Dr. Rafael Alberto Pérez, juez de flagrancia de la ciudad de Quito, quien compartió sus conocimientos con rigor académico y vocación pedagógica.
Durante el programa, el Dr. Pérez abordó los fundamentos del proceso penal en situaciones de flagrancia, detallando los requisitos que establece el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Enfatizó que para considerar una detención como flagrante, debe cumplirse al menos uno de los tres criterios definidos legalmente: la comisión del delito en presencia de una o más personas, la aprehensión inmediata con objetos o evidencias relacionadas al delito, o la persecución ininterrumpida de hasta 48 horas.
El jurista explicó que el proceso inicia con la aprehensión de una persona por parte de cualquier ciudadano o autoridad que presencie un delito o contravención. Posteriormente, el aprehendido debe ser entregado a la Policía Nacional, encargada de levantar el parte informativo, conservar las evidencias, garantizar la cadena de custodia y poner al detenido a disposición de la Fiscalía.
Uno de los aspectos centrales analizados fue la responsabilidad del agente policial en la recolección de evidencias y en la protección de los derechos del detenido. El Dr. Pérez recalcó que la detención debe estar acompañada de la lectura clara y sencilla de los derechos establecidos en la Constitución, incluyendo el derecho a conocer el motivo de la detención, a permanecer en silencio, a comunicarse con un familiar, y a contar con asistencia legal.
El juez también abordó los errores frecuentes que pueden conducir a la nulidad del proceso, como la manipulación indebida de evidencias o la violación de la cadena de custodia, destacando que estas irregularidades podrían derivar en impunidad. A modo de ejemplo, analizó casos vinculados al porte de armas y delitos de tráfico de drogas, donde subrayó la importancia de valorar adecuadamente los elementos de convicción y la jurisprudencia vigente, como la sentencia 717-CN-19 de la Corte Constitucional, que exige más que la mera tenencia de sustancias sujetas a fiscalización para configurar un delito.
Respecto a la prisión preventiva, el Dr. Pérez señaló que esta medida cautelar debe aplicarse con estricta sujeción a los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Sólo procede cuando se justifique su utilidad para garantizar la presencia del procesado, evitar la fuga o impedir la obstrucción de la investigación penal. Recalcó que la prisión preventiva no debe convertirse en una pena anticipada ni vulnerar la presunción de inocencia.
Finalmente, los abogados Jamil Avila y Franco Tamay reafirmaron su compromiso con la educación jurídica ciudadana, brindando información precisa y accesible para el ejercicio consciente de los derechos y deberes constitucionales. La participación del Dr. Pérez el debate público sobre garantías procesales, destacando la necesidad de fortalecer una cultura de respeto al debido proceso y a la dignidad humana en el sistema de justicia penal ecuatoriano.
