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Alcaldes y prefectos bajo la lupa: los millonarios patrimonios de los políticos en Ecuador

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Un análisis detallado de los patrimonios de alcaldes y prefectos del país revela que un tercio de las autoridades subnacionales registró saltos inusuales en sus declaraciones patrimoniales que constan en la Contraloría General del Estado y son públicas.

Incrementos patrimoniales millonarios, aumentos importantes en términos de porcentajes, montos con variaciones inexplicables y autoridades que continúan al frente de sus empresas son algunos de los trazos más destacables de quienes gobiernan provincias y ciudades

Autoridades que en apenas un año compraron varios lotes de terreno y casas, vehículos de alta gama, ganado y hasta equipo caminero conforman el detalle de estos incrementos a lo largo del mapa de los alcaldes y prefectos del país que ya cumplieron tres años de gestión en mayo pasado.

También por indicios de corrupción investigados por la Fiscalía. Tres alcaldes están en prisión procesados por peculado, delincuencia organizada o lavado de activos, ellos presiden los cantones de Pujilí, Esmeraldas y Guayaquil. Por el momento los reemplazan alcaldes subrogantes. Otro, el de Riobamba, sigue en funciones, en espera de su audiencia de juicio.

Además, una prefecta renunció antes de culminar su periodo, la de Guayas.

Una mirada en detalle a los registros públicos de estas autoridades —en total 225 alcaldes (222 más tres subrogantes) y 23 prefectos (Galápagos no lo tiene)— encontró 79 casos de saltos patrimoniales inusuales, registrados en sus declaraciones juradas realizadas ante la Contraloría General del Estado.

De las 248 autoridades analizadas, 68 tienen acciones o participaciones en compañías activas, según los registros de la Superintendencia de Compañías. Además, 29 de los 248 son administradores de empresas, combinando su función pública con su actividad privada.

Alrededor de la mitad de los alcaldes y prefectos del país ha estado inmerso en procesos judiciales, muchos de ellos archivados. Tres alcaldes están detenidos y un cuarto tiene un auto de llamamiento de juicio.

Spondylyus Info Lab presenta esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa, elaborada gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios, y en la que participó Vistazo. Treinta y siete medios de comunicación se han unido para difundir esta información. En la nota metodológica se explican las fuentes utilizadas y el procedimiento.

Millonarios saltos

El caso más llamativo es el del alcalde de Esmeraldas, el empresario y abogado Vicko Villacís Tenorio, que llegó a ese cargo por Unión por la Revolución Ciudadana. En 2023, cuando hizo su primera declaración patrimonial jurada tasó su fortuna en USD 1.442.301. Al año siguiente, el alcalde fijó su patrimonio en USD 4.314.426, es decir un incremento de casi el triple. Para 2025, declaró un valor un poco menor: USD 4.209.579, de los cuales más de USD 2 millones correspondían a maquinaria y equipo y USD 713.543 en cuentas bancarias. Es accionista de dos empresas activas y en una de ellas es también administrador.

El lunes primero de junio, esta alianza periodística pidió su versión al alcalde a través de un correo electrónico, pero al día siguiente la Fiscalía lideró un operativo y lo arrestó el miércoles. Es investigado por presunto lavado de activos. La semana pasada la concejala Laura Yagual Salazar asumió como alcaldesa subrogante.

$!Vicko Villacís registra un patrimonio de 4.209.579 hasta el 2025.

Otros dos alcaldes que cumplen su primer periodo presentan variaciones patrimoniales importantes, ambos son de Manabí. El de Rocafuerte, Norberto Vélez Bazurto (Rocafuerte Nueva Visión), declaró USD 3.408.400 al inicio de su gestión y al año siguiente indicó USD 3.740.900, lo que representa un aumento de USD 332.500 en un año. En 2025, en cambio, el empresario mantuvo ese valor sin variaciones.

El doctor Vélez señaló vía telefónica que el incremento en su patrimonio se debe a que el terreno de su propiedad donde funciona el Hospital de Sanación Energía y Vida que dirige se ha revalorizado por ampliaciones realizadas. Al momento la clínica cuenta con 20 camas y trata varias especialidades con medicina oriental y occidental, tiene un centro para la tercera edad, destacó. Además de ese negocio, Vélez vende productos farmacéuticos y posee una radio.

$!Norberto Vélez Bazurto cuenta con un patrimonio de USD 3.740.900.

A su vez, Ledy Laura Muñoz (Alianza por la Unidad Bolivarense), de Bolívar (Calceta), se posesionó con un patrimonio de USD 1.592.838, que aumentó a USD 1.867.080 en 2024 (USD 274.242 de incremento) y al año siguiente retrocedió a USD 1.708.006. Muñoz no tiene relación con compañías.

Junto con estos tres alcaldes millonarios, está el de Naranjito, el médico Cristian Suárez Peñafiel (PSC), cuyo patrimonio fue cero dólares en 2023, pero siguió en constante aumento: USD 454.775 en 2024 y USD 637.076 en 2025. Posee tres casas, una en Santa Elena, y cuatro vehículos valorados en USD 120.000.

En ocasiones, estos saltos patrimoniales no se dan en el primer año de gestión, sino en el segundo. Es el caso del alcalde Naranjal y de la prefecta de Cotopaxi.

Juan Carlos Rivera, comerciante de 46 años que llegó a la alcaldía por CREO, no aumentó significativamente su patrimonio entre 2023 y 2024, cuando declaró USD 1.179.321. En cambio, al año siguiente registró USD 1.871.650 (un incremento de USD 692.328); entre sus bienes incluyó 27 propiedades, entre casas, solares, fincas y terrenos. Lourdes Tibán (Pachakutik), en cambio, pasó de un patrimonio de USD 677.729 en 2024 a USD 940.656 en 2025 (un aumento de USD 262.927,21). Sus activos se concentran en inversiones por USD 495.373 y un total de 21 bienes inmuebles. Ni Rivera ni Tibán tienen acciones en compañías.

A su vez, existen otras autoridades que ya van por su segundo periodo y que también registran cambios importantes de patrimonio. Son los prefectos de El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos.

El ingeniero civil y abogado Clemente Bravo Riofrío (56 años) ganó la prefectura en 2019 y tiene su propio partido político SUR. Comenzó con un patrimonio de USD 490.691 que se situó en un pico de USD 5.768.451 en 2023 y después retrocedió a USD 1.312.049 según su última declaración de 2025. Camaronero, acumula más de dos décadas en cargos públicos, primero como alcalde de Santa Rosa por 18 años.

La prefecta de Santo Domingo, Johana Núñez García, registra cambios grandes. En 2019 declaró un patrimonio de USD 1.267.150, que al año siguiente se duplicó con creces llegando a USD 3.091.856 y en 2021 subió a USD 4.970.058. Sin embargo, cuando asumió su segundo periodo su patrimonio había disminuido a USD 2.524.657 y en 2025 declaró casi lo mismo. Llegó por la alianza Somos Todos (RC- Construir). Entre sus bienes detalló una casa y un terreno en Santo Domingo, un departamento y un galpón en Guayas, y un vehículo valorado en USD 100.000. Entre 2021 y 2025 mantuvo un RUC asociado a ventas por televisión y servicios de comunicación visual, pero no ha tenido acciones en compañías.

El tercer prefecto es Jhonny Terán Salcedo (PSC), de Los Ríos, que a diferencia de sus colegas mantiene un crecimiento sostenido desde 2019. Al inicio de su gestión declaró 1.067.896 y en 2025 USD 2.993.323 (un incremento de USD 1.925.427). Empresario de 65 años, Terán posee acciones en cuatro compañías, dos agrícolas (arroz y banano), una fábrica de puertas y ventanas, y una gasolinera.

En el otro extremo hay quienes perdieron patrimonio al culminar su primer año de gestión. Así, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez (RETO-RC), tuvo un retroceso en su patrimonio de USD 1,8 millones. Al inicio de su gestión, Álvarez declaró USD 7.730.592, al año siguiente USD 5.870.330 y en 2025 sí lo aumentó a USD 7.431.403. Álvarez fue llamado a juicio en el caso Triple A, junto con 15 personas y seis empresas por presunta comercialización ilegal de combustible a través de comercializadoras y gasolineras, y tiene una instrucción fiscal, caso Goleada, por el presunto delito de lavado de activos.

Según informes de la UAFE, Álvarez habría adquirido USD 6,2 millones en bienes en Santa Elena y departamentos en Samborondón, que no constan en sus declaraciones patrimoniales. Tampoco un Mercedes Benz G 500 del año 2023 valorado en USD 325.000, a pesar de que está a su nombre. Como subrogante, al frente del cantón Guayaquil, ejerce su coidearia Tatiana Coronel.

$!Aquiles Álvarez registró un patrimonio de USD 7.431.403.

El alcalde de Echeandía, Carlos Viscarra Vega, en cambio, perdió USD 1,3 millones en el primer año de gestión y no se ha recuperado. Al iniciar su periodo indicó que su patrimonio llegaba a USD 4.233.254, en 2024 lo tasó en USD 2.863.504 y en 2025 declaró USD 2.607.715.

Spondylus Info Lab trató de obtener la versión de estas autoridades sin resultados.

¿Qué hay detrás de las cifras?

La Contraloría pone a disposición de los funcionarios públicos formularios para que detallen sus activos y deudas, la diferencia es el patrimonio que deben declarar antes de asumir sus cargos. Además, existe la obligación de presentar declaraciones periódicas, generalmente cada dos años. Estos archivos son registros públicos.

Los saltos abruptos podrían darse por varias razones, explica el politólogo Pablo Medina, de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). La más benigna es un error de tipeo al momento de llenar el formulario, pero también podría suceder que inicialmente subvaloraron bienes por lo que se corrigió el error y otras hipótesis podrían ser porque recibió una herencia o porque posee acciones en compañías rentables.

En efecto, en esta investigación algunos alcaldes respondieron al pedido de contrastación de esta alianza periodística señalando que se trataba de un error de digitación, que se había corregido al siguiente año, por lo que su patrimonio había disminuido considerablemente.

Sin embargo, advirtió Medina, la declaración patrimonial de los funcionarios públicos es un factor importante para fiscalizar a quienes nos gobiernan y, en todo el mundo, se la toma como un índice contra la corrupción.

Un alcalde que solo vive de su sueldo de funcionario público difícilmente podría triplicar su patrimonio, las matemáticas son las matemáticas”, anotó.

La Contraloría debería tener un sistema informático de alerta temprana, para detectar si hay un movimiento inusual, algo así como lo que sucede en el sistema financiero; luego hacer la contrastación con las declaraciones anteriores para determinar las razones, señaló el abogado Mario Herrera. Resaltó que ahora que el formulario es digital es mucho más fácil poder extraer la información y hacer comparaciones entre una declaración y otra. Cuando se registre una situación anómala, las alertas deberían saltar enseguida, acotó.

¿Quién controla a los que nos gobiernan?

Quien le debe pedir cuentas al alcalde es el Concejo Cantonal y al prefecto, el Consejo Provincial. Estos son los órganos legislativos del territorio, respondió Medina. El politólogo advierte que, a diferencia del presidente de la República, que tiene a su cargo la política pública nacional, en el caso de los cantones, es el concejo cantonal, el cuerpo colegiado, y no el alcalde.

Por eso, señaló, el alcalde se convierte en una especie de primer ministro del concejo. Lo mismo sucede con el prefecto, cuya competencia atañe las áreas rurales del país. Sus jueces políticos no son los asambleístas. Sin embargo, más allá de la organización institucional, los principales fiscalizadores son los ciudadanos. Fuente: Vistazo

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Fiscalía procesa a 10 personas por presunta red de intimidación y extorsión desde un call center en Quito

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La Fiscalía General del Estado procesa a diez personas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita con fines de intimidación y extorsión, tras un operativo ejecutado el 21 de agosto en el norte de Quito.

Los procesados serán sometidos a procedimiento directo. La audiencia de juicio está prevista para el 14 de septiembre de 2026, a las 13:30, mientras que el plazo de investigación fiscal fue establecido en 20 días.

¿Cómo habría operado el esquema de cobranza?

Según la investigación expuesta durante la audiencia, los procesados habrían cumplido diferentes funciones dentro de una estructura dedicada a la cobranza de préstamos. Entre ellas estarían tareas de liderazgo, auditoría, contabilidad y operación telefónica.

La Fiscalía señaló que 26 empleados de un centro de llamadas identificaron a los ahora procesados como quienes presuntamente dirigían las actividades de cobro mediante actos de intimidación.

De acuerdo con la entidad, un ciudadano de nacionalidad china, identificado como Yang X., habría sido quien presuntamente dirigía la estructura investigada. Según la hipótesis fiscal, esta persona habría asignado diferentes funciones dentro del grupo.

Los operadores, según los testimonios recogidos por Fiscalía, recibían bases de datos y debían efectuar alrededor de 120 llamadas diarias. Cuando no cumplían con las metas establecidas, supuestamente recibían sanciones económicas que afectaban sus salarios.

La empresa intervenida, Latameris Support SAS, habría ofrecido préstamos a usuarios de México, Colombia, Perú y Chile mediante aplicaciones digitales. Para solicitar los créditos, los usuarios debían proporcionar una fotografía del rostro y datos personales.

Cuando se producían retrasos en los pagos, las llamadas de cobranza presuntamente se intensificaban. De acuerdo con la Fiscalía, algunos usuarios habrían sido amenazados con la difusión de sus fotografías en redes sociales, incluso mediante imágenes manipuladas con herramientas de inteligencia artificial.

Información adicional sobre las aplicaciones y los datos de los usuarios

Según recoge Primicias, las versiones entregadas por trabajadores a ese medio señalan que en el esquema se habrían utilizado varias aplicaciones de préstamos digitales ágiles. Entre ellas constan:

  • Pop Préstamo
  • Comopréstamo
  • Dinero Tree
  • Cash Cash
  • Infinite
  • Victoriacash
  • Mexcash
  • Superbilletera
  • Okeycredito
  • Reydelefectivo
  • Dinero Trip
  • Cash Rapides

Durante el registro algunas de estas aplicaciones solicitaban, además de una fotografía del usuario, información relacionada con sus redes sociales y permisos que podían permitir el acceso a la agenda de contactos del teléfono.

La información obtenida habría sido utilizada posteriormente para las acciones de cobranza, como contactar a personas de la agenda de los deudores cuando estos no cumplían con los pagos.

Operativo dejó computadoras y celulares como evidencia

$!Edificio donde se realizó operativo contra red de extorsión en Quito.

Los diez procesados fueron detenidos durante el operativo realizado en el inmueble donde funcionaba Latameris Support SAS.

Como parte del procedimiento, las autoridades incautaron 172 computadoras y 66 teléfonos celulares, elementos que fueron registrados como evidencia dentro de la investigación.

La Fiscalía también presentó declaraciones de los agentes que participaron en las detenciones, un informe pericial de la inspección técnica realizada en el lugar y documentos encontrados en la oficina de Yang X. E. Entre estos últimos habría capturas de pantalla de conversaciones relacionadas con presuntas acciones extorsivas.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

El juez de Garantías Penales dispuso la prisión preventiva de los diez procesados, luego de que la Fiscalía solicitara esta medida durante la audiencia de formulación de cargos.

El caso será tramitado mediante procedimiento directo, por lo que la audiencia de juicio se realizará el 14 de septiembre de 2026, a las 13:30.

El delito de asociación ilícita está contemplado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Los delitos de intimidación y extorsión están previstos en los artículos 154 y 185, respectivamente. Fuente: Vistazo

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Esta es la lista de embarcaciones vinculadas al narcotráfico en Ecuador señaladas por EE.UU.: esto dijo Reimberg

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El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió este viernes 21 de agosto al reciente listado de barcos pesqueros con base en Ecuador señaladas por Estados Unidos por su presunta vinculación con operaciones de narcotráfico en aguas internacionales.

El pronunciamiento se conoció después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionara a 15 personas y entidades con base en Ecuador e identificara como bienes bloqueados a 10 pesqueros.

Según el Gobierno estadounidense, estas naves eran utilizadas para brindar apoyo logístico a embarcaciones rápidas que transportaban cocaína desde Sudamérica hacia México, con destino final a Estados Unidos.

Reimberg sobre bombardeos de EE.UU. a barcos

Reimberg explicó que se trata de lanchas tipo go-fast utilizadas para transportar la droga hasta México, desde donde posteriormente es trasladada hacia Estados Unidos.

En ese contexto, el ministro dijo que se busca afectar las economías, infraestructura y empresas utilizadas por las organizaciones delictivas.

Sobre los bombardeos de EE.UU. contra barcos, Reimberg reiteró que se trata de naves utilizadas para transportar droga y que salen desde distintos puntos previamente identificados por las autoridades.

“Hoy sí tienen miedo de que se arriesguen a salir en estas embarcaciones y de repente del cielo aparezca algo que les caiga encima y hasta aquí llegaron”, afirmó.

Reimberg aseguró que el mensaje del Gobierno es “sumamente claro”: combatir las economías criminales y a los grupos de delincuencia organizada, para lo cual, dijo, se utilizarán “todos los métodos necesarios” para atacarlos.

La red de narcotráfico identificada por EE.UU. en Manta.

Según el Departamento del Tesoro, una flota pesquera ubicada cerca de Manta transfería cocaína a pequeñas lanchas rápidas.

Estas lanchas rápidas navegaban hacia el norte por el Pacífico Oriental, en dirección a México. Durante el trayecto, las naves pesqueras proporcionaban servicios de abastecimiento y apoyo para facilitar el recorrido.

La cocaína posteriormente era introducida a través de México por organizaciones como el Cartel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según la información estadounidense.

El Departamento del Tesoro también señaló que integrantes de la red sancionada están vinculados con Los Choneros Los Lobos, organizaciones criminales ecuatorianas que mantienen conexiones con grupos criminales mexicanos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a seis empresas pesqueras familiares y una de transporte de materiales de construcción:

  • Arcasdenoe,
  • Alho Fish,
  • JAH-HMH,
  • Negocios Jimar,
  • Proyectos Neyzoa
  • Soisamar
  • Global Industrial.

Entre los principales señalados por EE.UU. están:

  • Alfonso Mero Mero y sus hijos Roberth y Edwar Mero Arcentales
  • Julio Javier Mero Franco,
  • Milton Edixon Martínez Mendoza,
  • Jhonny Francisco Vera Laz,
  • Byron Aldino Mero Bermello y
  • Jimmy Leonidas Alarcón Holguín.

La red también estaría vinculada con 10 embarcaciones pesqueras ecuatorianas:

  • Todos Vuelven,
  • Arca De Noe III,
  • Arca De Noe III Jr,
  • Arca De Noe IV,
  • Arca De Noe V,
  • Conquista,
  • Siempre Mi Arca,
  • Rey De Arca,
  • Costa Marlin y
  • Solo Es Mejor.
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Daniel Noboa llega a Chengdú: estas son las oportunidades de negocio que Ecuador busca impulsar en China

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El presidente de la República, Daniel Noboa, llegó a Chengdú, China, junto con la primera dama, Lavinia Valbonesi, para continuar su agenda oficial en el marco de su gira por Asia.

El mandatario fue recibido con honores oficiales en esta ciudad, donde mantuvo reuniones con autoridades de Sichuan para impulsar nuevas oportunidades comerciales para Ecuador.

Según informó la Presidencia, Noboa se reunió con Wang Xiaohui y Shi Xiaolin, líderes de Sichuan, con el objetivo de fortalecer la relación con una región que representa un mercado de alrededor de 380 millones de personas.

«Desde Chengdú, Ecuador abre puertas al mundo para que nuestros productos lleguen más lejos», resaltó el Ejecutivo.

Durante el encuentro, el Gobierno ecuatoriano destacó las oportunidades de negocio para varios de los principales productos de exportación del país. Entre ellos están el banano, camarón, cacao y café.

Además, las conversaciones incluyeron posibilidades de cooperación en energías limpias y tecnología, así como la atracción de inversiones para fortalecer la producción nacional y generar empleo.

Noboa ya se reunió con Xi Jinping

La agenda oficial arrancó en la República Popular China con un encuentro con su homólogo, Xi Jinping, en el que abordaron temas orientados a fortalecer y ampliar la cooperación bilateral en energía y comercio.

Durante el encuentro, Noboa expresó su interés en incrementar las exportaciones ecuatorianas al mercado chino y atraer mayores inversiones del país asiático.

Por su parte, Xi planteó reforzar la coordinación de las estrategias de desarrollo y desarrollar proyectos conjuntos en energía, minerales, infraestructuras y finanzas.

El mandatario chino también propuso ampliar la cooperación en sectores como la economía digital, el desarrollo verde, las nuevas energías y la inteligencia artificial.

El mandatario ecuatoriano cumple una agenda oficial en China como parte de su gira por Asia, en el marco de la cual desarrolla actividades diplomáticas y reuniones de alto nivel con autoridades del país asiático. Fuente: Vistazo

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