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Juicio político a Lasso: la oposición y el oficialismo creen que los 88 votos no garantizan la destitución

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Este 9 de mayo, la Asamblea decidió llevar a juicio político al presidente Guillermo Lasso. Fueron en total 88 votos los que logró la oposición para avanzar en el trámite.

En teoría, faltan solo cuatro voluntades para tener una mayoría absoluta; sin embargo, todavía quedan algunos días para que se concrete la votación por la censura y destitución del Primer Mandatario, por lo que el panorama podría cambiar.

En el Space del Twitter de Ecuavisa los asambleístas Jorge Pinto (CREO) y Paola Cabezas (UNES) expusieron sus análisis respecto a la situación política que atraviesa el país.

¿Los 88 votos garantizan la destitución de Lasso?

Cabezas es una de las asambleístas que promueven la destitución del Presidente; sin embargo, reconoce que los 88 votos obtenidos no son garantía de que en una próxima votación se logren los 92 que exige la ley para ese propósito.

«Es un borre y va de nuevo» y «no es un partido de fútbol donde te declaras triunfalista antes de la proclamación de los resultados», dice Cabezas al consultarle por qué no ve como una ventaja la votación de ayer.

Sin embargo, también apunta a un supuesto reparto por parte del Gobierno para conseguir los votos, algo que no le permite confiar en que haya los votos.

Desde la orilla del Gobierno, Pinto se mantiene en que hubo ilegalidades en el proceso, al llamar a juicio a un Jefe de Estado sin tener un informe aprobado por la Comisión de Fiscalización.

Bajo su análisis, ya a la hora de decidir si mantener o no al Presidente tendrían únicamente 80 votos para cesarlo.

Pinto cuestiona también que de los cuatro solicitantes del juicio solo quede la legisladora Viviana Veloz.

El juicio político se da en medio de la tensión por las elecciones de nuevas autoridades

El próximo 14 de mayo está previsto que el Parlamento escoja a nuevas autoridades, tal como lo dicta la Constitución, al terminar los primeros dos años de gestión.

En esa línea, las negociaciones políticas también se han encaminado a relacionar ambos temas. Cabezas cree que el juicio político avanzará la próxima semana, es decir, luego de que este domingo ya se defina la nueva estructura.

Pinto dice que desde el BAN buscan un acuerdo con todas las bancadas y trae a colación que UNES haya renunciado al interés que tenían por ocupar la titularidad del Legislativo, diciendo que tiene relación con el avance del juicio.

Cabezas, en cambio, dice que no han pedido nada a cambio de respaldar a Saquicela, por el contrario, que lo hacen por el bien del país; pero enfatiza que no es un «cheque en blanco».

¿Es momento para la muerte cruzada?

«El momento para la muerte cruzada es en cualquier momento», dice Pinto y asegura que los miembros de su bancada la aceptarán y no se aferrarán al puesto.

Cuenta que al interior de la Asamblea se escucha quienes proponen llevar colchones y cobijas para dormir en el Parlamento y así evitar ser sacados.

Cabezas ratifica que el correísmo no le huye a la muerte cruzada, y está convencida de que el Gobierno perdió autoridad democrática. Sin embargo, concluye que es inmoral que Lasso disuelva al Legislativo en medio de un enjuiciamiento en su contra. (I)

Ecuavisa

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Corte Constitucional aprueba que Noboa elimine al CPCCS vía reférendum

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Tras le último fallo de la Corte Constitucional (CC), el presidente Daniel Noboa ya puede emitir el decreto ejecutivo que convoca a un referéndum para consultar a la ciudadanía si está o no de acuerdo con eliminar la facultad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar autoridades y que ésta pase a la Asamblea Nacional.

La CC además, declaró que el mandatario puede continuar con el procedimiento de referéndum conforme a la Constitución y la normativa aplicable. De este modo la pregunta que se le consultará a los ecuatorianos es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?

La CC se pronunció a través de un auto de verificación el pasado 16 de abril, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció y remitió el proyecto de enmienda que envió Noboa al organismo electoral pese a que debía enviarlo a la Corte Constitucional.

Asimismo, la Corte Constitucional recordó al presidente Daniel Noboa y al CNE que sus decisiones deben ser cumplidas en los términos fijados en sus resoluciones, por lo que deberán observar estrictamente las formas y condiciones establecidas en el dictamen.

Según fuentes de Carondelet, se espera que la pregunta de enmienda constitucional pueda ser incluida en una papeleta adicional en las elecciones previstas para el 29 de noviembre de 2026. (I)

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Ministro del Interior, John Reimberg, anuncia que la nueva cárcel estará lista en 15 o 18 meses

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El ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la construcción de una nueva cárcel, con capacidad para 15.120 personas, tardará entre 15 y 18 meses.

La cárcel tendrá más de 100 mil metros cuadrados. Allí habrá pabellones para grupos criminales y zonas para el sistema médico. «Será una cárcel que contará con todo para que no exista la necesidad de que tengan que salir a diversas citas médicas en otros lugares», dijo Reimberg este miércoles 22 de abril de 2026 en Teleamazonas.

Para él, lo más importante es tener el nivel de seguridad necesaria para «incomunicar a estos criminales de sus grupos o estructuras criminales».

«El proyecto carcelario es muy importante. La cárcel del Encuentro ha dado resultados muy positivos. Yo necesito esa cárcel (la nueva) que es para 15 mil personas, que aún así no será suficiente, pero necesito dar ese paso importante»,

Según él, hay que seguir trabajando en el sistema carcelario para romper esa estructura de que alguna cárcel pertenezca a cierto grupo delincuencial.

«La idea es que estén mezclados para debilitar ese poder que anteriores gobiernos les dieron a grupos delincuenciales, al otorgarles cárceles que sean controladas y manejadas», agregó.

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EE.UU. pide la extradición del narco ecuatoriano ‘Pipo’ a la justicia española

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado a la justicia española la extradición del narco ecuatoriano Wilmer Geovanny Chavarría, alias ‘Pipo’para ser juzgado por su presunta implicación en el intento de introducir de forma ilegal en ese país cinco kilos de cocaína.

La petición de extradición, formulada ante el titular de la Plaza 3 del Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional española y a la que ha tenido acceso EFE, se basa en la acusación presentada contra Chavarría el 4 de febrero por un gran jurado del tribunal federal del Distrito Sur de California y sustentada por un informe de un fiscal auxiliar elaborado a partir de las pruebas presentadas por agentes de la agencia estadounidense antidrogas (DEA).

Esta petición se realiza después que ‘Pipo’, líder de ‘Los Lobos’, la banda criminal más poderosa de Ecuador, inculpara el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Zaragoza al actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de la muerte del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

Chavarría, encarcelado en la prisión de Zuera (Zaragoza), hizo esta acusación en una comparecencia en la capital aragonesa a petición de la fiscalía ecuatoriana, en el marco de la petición de extradición formulada por el país andino.

En esta declaración, el detenido afirmó que una persona cercana a John Reimberg, ministro del Interior de su país, le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones de 2025, y señaló que ambos responsables gubernamentales tenían como objetivo «engañar» a las autoridades españoles para que accedieran a extraditarle a Ecuador o a Estados Unidos.

En su escrito de alegaciones, al que también ha tenido acceso EFE, el letrado del narcotraficante ecuatoriano considera «incompleta» la declaración jurada hecha por el agente especial de la DEA que incriminó a ‘Pipo’ al no describir la prueba que sustenta la acusación por asociación delictiva.

Señala a este respecto que la documentación de este agente no contiene información sobre intervenciones telefónicas, declaraciones de testigos, informes de vigilancia o análisis financieros que respalden la acusación por unos hechos que, añade, no se produjeron en ningún momento en territorio estadounidense.

Además, advierte de que el interés de la justicia ecuatoriana en instar la ocultación de las declaraciones hechas en Zaragoza por Chavarría «refuerza la sospecha» de un «interés político» del gobierno del país andino de que sea extraditado a Estados Unidos, ante la resistencia de la justicia española de aceptar la petición de extradición a Ecuador debido a la falta de garantías respecto a la seguridad de los narcos.

Una negativa contra la que cargó recientemente el propio Reimberg, en unas declaraciones en las que lamentó la negativa de las autoridades españoles a conceder tanto la extradición de el ‘Pipo’ como la del ‘Negro Willy’, otro de los narcotraficantes más significados del país.

Resulta imperativo verificar si la solicitud de extradición de los Estados Unidos responde a un genuino interés de la justicia de ese país o si, por el contrario, puede constituir un instrumento de una estrategia coordinada entre las autoridades de este país y las ecuatorianas para eludir las garantías del sistema de extradicion español», advierte el abogado en su escrito de oposición.

Unos días después de la declaración del narco ‘Pipo’ en Zaragoza, el expresidente de Ecuador Rafael Correa exigió la apertura de una investigación contra el actual mandatario Daniel Noboa, incriminado por Chavarría, aunque sin aportar pruebas, por haber ordenado el asesinato del candidato Villavicencio y de traficar con drogas.

Correa, en una entrevista concedida a EFE, admitió entonces que aunque «no se le puede creer a un tipo así», que fingió su muerte en Ecuador y se sometió a numerosas cirugías estéticas para evitar ser atrapado, «por lo menos merece una investigación». EFE

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