En un contexto de creciente afectación ambiental, destrucción de infraestructura vial y desprotección ciudadana, el exasambleísta Salvador Quishpe realizó un pronunciamiento público de alto contenido crítico y reflexivo en el programa Frente a Frente, donde abordó de forma integral las causas estructurales de las recientes emergencias por lluvias e inundaciones en la provincia de Zamora Chinchipe.

Durante la entrevista, Quishpe hizo un llamado urgente a la conciencia ciudadana y al accionar firme de las instituciones frente a una problemática que combina factores naturales con una intervención humana descontrolada, en particular por las prácticas extractivas de la minería y la deforestación en zonas de alto riesgo.

Quishpe inició su intervención reconociendo que los ciudadanos de la provincia están plenamente conscientes de las causas de las afectaciones: “Desde siempre lo dijimos y seguimos diciendo, talar los bosques hasta la orilla de los ríos es un error”. Insistió en que la provincia, rica en recursos hídricos, requiere una gestión ambiental coherente, pues las lluvias intensas propias del clima amazónico agravan los efectos de la deforestación y la minería mal planificada.

En este sentido, criticó duramente la inacción de las autoridades ante la evidente vulnerabilidad de las cuencas hídricas. “Aquí no hay institucionalidad que se haya puesto a ejercer la gestión para prevenir todos estos problemas. Lamentablemente, Zamora Chinchipe es tierra de nadie”, sentenció.

Asimismo, lamentó que funcionarios públicos guarden silencio frente a estos hechos, bajo el argumento de que reciben amenazas. Para Quishpe, ese silencio es inaceptable: “Si están con miedo, renuncien. Que alguien venga con el valor de decir las cosas como son. Nadie está en contra de las actividades productivas, pero no podemos callar frente al daño evidente”.

El exlegislador evidenció con ejemplos concretos cómo la minería, especialmente en sectores como Chamico, ha alterado gravemente el entorno natural, desviando cauces de ríos, removiendo material de forma irresponsable y comprometiendo carreteras y puentes. Recordó que ya en 2021 denunció formalmente ante la Fiscalía la afectación a bienes públicos producto de actividades mineras, pero el caso fue archivado inicialmente, y sólo reabierto en 2024 tras insistencia.

“¿Qué pasa con los bienes públicos? ¿Dónde está la Fiscalía? ¿Dónde está el Ministerio del Ambiente? ¿Dónde está ARCOM?”, cuestionó Quishpe, exigiendo que las autoridades competentes asuman sus responsabilidades legales conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en especial el artículo 450, que faculta a la Fiscalía a iniciar investigaciones de oficio cuando los delitos ambientales son de conocimiento público.

Adicionalmente, denunció casos de amenazas por parte de personas vinculadas a la minería contra moradores que han alzado su voz. “Con lágrimas en sus ojos, una ciudadana relató cómo la amenazaban para desalojarla de su vivienda con el fin de realizar actividades mineras”.

Vialzachin, símbolo de abandono
Otro punto abordado con preocupación fue la situación de la empresa pública Vialzachin, actualmente debilitada económicamente. Según Quishpe, esta herramienta fue creada por la provincia con visión de desarrollo, y hoy se encuentra amenazada de desaparecer. “Nos dicen que necesitan alrededor de un millón de dólares para volver a operar adecuadamente. Hay rumores de quiebra. ¿Qué va a pasar con los trabajadores con diez o doce años de servicio?”, preguntó.
Subrayó que Vialzachin no es un regalo, sino el resultado de decisiones tomadas en asambleas provinciales, y por tanto debe ser defendida. También criticó que los alcaldes —quienes fungen como consejeros provinciales y tienen competencias sobre el uso del suelo— no hayan presentado posturas claras ante el deterioro vial ni frente al crecimiento de la actividad minera.

Doble moral institucional
Quishpe recordó que cuando en protestas ciudadanas se afectó un metro cuadrado de asfalto, se iniciaron procesos penales con celeridad contra los manifestantes, mientras que en los casos de destrucción de tramos enteros de vías por actividades extractivas ilegales, no hay ninguna acción judicial. “Eso es doble moral. Al campesino se lo persigue con rigor, pero a los responsables del desvío de ríos y destrucción de carreteras no se los toca”, denunció.

En un tono constructivo, Quishpe enfatizó la necesidad de diálogo y planificación, señalando que la minería no es intrínsecamente negativa, pero debe realizarse en lugares y condiciones adecuadas. “La minería, como el cuchillo, puede ser útil o letal dependiendo de cómo se use. Si se hace bien, con respeto a la provincia, puede ser una oportunidad, pero no podemos permitir amenazas ni destrucción”, afirmó.

Además, recordó que la Constitución del Ecuador, en su artículo 279, establece la obligación de formular planes de ordenamiento territorial, instrumento que permitiría definir zonas de actividad económica y áreas de protección. “Necesitamos una Asamblea Provincial donde nos pongamos de acuerdo: autoridades, mineros, campesinos, ciudadanos”, propuso.

En otro tema, elevó un llamado directo a la Contraloría General del Estado para que audite la gestión de entidades como la Prefectura, la Fiscalía, el Ministerio del Ambiente y ARCOM, por su falta de acción oportuna ante delitos ambientales y pérdida de bienes públicos. “No basta con hablar bonito. Se necesita resultados. ¿Dónde están los responsables de que se haya perdido un puente nuevo por omisión institucional?”, cuestionó.

Salvador Quishpe cerró su intervención con un llamado al pueblo de Zamora Chinchipe a mantenerse vigilante, a exigir transparencia y a construir un futuro responsable para las nuevas generaciones. “No vengo aquí contra nadie. Pero no podemos seguir aceptando este silencio institucional. La provincia merece respeto. Las decisiones que tomemos hoy marcarán el destino de nuestros hijos y nietos”, concluyó.

Barrios Jorge Mosquera y La Albernia solicitan intervención inmediata de autoridades ante amenaza geológica

En un recorrido realizado este jueves 3 de julio, por periodistas de Diario El Amazónico, se constató una preocupante situación de emergencia geológica en los barrios Jorge Mosquera y La Albernia, ubicados en la parte alta de la ciudad de Zamora. Las fuertes precipitaciones registradas durante la presente temporada invernal han provocado un deslave de gran magnitud que afectó una cancha deportiva, destruyó una parte de la cubierta de la comunidad y representa un riesgo latente para al menos 50 familias asentadas en la zona baja de estos sectores.

Durante el recorrido, moradores y dirigentes comunitarios expresaron su profunda preocupación ante lo que consideran una “bomba de tiempo”. La falta de intervención técnica adecuada para canalizar las aguas lluvias ha generado un proceso erosivo que compromete la estabilidad de taludes y vías de acceso, y pone en peligro a habitantes de la zona y  infraestructura pública de relevancia como el edificio del Gobierno Provincial, la Defensoría del Pueblo, incluso banco Pichincha.

Víctor Guamán exgobernador y morador del sector, alertó:
“Este deslizamiento ya ha generado afectaciones visibles. Si no se ejecutan obras de mitigación, un nuevo deslave podría tener consecuencias fatales para las familias de la parte baja de la ciudad, incluso para entidades estatales. Necesitamos una intervención urgente”.

Por su parte, Jorge Aguilar González, presidente del barrio Jorge Mosquera, convocó a una reunión comunitaria con carácter urgente para ayer jueves a las 19h00 en el sector:  “La canalización de aguas es una prioridad. Hay que evitar que el flujo pluvial siga debilitando el cerro. Si no se actúa hoy, mañana podemos estar lamentando pérdidas humanas”.

Ambos líderes comunales coincidieron en que el derrumbo ha sido acelerado por la acumulación de aguas pluviales desviadas de manera inadecuada y por el mal manejo de drenajes en construcciones cercanas. Adicionalmente, se identificaron fisuras en la ladera, acumulaciones de sedimentos y falta de mantenimiento en sistemas de desfogue de agua.

Walter, vecino del barrio La Albernia, subrayó que su comunidad también enfrenta serias amenazas por la mala canalización de aguas:
“Un día desvían el agua hacia un lado, otro día hacia otro. No se trata de generar conflictos entre barrios, sino de buscar soluciones conjuntas. La propuesta es construir canales de hormigón y definir un drenaje adecuado para proteger a las familias”.

También cuestiona la presencia de nuevas edificaciones en la parte alta, señalando que podrían estar vertiendo aguas residuales o pluviales de manera directa hacia zonas inestables, agravando el problema.

Milton Jiménez, otro residente del sector, indicó que desde hace varios años ha reportado la presencia de grietas profundas, el mal estado de caminos y la falta de mantenimiento en los sistemas de agua: “Esto no es nuevo. Ya en años anteriores advertimos del peligro, pero no se actuó con la urgencia requerida. Ahora vemos que se está repitiendo la historia, pero en condiciones más graves por el invierno”.

Jiménez reiteró que existen antecedentes de derrumbes en la zona, y pidió que el Municipio de Zamora, gestión de Riesgos y la Prefectura Provincial envíen personal técnico para evaluar y dar mantenimiento a las instalaciones, especialmente donde se ubican tuberías de agua potable y cajas de desfogue.

Los moradores de Jorge Mosquera y La Albernia hacen un llamado enfático a las instituciones competentes: Municipio de Zamora, Prefectura de Zamora Chinchipe, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio del Ambiente y a la empresa privada, a actuar de manera inmediata y articulada. La intervención debe contemplar: • Estudios geotécnicos y de estabilidad de taludes. • Construcción de canales de drenaje y muros de contención. • Mantenimiento preventivo de sistemas de desfogue y agua. • Control de construcciones en zonas vulnerables. • Declaratoria de alerta temprana si el riesgo se mantiene.

La ciudadanía organizada reitera que no se puede esperar a que ocurra una tragedia para actuar. La prevención y el compromiso interinstitucional son las herramientas claves para salvaguardar vidas y patrimonio.

En el marco de la declaratoria de emergencia vial, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, realizó un recorrido por la vía Loja–Zamora, donde se identificaron al menos 20 puntos críticos con inestabilidad que requieren intervención prioritaria.

Con maquinaria del MTOP y equipos facilitados por el sector privado, los trabajos avanzan de manera continua con el objetivo de restablecer la conectividad de la provincia, severamente afectada por deslizamientos y socavones producto de las recientes lluvias. “Zamora Chinchipe no está sola. No nos iremos hasta habilitar completamente la vía”, enfatizó el ministro, subrayando el compromiso del Gobierno Nacional con las comunidades afectadas.

En una muestra de coordinación interinstitucional y esfuerzo solidario, a las 12h00 de este día se logró habilitar parcialmente el paso vehicular hasta la parroquia Sabanilla. La intervención conjunta de la maquinaria de la Cámara de Minería de Zamora, Trans Solórzano, compañía Armijos y familia y el MTOP permitió remover los obstáculos que mantenían incomunicada a la provincia, posibilitando la evacuación de ciudadanos hacia la ciudad de Loja a través de vehículos particulares.

Este avance refleja la importancia de fortalecer políticas públicas orientadas a la prevención y resiliencia frente a fenómenos naturales que recurrentemente afectan a la región. Asimismo, evidencia la necesidad de consolidar una infraestructura vial sostenible y segura, que garantice el derecho a la movilidad de la población rural y urbana, y que permita una respuesta más eficaz ante futuras emergencias.

Las instituciones involucradas reiteraron su compromiso de mantener activos los trabajos hasta restablecer completamente la circulación en la totalidad de la vía Loja–Zamora, respondiendo a las demandas de una ciudadanía que espera soluciones estructurales y sostenibles.