Aunque mermada en la Asamblea de Ecuador, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) busca investigar, desde las pocas comisiones legislativas que domina, la gestión del gobierno del presidente Daniel Noboa.

Este 18 de junio, la asambleísta Diana Jácome de Acción Democrática Nacional (ADN) denunció que la comisión de Garantías Constitucionales, de mayoría correísta, quiere apropiarse del proceso de fiscalización de los contratos de Progen firmados por Estado en la administración de Noboa.

El problema, según Jácome, es que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) ya había decidido y notificado que será la mesa de Transparencia y Participación Ciudadana, liderada por la propia Jácome y dominada por ADN, la que conozca el caso.

«La Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara y establece que cuando una comisión conoce un proceso de Fiscalización se debe respetar y otra no puede intervenir ni llamar a autoridades y demás servidores». Diana Jácome, legisladora de ADN. 

La Comisión de Transparencia tiene previsto reunirse la tarde de este 18 de junio para establecer un cronograma de comparecencias. Esta mesa está conformada por:

Diana Jácome (ADN)
Edmundo Cerda (Pachakutik)
Jorge Chamba (ADN)
Jorge Guevara (ADN)
Isaac Solano (ADN)
Dominique Serrano (ADN)
Otto Vera (PSC)
Blasco Luna (RC)
Germania Romero (RC)
Andrés Mendoza (RC)
Jácome negó que la mesa legislativa que preside se vaya a convertir en una «comisión de archivo», y aseguró que harán una fiscalización transparente.

El pasado 11 de junio el correísta Blasco Luna mocionó que el Pleno de la Asamblea inicie un proceso de fiscalización a los contratos para la provisión de energía firmados con la empresa estadounidense.

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Uno de los objetivos era que la ministra de Energía, Inés Manzano, comparezca ante los 151 legisladores para explicar los problemas y contratiempos en los contratos de Progen.

La bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) volvió a contar con cinco integrantes de la facción aliada de Pachakutik y logró bloquear el intento correísta.

En Ecuador, seis de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Esta realidad, reconocida por el ministro del Interior, John Reimberg, motivó la firma de un memorando de entendimiento con ONU Mujeres este 18 de junio de 2025 en Quito.

La alianza busca consolidar una respuesta estatal más efectiva, con enfoque de género, frente a las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres y niñas en el país.

El acuerdo, suscrito entre el Ministerio del Interior y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, contempla una hoja de ruta con cuatro pilares centrales que marcarán las acciones a desarrollar:

Formación institucional con enfoque de género

Se fortalecerán las capacidades del personal del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para atender con sensibilidad y sin revictimización a las mujeres víctimas de violencia.
Promoción de la igualdad en la gestión pública

Se incluirá el enfoque de género en la toma de decisiones y procedimientos institucionales.
Intercambio de información estratégica

Se generará evidencia para mejorar políticas públicas y diseñar acciones preventivas eficaces.
Implementación de proyectos conjuntos

Se dará continuidad a iniciativas como Spotlight y Ciudades Seguras, que ya han mostrado resultados positivos en comunidades locales.
Durante la firma, el ministro Reimberg enfatizó que este compromiso no es simbólico, sino una apuesta concreta por transformar la institucionalidad.

“La seguridad se construye desde la equidad de género, el respeto y la justicia. Las mujeres no solo son parte de la seguridad de Ecuador, son su fuerza, su conciencia y su futuro”. John Reimberg, ministro del Interior.

El documento también prevé una especialización de la Policía Nacional en áreas como violencia contra niñas y niños, femicidio y delitos que afectan a mujeres adolescentes, con herramientas prácticas y protocolos de atención.

Cifras de la realidad ecuatoriana
Por su parte, Alison Vásconez, representante (i) de ONU Mujeres en Ecuador, recalcó que la violencia de género no solo tiene un alto costo humano, sino también económico. Citó un estudio de la Cooperación Alemana (GIZ) que estima que el país pierde cerca de USD 4.000 millones anuales, equivalentes al 4,28% del PIB, a causa de la violencia contra mujeres y niñas.

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Vásconez alertó también sobre el impacto del crimen organizado en la vida de las mujeres. Las muertes violentas, que incluyen femicidios, asesinatos y sicariatos, se dispararon de 165 casos en 2020 a más de 600 en 2024, un aumento de más del 350%.

“La violencia no es solo un problema de seguridad o delincuencia. Se agrava por factores culturales y sociales que perpetúan la desigualdad y el miedo. Por eso, cuando hablamos de seguridad ciudadana, no podemos olvidar los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres”. Alison Vásconez, representante (i) de ONU Mujeres en Ecuador.

Este acuerdo representa un paso más en una colaboración iniciada años atrás entre ONU Mujeres y el Ministerio del Interior, que, según anunciaron, ya ha dado frutos como el desarrollo de un sistema de alerta temprana de femicidios y la capacitación policial con perspectiva de género.

La meta, según Reimberg, es tener una sociedad donde la seguridad no sea un privilegio, sino un derecho garantizado para todas, sin importar el lugar, la edad o el contexto. “Estamos convencidos de que una sociedad más justa y segura para las mujeres es una sociedad mejor para todos”, concluyó. Fuente: Primicias

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