En una operación antidrogas denominada “Ares XXVIII”, la Policía Nacional logró evitar el envío de cerca de cinco toneladas de cocaína a España, en un operativo ejecutado en un puerto marítimo de Guayaquil. El cargamento incautado habría representado más de 48 millones de dosis en el mercado europeo y generado ganancias ilícitas superiores a los 227 millones de dólares.

El operativo, desarrollado por unidades especializadas de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas (DNIA), se ejecutó gracias a técnicas de perfilamiento de riesgo aplicadas a contenedores de exportación. Durante una inspección intrusiva total a uno de los cargamentos, los agentes detectaron bloques rectangulares camuflados entre el producto lícito, los cuales contenían una sustancia blanquecina que, tras ser sometida a pruebas químicas, dio positivo para cocaína.

La droga incautada tiene un peso total de 4’875,500 gramos, lo que equivale a más de 48 millones de dosis, según el cálculo de las autoridades. El valor aproximado de esta cantidad asciende a 11 millones de dólares en Ecuador y a 227’929.625 dólares en Europa.

Además del decomiso de la sustancia, se aprehendió a dos personas para fines investigativos, identificadas como Oscar R. y Nexar V.. En el lugar también se confiscaron dos teléfonos celulares que ahora forman parte de la investigación en curso.

Este nuevo golpe al narcotráfico internacional refuerza el compromiso del Estado ecuatoriano, a través de la Policía Nacional, en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional. Fuente: El Telégrafo

Las últimas elecciones legislativas dejaron como resultado una Asamblea Nacional inédita, con dos fuerzas políticas ‘hegemónicas’, pero sin que ninguna alcance la mayoría. Lo contrario a la usual dispersión política y electoral de Ecuador.

La Revolución Ciudadana (RC) consiguió 67 escaños, Acción Democrática Nacional (ADN), 66, Pachakutik, 9, y el Partido Social Cristiano (PSC), apenas 5 contando con una alianz. Los tres puestos sobrantes fueron para Construye y dos movimientos locales.

Esa anodina conformación fue producto de la decisión política del electorado. Pero, ahora, ADN y el correísmo quieren que ese modelo prevalezca en el futuro. Uno donde predominen solo los partidos más fuertes; es decir, de momento, ellos mismos.

Este 20 de junio, en el pleno de la Asamblea, 125 legisladores votaron a favor de echar para atrás las reformas al Código de la Democracia, aprobadas en enero de 2020 y que entraron en vigencia en las elecciones generales de 2021.

De los 151, apenas cinco legisladores se opusieron al cambio con el que la representatividad legislativa disminuirá a partir de 2029. Aunque el proyecto de reformas al Código de la Democracia debe pasar todavía por el Ejecutivo, que en este periodo no ha ejercido su potestad de veto.

Pero, ¿qué exactamente aprobó la Asamblea? La principal reforma se refiere al cambio en el método de asignación de escaños. Es decir, la fórmula matemática que se utiliza para determinar cuántos puestos consigue cada lista en cada provincia.

Y el Legislativo optó por regresar al método de D’Hondt, que se utilizó en 2013 y 2017, para reemplazar el de Webster, que se había utilizado en 2021, 2023 y 2025. Este cambio hace que la división de los votos de cada lista sea más cerrada, por lo tanto, beneficia solo a los dos partidos más votados, que en Ecuador solía ser solo uno.

En el siguiente gráfico, PRIMICIAS muestra la comparación de la composición de la actual Asamblea con ambos métodos. Aunque debido a la apretada votación entre ambas fuerzas políticas el cambio no es radical, el correísmo hubiese obtenido una curul adicional, pero ADN habría escalado ocho puestos.

Sin embargo, los ejemplos de cómo cambiará el panorama político con esta reforma electoral se observan en las provincias donde hubo resultados menos ajustados. Por ejemplo, en la circunscripción sur de Manabí, con Webster, ADN obtuvo dos escaños y la RC se llevó tres. Pero con D’Hondt, ADN habría caído a uno y la RC habría acaparado cuatro.

Mientras que en Tungurahua, donde actualmente se eligieron tres legisladores de ADN, uno del correísmo y uno de Pachakutik, con el nuevo método, ADN se quedaría con cuatro y la RC con uno.

El gobierno de turno acomoda las fórmulas
En Ecuador se han utilizado distintos métodos de adjudicación de escaños, dependiendo de la época y las fuerzas políticas.

Por ejemplo, el Código de la Democracia creado en 2009, al inicio del correísmo, eligió el método de Hare, que utilizaba un cociente calculado sobre el número de votantes y de asambleístas de cada circunscripción. Pero no llegó a ponerse en práctica.

En las elecciones de ese año se utilizó el régimen de transición, que mandó que:

En las provincias donde se elegían dos legisladores los escaños iban según el número de votos de cada lista.
En las provincias con tres o más representantes, se ejecutó el método de Webster (los resultados de cada lista se dividen para cocientes impares: 1, 3, 5, 7).
Y si, en algún caso, una lista se llevaba todos los escaños, se ordenó que la última curul se asigne al partido que quedó en segundo lugar.
En esas votaciones, el entonces Alianza PAIS obtuvo 59 de 124 curules, Sociedad Patriótica consiguió 19 y el PSC, 11.

Sin embargo, el correísmo se dio cuenta de que había un método que podía beneficiarlos más en las siguientes elecciones. Y reformaron la nueva Ley Electoral en febrero de 2012, pocos días antes del límite.

Es así que en las votaciones de 2013 lograron imponer el método de D’Hondt, en el que se dividen los votos de cada lista para una serie de números consecutivos (1, 2, 3, 4, 5) según las curules de cada circunscripción. Dividieron las provincias más grandes en circunscripciones más pequeñas. Y dejaron la fórmula de Webster solo para la lista nacional.

Esto pese a que D’Hondt es considerado el menos proporcional y menos equitativo de las fórmulas electorales, por lo que había sido declarado inconstitucional en 2004, por el exTribunal Constitucional, ya que favorecía en exceso a las fuerzas políticas dominantes.

Y el resultado abrumador lo demostró: Alianza PAIS se quedó con 100 de los 137 escaños y fue el periodo de la ‘aplanadora’ legislativa. El segundo lugar fue para el recién nacido movimiento Creo, con nueve curules, y después el PSC, con ocho.

En 2017, después de una década de desgaste y ya sin su líder en la papeleta, el correísmo consiguió de todas formas 74 curules, gracias a Webster. Caso contrario habrían sido apenas 58.

Pero en 2020, después de la implosión en Alianza PAIS, llegaron las reformas al Código de la Democracia, con las que se volvió al método de Webster y que se han aplicado desde las elecciones legislativas de 2021.

Comparación de la representación legislativa según cada método de adjudicación de escaños

Ese año, el correísmo cayó a 50 curules, que con la fórmula previa hubiesen sido 62. Esto permitió una gran pluralidad de voces en el parlamento, Pachakutik, la Izquierda Democrática, el PSC y Creo tuvieron bloques representativos y otras 10 agrupaciones pequeñas llegaron también al hemiciclo.

Sin embargo, después de ese ‘revés’, llegaron las elecciones extraordinarias de 2023, tras la muerte cruzada declarada por Guillermo Lasso. Ese pleno de la Legislatura también mantuvo una diversidad de fuerzas políticas en escena y uno de los beneficiarios de Webster fue el nuevo ADN, todavía en forma de alianza entre terceros, que pese a ser desconocido obtuvo 14 curules.

Comparación de la representación legislativa según cada método de adjudicación de escaños

Entonces, la Revolución Ciudadana empezó nuevamente el camino para regresar a su método favorito, que favorece solo a las mayorías. Pero su trámite no pudo concluirse antes de las últimas elecciones de 2025. Y, gracias a eso, el gobierno de Daniel Noboa obtuvo una bancada oficialista de 66 curules.

Y, justamente ahora, esa misma bancada morada, al estilo del correísmo, aprobó una reforma electoral que perjudicará a la diversidad y pluralidad política que requiere el debate legislativo en el parlamento. Pero beneficiará solo a la fuerza política que logre mantener su popularidad o a la que, en todo caso, pierda menos votantes hasta 2029. Fuente: Primicias

La corrupción judicial está cada vez más frecuente en Ecuador. Diariamente, jueces, fiscales y otros funcionarios aparecen relacionados con casos de corrupción. Varias entidades del Estado buscan frenar esta situación con acciones de control.

Según la teoría oficial, los operadores de justicia son captados por el crimen organizado, que les paga grandes sobornos a cambio de fallos judiciales favorables. Por esta razón, la Contraloría empezó un análisis completos de los patrimonios de estos servidores.

Desde noviembre de 2023, el organismo de control inicio 160 exámenes especiales a los patrimonios de fiscales, jueces y demás servidores. Hasta la fecha, ya se han completado 108 de estas acciones de control y otras 52 están en proceso.

Aunque la normativa obliga a la Contraloría a guardar bajo reserva los resultados de esos exámenes, PRIMICIAS conoció que en 59 casos, los resultados han sido enviados a la Fiscalía como Indicios de Responsabilidad Penal (IRP)

Por el momento, la Fiscalía todavía no ha formulado cargos en ninguno de estos casos. Es decir, las causas todavía están en etapa previa y reservada.

Decenas de destituidos
En el ultimo año y medio, en Ecuador se han destapado varios casos de corrupción judicial. Los procesos insignia de la llamada depuración son Metástasis, Purga y Plaga, en los que la Fiscalía ha demostrado la existencia de redes de corrupción para beneficiar a criminales.

Ante esta situación, pese a su inestabilidad y problemas de conformación propios por pugnas políticas, la Judicatura ha activado su control disciplinario. En total, 34 jueces relacionados con estas causas han sido destituidos de sus cargos.

Pero, según información del organismo, el control no ha terminado en esos casos. Otros 12 jueces también han sido destituidos en los últimos 11 meses. Y a estos se suman otros 44 destituidos entre fiscales, ayudantes, coordinadores y otros servidores.

El ‘Top 5’ de las polémicas
Estos son los cinco escándalos más sonados -en las últimas semanas- sobre decisiones y actuaciones judiciales sospechosas.

Casos recientes de supuesta corrupción judicial