En el marco del programa semanal Tertulia Jurídica, realizado el pasado miércoles 27 de agosto, se abordó un tema de gran trascendencia social: el procedimiento penal en los delitos sexuales. La sesión contó con la participación del doctor Damián Guanotuña, abogado por la Universidad Central del Ecuador, quien compartió un análisis jurídico y social sobre la materia.

El invitado subrayó la importancia de distinguir entre los delitos contra la libertad sexual y los delitos contra la integridad sexual. La primera categoría atenta contra la autonomía de las personas para decidir libremente sobre su sexualidad, mientras que la segunda afecta directamente su protección física y psicológica. En este contexto, el consentimiento se erige como elemento clave para diferenciar las figuras delictivas.

Al referirse a los tipos penales, Guanotuña explicó que, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se incluyen conductas como el abuso sexual, la violación y el estupro, las cuales se configuran con frecuencia en la sociedad ecuatoriana. Además, precisó que tanto el abuso como la violación son delitos de acción penal pública, por lo que su investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado, iniciando en la fase de investigación previa.

Respecto a la violación, el jurista destacó el enfoque adoptado por la Convención de Estambul y la CEDAW, donde se establece que “sólo el sí es sí”, enfatizando que el consentimiento debe ser expreso y manifiesto, descartando la interpretación de un silencio pasivo como aceptación.

En cuanto al acoso sexual, se recordó que el artículo 166 del COIP lo tipifica cuando una persona solicita actos de carácter sexual prevaliéndose de una posición de autoridad laboral, docente, religiosa u otra que implique subordinación de la víctima. Este tipo penal, señaló el experto, requiere un sujeto activo calificado, lo que lo diferencia de otros delitos sexuales.

Finalmente, Guanotuña explicó las diferencias jurídicas entre el estupro y la violación. El primero ocurre cuando una persona mayor de 18 años recurre al engaño para mantener relaciones sexuales con una persona menor de edad, con penas de uno a tres años de privación de libertad. En contraste, la violación, definida como el acceso carnal sin consentimiento, sea por vía oral, anal o vaginal, contempla sanciones que van de 19 a 22 años, de acuerdo con las circunstancias y agravantes.

El programa concluyó resaltando que el tratamiento procesal de los delitos sexuales debe orientarse a la protección de la integridad sexual y reproductiva de las personas, garantizando justicia y acompañamiento integral a las víctimas.

Fotografía de la reunión entre los alcaldes de las tres ciudades más grandes del país y ministros del Gobierno de Daniel Noboa. (ROLANDO ENRIQUEZ)

«Cada uno tendrá sus posturas»

El 26 de agosto de 2025, cuando debió instalarse la audiencia de formulación de cargos del caso Magnicidio FV, el abogado Jonathan Espín -representante de Ronny Aleaga- no se presentó, ya que días antes le habían extraído una muela.

La jueza María Daniela Ayala no instaló la diligencia y multó al abogado. En ese momento, en una de las salas del Complejo Judicial Quito Norte, consultó a los abogados de Daniel Salcedo, Xavier Jordán y José Serrano, los otros investigados, sobre una nueva fecha.

Inicialmente se planteó para el lunes 1 de septiembre de 2025, pero uno de los defensores tenía una audiencia fijada previamente para ese día. La segunda opción fue el miércoles 3 de septiembre, fecha a la que ninguno de los juristas se opuso, por lo que -horas después- la jueza Ayala emitió la convocatoria.

Pese a ese acuerdo, el 1 de septiembre de 2025, Jordán presentó un escrito solicitando un nuevo diferimiento, ya que su abogado -Juan Carlos Salazar- tiene «otra diligencia en una jurisdicción diversa en horas similares».

Se trata de un proceso por nulidad de contrato que se sustancia ante la Corte Provincial de Cañar. Salazar es el abogado de una de las demandadas y el 3 de septiembre, a las 08:30, se realizará la audiencia para tramitar el recurso de apelación.

Oscar Guillén, juez ponente de ese caso, convocó a esa audiencia el 17 de julio de 2025, a las 14:57. Es decir, esa diligencia estaba citada 43 días antes del intento fallido de la formulación de cargos del caso Magnicidio FV. Sin embargo, el abogado Salazar no se opuso a la convocatoria.

Por esta razón, Patricio Rosero, abogado de Amanda y Tamia Villavicencio -hijas de Fernando Villavicencio-, presentó un escrito ante la jueza Ayala, señalando que Jordan y su abogado estaban teniendo «una conducta procesal desleal» y solicitando que se niegue el pedido de diferimiento.

Finalmente, el 2 de septiembre de 2025, la jueza María Daniela Ayala se pronunció. La magistrada recordó que el 26 de agosto consultó a Salazar y al resto de abogados su disponibilidad para el 3 de septiembre y este no informó sobre la otra audiencia en Cañar. Por lo que negó el pedido y advirtió que si el abogado de Jordán no asiste será multado e investigado.

En la convocatoria, la jueza Ayala advirtió que en la audiencia se contará con representantes de la Defensoría Pública, por lo que si uno de los abogados no acude, su cliente será defendido por un abogado público. En el auto con el que se negó el nuevo pedido diferimiento, la Magistrada volvió a notificar a la Defensoría.

Días clave para Serrano
De las cuatro personas que serán procesadas por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, a primera vista, José Serrano es quien tiene una situación más complicada.

Salcedo ya está preso en Ecuador y colaborando con la Fiscalía. Jordán y Aleaga, en cambio, están prófugos en Estados Unidos y Venezuela, pero no han sido detenidos ni están en marcha procesos de extradición.

Mientras que Serrano lleva 26 días detenido en el Krome North SPC de Miami, una cárcel migratoria. El exministro del correísmo rebasó el tiempo permitido para estar en ese país sin un estatus regular migratorio, ya que su solicitud de asilo no ha sido respondida aún.

El 11 de septiembre de 2025, en la Corte del  misma cárcel Krome, Serrano comparecerá a dos audiencias. La primera es para evaluar una posible fianza, que le permita una libertad condicional en Estados Unidos. Y la segunda para tramitar su asilo.

Sin embargo, si en la audiencia de formulación de cargos del caso Magnicidio FV se dicta orden de prisión preventiva en su contra, esta información podría ser perjudicial para sus casos en EStados Unudios y acelerar una eventual deportación.

En ese caso, Serrano tendrá que ser enviado a Ecuador y, en el mismo Aeropuerto, se ejecutaría la orden de prisión en su contra, mientras avanzan las investigaciones por el asesinato de Villavicencio, que podrían durar entre 90 y 120 días.

El caso Villavicencio
El 9 de agosto de 2023, cuando salía de un mitin político del edificio en el que funcionó el Colegio Anderson, en el norte de Quito, Villavicencio recibió un disparo en su cabeza. Murió casi de inmediato.

La investigación dio resultados esa misma noche: 13 personas fueron arrestadas y procesadas por asesinato.

Sin embargo, siete de los procesados fueron asesinados en dos cárceles del país en el transcurso de la investigación. Uno más fue sobreseído antes del juicio porque la Fiscalía no encontró indicios suficientes para acusarlo.

Por esta razón, al juzgamiento llegaron solo cinco miembros del equipo de sicarios. Todos fueron sentenciados.

A la cabeza de este grupo de sentenciados está Carlos Ángulo, alias ‘Invisible’, uno de los cabecillas de Los Lobos, organización narcodelictiva a la que se le ha atribuido el asesinato de Villavicencio. Desde la Cárcel de Cotopaxi, Angulo habría organizado al grupo de sicarios que vino desde Colombia y cometió el crimen. Fuente: Primicias