Nacionales
USD 590 millones para educación superior entre los acuerdos del Gobierno y organizaciones indígenas
Con el cierre de las mesas de diálogo entre el Gobierno Nacional y organizaciones indígenas, continúan dándose a conocer los acuerdos alcanzados entre ambas partes.
Tal es el caso de la mesa de temática de Educación Superior, allí se acordó la asignación de recursos por un monto de USD 590 millones para la educación superior, entre 2023 y 2025.
“La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) trabajará, en conjunto con el Ministerio de Finanzas, en incrementar en 5% el presupuesto anual del sistema de educación superior, conforme a la disponibilidad fiscal, desde 2023”, reza el acta final de acuerdos suscrita entre las partes.
Además, el Gobierno asignará recursos al presupuesto de la educación superior conforme al siguiente detalle:
– USD 200 millones para todo el sistema de educación superior para 2023.
– USD 240 millones para la gestión académica y administrativa tanto de los nuevos institutos como de los ya existentes (2023-2025).
– La Senescyt, en articulación con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación, gestionará los siguientes montos:
- a) USD 100 millones para becas y ayudas económicas de tercer y cuarto nivel para el periodo 2023-2025, de los cuales, el 40% será destinado para los postulantes de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, según la demanda existente;
- b) USD 50 millones para la creación de institutos y el fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica de 2023.
De igual modo, la Senescyt creará un plan de inversión anual de USD 20 millones, a partir de 2023 hasta 2025, que será financiado mediante varias fuentes de inversión, para fomentar investigaciones sobre saberes, idiomas, conocimientos, de los pueblos ancestrales.
Otro acuerdo señala que el 21% de los recursos planificados para el lanzamiento de los programas de becas para tercero y cuarto nivel se destinen a pueblos y nacionalidades indígenas, siempre que exista la demanda por parte de esta población.
Asimismo, se establecerá como política pública un incremento progresivo de la política de cuotas que está en un rango del 5% hasta el 10% del total de cupos por carrera, hasta llegar al 21% para pueblos y nacionalidades hasta 2025.
Además, se establece el dominio de al menos una lengua ancestral como requisito para formar parte del cuerpo docente de las instituciones de educación superior interculturales bilingües.
Dicho requerimiento será incorporado mediante una reforma al Reglamento de Escalafón y Carrera Docente.
Adicionalmente, se construirá un nuevo modelo de evaluación institucional para las instituciones de educación superior, que se aplicará a partir de 2025, con la participación de las organizaciones, en el que se incorporarán indicadores de interculturalidad y plurinacionalidad que valoren el impacto positivo de la investigación y vinculación con las comunidades de pueblos y nacionalidades. Fuente: El Telégrafo
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, afirmó este jueves 30 de octubre de 2025 que el presidente de la República, Daniel Noboa, deberá solicitar licencia para participar en actividades de campaña a favor de la consulta popular, ya que la ley prohíbe a los servidores públicos inducir al voto mientras ejercen sus funciones.
“Recordamos que un servidor público no puede inducir al voto en el ejercicio de sus funciones. En tal virtud, debe pedir licencia para hacer campaña. Eso aplica para todos”, explicó Atamaint.
La titular del CNE precisó que el mandatario, al ser proponente de las preguntas de la consulta popular y el referendo, tiene derecho a participar en el proceso, pero bajo las condiciones de la Ley Electoral.
“(El presidente) tiene que pedir licencia porque está en calidad de servidor público y también es el proponente. Él decidirá cuándo y cómo hacerlo”, añadió, en declaraciones a la prensa.
Atamaint sostuvo además que, hasta el momento, el CNE no ha recibido solicitudes de licencia de parte de funcionarios públicos que planeen involucrarse en la campaña. Indicó que los asambleístas y otros servidores deberán realizar el mismo procedimiento si participan en la promoción de alguna postura frente a la consulta popular y el referendo.
Lo que dice la Ley Electoral
En las pasadas elecciones presidenciales, una de las polémicas fue que el presidente Noboa no pidió licencia para hacer campaña en la contienda contra Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC).
El Código de la Democracia señala que «los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral».
Pero el gobierno alegó que no se trataba de una reelección, porque entre noviembre de 2023 y abril de 2024, Noboa completó el periodo que dejó Guillermo Lasso a raíz de la muerte cruzada. Sus detractores, en cambio, sostenían que sí era una reelección.
Ese proceso concluyó sin un pronunciamiento del CNE y los pedidos de los organismos de observación electoral internacional para que se emita una normativa y un pronunciamiento claro para evitar distorsiones en el futuro. Fuente: Primicias
Este 30 de octubre de 2025, el presidente Daniel Noboa llegó a la Explanada del Estadio Modelo, en Guayaquil para anunciar la entrega de USD 4 millones en Créditos de Desarrollo Humano (CDH). La política que busca transformar el Bono de Desarrollo Humano y las pensiones en herramientas productivas que generen empleo y autonomía económica para las familias ecuatorianas.
“Durante años muchos fueron olvidados. Este Gobierno decidió hacer las cosas distintas: estar cerca, escuchar, cumplir. Estamos donde ustedes nos necesitan”, dijo el mandatario, al recalcar que los créditos no solo entregan recursos, sino también acompañamiento técnico y formación para fortalecer los emprendimientos familiares.
3.600 hogares recibirán créditos productivos
El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, informó que los nuevos créditos beneficiarán a 3.600 hogares en todo el país. “El Nuevo Ecuador busca que cada familia tenga el impulso necesario para que su idea se convierta en emprendimiento y luego en empresa. El cambio está empezando hacia la libertad económica”, aseguró Burbano.
Mujeres, protagonistas del cambio
Desde diciembre de 2023 hasta la fecha, el Gobierno entregó 95.000 créditos por un total de USD 83 millones, de los cuales el 94 % se destinó a mujeres. Con ese incentivo, las beneficiarias dinamizaron la economía local con la generación de empleo.
Historias como la de Verónica Rodríguez, madre de una niña con discapacidad, muestran el impacto del programa. “Este crédito me permite cuidar a mi hija y emprender al mismo tiempo. Me ayudan con capacitaciones y a innovar para seguir creciendo”, explicó. Otra beneficiaria, Eliana Vélez, resumió el espíritu del proyecto: “Nos dan la oportunidad de demostrar que las mujeres ecuatorianas podemos salir adelante”.
Un país que avanza con sus emprendedores
Para Noboa, el éxito del programa refleja un cambio de enfoque en la política social: “Nuestro país avanza cuando trabaja unido, cuando la gente cree otra vez en su país. Cuando el Gobierno cumple, pero también escucha”, afirmó durante su intervención en Guayaquil. Fuente: El Telégrafo
Nacionales
José Serrano seguirá preso en Miami: Jueza de EE.UU. niega habeas corpus y detalla el motivo
José Serrano seguirá preso en una cárcel de Miami, tras una resolución de la justicia de Estados Unidos. El exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional sufrió un nuevo revés judicial.
La jueza Marty Fulgueria Elfenbein, a cargo del proceso, desestimó el pedido de habeas corpus presentado por la defensa del exfuncionario.
En su fallo, la magistrada determinó que el Tribunal del Distrito Sur de Florida no tiene jurisdicción sobre el caso, motivo por el cual rechazó la solicitud.
Serrano permanece detenido desde el 7 de agosto de 2025, cuando fue arrestado en la puerta de su domicilio. Desde entonces, se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención de Krome, de donde ha intentado salir mediante recursos judiciales.
A través del habeas corpus, Serrano pidió que se justificara la legalidad de su detención y que se ordenara su liberación inmediata, o en su defecto, ser trasladado a un centro de solicitantes de asilo. Sin embargo, su pedido fue impugnado por las autoridades migratorias.
Juan López-Vega, director interino de la Oficina de Campo de Miami del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), presentó una moción oponiéndose al recurso planteado por el exministro.
Aunque la jueza rechazó la demanda, aclaró que la decisión fue tomada “sin perjuicio”, lo que significa que Serrano podría volver a presentar su petición si logra corregir el problema de jurisdicción, según reportó el portal Primicias.
La situación legal del exfuncionario aún no está definida. El 19 de noviembre se llevará a cabo la audiencia en la que se resolverá su posible deportación a Ecuador.
Prisión preventiva y notificación a Interpol
El caso de Serrano no solo se centra en Estados Unidos. En Ecuador, la Fiscalía General del Estado lo imputó como presunto autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial acribillado a tiros el 9 de agosto de 2023, a las afueras de un mitin en Quito, apenas once días antes de las elecciones generales.
Durante la última audiencia del proceso por magnicidio, la fiscal del caso presentó nuevos elementos de convicción que llevaron a la jueza María Ortiz, de Garantías Penales, a modificar las medidas cautelares que pesaban sobre Serrano.
En un principio, el exministro debía presentarse periódicamente ante el consulado de Miami (EE. UU.), sin embargo, la jueza dispuso que cumpla prisión preventiva.
La resolución fue emitida el 23 de octubre de 2025, y la magistrada ordenó que sea notificada a la Interpol para activar la búsqueda internacional de los implicados.
En cuanto a la detención de Serrano en Miami por temas migratorios, la jueza Ortiz enfatizó que la justicia ecuatoriana no puede supeditarse a decisiones externas, ya que el proceso penal en Ecuador requiere la garantía de que el acusado comparezca ante los tribunales nacionales. Fuente: Vistazo
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