El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, informó la activación inmediata de los equipos técnicos de los servicios de protección especial con el objetivo de brindar atención integral a cuatro niños y una adolescente que fueron localizados en situación de vulnerabilidad en la parroquia rural de Simiátug, cantón Guaranda, provincia de Bolívar.

Por disposición del ministro Harold Burbano, se desplegó un equipo especializado para garantizar la protección y el acompañamiento de los menores. Las acciones comprenden la valoración psicosocial, la verificación de su estado de salud, educación, y situación legal, así como el proceso de identificación de familiares hasta el cuarto grado de consanguineidad.

En caso de no encontrarse familiares directos que puedan asumir la custodia, el Ministerio, mediante los servicios estatales correspondientes, garantizará el acogimiento institucional de los niños y la adolescente, velando por el cumplimiento de sus derechos y su bienestar integral.

“Nos encontramos articulando con otras carteras de Estado para que la atención llegue de forma integral y oportuna, priorizando siempre el interés superior de la niñez”,

El Ministerio de Desarrollo Humano reafirma su compromiso con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional, actuando con celeridad ante cualquier situación de riesgo o vulnerabilidad.

En lo alto del páramo, entre los límites de Tungurahua y Bolívar, el viento no solo azota las montañas: también parece arrastrar los ecos de una infancia olvidada. Allí, a más de tres mil metros de altura, cinco hermanos sobreviven en el silencio y la pobreza, lejos de todo amparo, enfrentando la dureza de la vida con una fortaleza que conmueve y duele a la vez.

El pasado 30 de octubre, un video difundido en la página del influencer Israelo estremeció al país. Las imágenes muestran la cotidianidad de estos niños —cuatro pequeños de entre 7 y 10 años y su hermana mayor de 15— que viven en una casa humilde, hecha de bloques y madera, donde el frío entra por las rendijas y la esperanza se sostiene en una delgada llama encendida con leña húmeda.

Hace ocho años perdieron a su madre. Poco después, su padre los abandonó. Desde entonces, la hermana mayor se convirtió en madre, protectora y sostén del hogar. “Yo soy la mamá para ellos”, confiesa entre lágrimas en el video, mientras acaricia el rostro de su hermano menor. No hay electricidad, no hay agua potable, no hay pan sobre la mesa, pero hay amor, y eso —aunque frágil— parece mantenerlos de pie.

La precariedad es total. Duermen los cinco en una cama improvisada, con un colchón de paja y dos cobijas para resistir el hielo nocturno. Caminan kilómetros cada día para llegar a la escuela, con botas rotas y los cuadernos guardados en costales. Su alimentación se reduce a lo que el campo les ofrece: papas y coles, recogidas entre los surcos, cuando hay suerte.

En uno de los momentos más duros del video, un niño mira a la cámara y suplica:

“Papi, vuelve, porque estamos solitos. No tenemos para comer ni para estudiar, estamos sin luz.”

Esa frase, pronunciada con la voz temblorosa de la inocencia, se ha convertido en el grito que ha despertado la conciencia de un país entero. Las redes sociales se inundaron de mensajes de solidaridad. Decenas de ecuatorianos ofrecieron abrigo, víveres y apoyo. Organizaciones sociales y ciudadanos comenzaron a coordinar ayuda para llegar hasta el páramo.

El caso ha evidenciado, una vez más, las profundas brechas sociales que separan al Ecuador urbano del rural. En las montañas donde nace el agua que alimenta a las ciudades, la niñez muere de hambre y de olvido.

Expertos en derechos humanos y actores sociales exigen la intervención urgente del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la DINAPEN y los gobiernos locales para garantizar la protección integral de los menores. No se trata solo de una ayuda momentánea, sino de asegurar su futuro: educación, vivienda digna, salud y acompañamiento psicológico.

Mientras tanto, los niños siguen allí, esperando. A pesar del abandono, no han perdido la fe. Sueñan con volver a estudiar, con tener zapatos, con ver luz en su casa. Y aunque el páramo los abrace con su frío, su esperanza brilla como una pequeña llama que se niega a extinguirse.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, afirmó este jueves 30 de octubre de 2025 que el presidente de la República, Daniel Noboa, deberá solicitar licencia para participar en actividades de campaña a favor de la consulta popular, ya que la ley prohíbe a los servidores públicos inducir al voto mientras ejercen sus funciones.

“Recordamos que un servidor público no puede inducir al voto en el ejercicio de sus funciones. En tal virtud, debe pedir licencia para hacer campaña. Eso aplica para todos”, explicó Atamaint.

La titular del CNE precisó que el mandatario, al ser proponente de las preguntas de la consulta popular y el referendo, tiene derecho a participar en el proceso, pero bajo las condiciones de la Ley Electoral.

“(El presidente) tiene que pedir licencia porque está en calidad de servidor público y también es el proponente. Él decidirá cuándo y cómo hacerlo”, añadió, en declaraciones a la prensa.

Atamaint sostuvo además que, hasta el momento, el CNE no ha recibido solicitudes de licencia de parte de funcionarios públicos que planeen involucrarse en la campaña. Indicó que los asambleístas y otros servidores deberán realizar el mismo procedimiento si participan en la promoción de alguna postura frente a la consulta popular y el referendo.

Lo que dice la Ley Electoral
En las pasadas elecciones presidenciales, una de las polémicas fue que el presidente Noboa no pidió licencia para hacer campaña en la contienda contra Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC).

El Código de la Democracia señala que «los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral».

Pero el gobierno alegó que no se trataba de una reelección, porque entre noviembre de 2023 y abril de 2024, Noboa completó el periodo que dejó Guillermo Lasso a raíz de la muerte cruzada. Sus detractores, en cambio, sostenían que sí era una reelección.

Ese proceso concluyó sin un pronunciamiento del CNE y los pedidos de los organismos de observación electoral internacional para que se emita una normativa y un pronunciamiento claro para evitar distorsiones en el futuro. Fuente: Primicias