La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del expresidente Rafael Correa y otros posibles involucrados, por un presunto caso relacionado con espionaje y el supuesto manejo indebido del sistema de videovigilancia de Segura EP.

La funcionaria acudió la mañana del lunes 22 de junio a la sede del organismo judicial, donde solicitó que se inicie una investigación para determinar si existieron delitos en torno al uso de esta plataforma tecnológica destinada a la seguridad ciudadana.

Durante sus declaraciones, la ministra indicó que la investigación permitirá conocer si más personas formarían parte de la presunta estructura señalada en la denuncia. Además, sostuvo que la identificación de otros posibles involucrados deberá determinarse dentro del proceso judicial correspondiente.

El presidente de la República, Daniel Noboa, tiene un patrimonio que asciende a $ 1,6 millones, no registra deudas. Tampoco tiene vehículos a su nombre, pese a que se lo ha visto conduciendo varios carros. Sí registra una casa adquirida en 2015 en Santa Elena, valorada en $ 1,5 millones; acciones en empresas que suman $ 101 mil y tres cuentas corrientes con $ 16 mil.

Esto consta en el reporte más reciente y disponible para la lectura de 2025 que el mandatario presentó ante la Contraloría. No hay registros de 2026. En la declaración anterior, también de 2025, en cambio, registraba una deuda de $ 741 mil bajo el concepto de préstamo hipotecario.

Esta suerte de radiografía de bienes es posible hacerla solo si hay acceso a las declaraciones patrimoniales juradas de los funcionarios públicos, reportes obligatorios que los servidores tienen que entregar periódicamente.

Diario EXPRESO analizó las declaraciones más recientes de trece autoridades de las principales instituciones del país, como ejercicio del derecho al acceso a la información pública que tiene la ciudadanía, y a pocas semanas de los cambios que estableció la Contraloría para poder ingresar a esos reportes públicos (uno de los personajes políticos renunció y otro fue removido del cargo).

La imposición de las restricciones coincidieron con señalamientos en redes sociales en contra de Xavier Torres, el contralor, sobre un supuesto caso de nepotismo. Él rechazó las acusaciones.

No obstante, si un ciudadano desea consultar la información pública de un funcionario tiene que llenar un formulario con varios datos personales.

Esta exigencia ha sido cuestionada por activistas y organizaciones no gubernamentales, como la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) o la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) porque podría generar un efecto intimidatorio para quienes fiscalizan al poder público. A la fecha sigue inhabilitada la opción de descarga del documento (PDF).

El salto patrimonial de Olsen entre el Ministerio y la Asamblea

Entre las declaraciones analizadas por este Diario constan las de Niels Olsen, hasta hace unos días presidente de la Asamblea Nacional y hombre de confianza del primer mandatario. Olsen acumula un patrimonio de $ 1,8 millones, según su declaración más reciente, en 2025.

En la lista de activos registra nueve cuentas bancarias cuyos montos ascienden a un total de $ 87 mil. El exasambleísta por el movimiento de Gobierno registra una casa adquirida en 2008 en Guayas, por $ 135 mil; un departamento registrado en 2023 también en Guayas, por $ 460 mil.

Olsen es miembro de una familia que se ha dedicado al agroturismo y en su reporte sí registra un vehículo, una camioneta del 2023, adquirida en 2022, por $ 45 mil; y un menaje de casa (mobiliario y enseres), por $ 90 mil.

Entre su paso como ministro de Guillermo Lasso y presidente de la Asamblea, Olsen experimentó un salto patrimonial de aproximadamente $ 1 millón, en acciones de empresas.

Siete años en el CNE y un patrimonio que creció un 130 %

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta hace poco, es otro personaje que está bajo escrutinio. Ella es una de las autoridades nacionales con más años en funciones. Sigue siendo vocal.

Y esto se debe a los problemas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que han provocado lagunas en la ejecución de procesos de renovación de autoridades. Varios vocales del CNE cumplen funciones de forma prorrogada.

Atamaint fue posesionada como presidenta del órgano electoral en 2018. En ese año declaró un patrimonio de $ 165 mil. Siete años después, en 2025, se registró un incrementó de un 130%. Su patrimonio se situó en $ 380 mil.

En esos siete años, además de acumular cuestionamientos por decisiones en su gestión, por la eliminación de partidos y movimientos, y por problemas técnicos en procesos electorales como la caída de la página web de seguimiento al escrutinio, la funcionaria ha multiplicado sus ahorros. A inicios de su gestión, sus cinco cuentas de ahorros tenían $ 1.900. En la más reciente declaración, de 2025, sus cuatro cuentas reportadas suman $ 43 mil.

Así también se registraron cambios en sus bienes inmuebles, como la casa que adquirió en 2008 en Pichincha, valorada en $ 123 mil, que ya no consta en el listado presentado el año anterior. En cambio, entre los bienes más recientes, figura una casa adquirida en 2021 en Pichincha cuyo valor es de $ 325 mil. Además de la casa, en esa lista constan dos terrenos en Morona Santiago, uno menos que en 2018. En los pasivos también se detalla un préstamo hipotecario cuyo saldo es $ 96 mil.

Como respuesta a un correo electrónico de este Diario, Atamaint dijo que por estar en comisión de servicios no era posible atender el pedido de comentarios.

Las siete cuentas bancarias con medio millón de dólares

Andrés Fantoni, quien llegó a la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en abril de 2024 también ha estado marcado por hechos polémicos y acusaciones. Se lo ha señalado de tener afinidad con el oficialismo, de tener responsabilidad en decisiones controvertidas en el proceso de selección del Fiscal General y un inusual aumento en su patrimonio, según actores políticos.

El salto patrimonial ha sido notorio. En 2022, Fantoni declaró un patrimonio de $ 163 mil, cuando laboraba como asesor del Registro Civil de Guayaquil. En su ingreso al CPCCS, en 2023 reportó $ 963 mil. Dos años después, en 2025, declaró $ 1,2 millones.

En ese año, el funcionario enlistó siete cuentas bancarias (entre ahorros y corriente) cuyos montos suman $ 595 mil, más de $ 169 mil que en los registros pasados (declaración de 2023), acciones en empresas por $ 250 mil, cuentas por cobrar por $ 80 mil.

Posee dos vehículos, un bote, menaje de casa, equipos de oficina y otros enseres, valorados en $ 72 mil. En cuanto a bienes inmuebles, Fantoni reportó un departamento en Santa Elena, adquirido en 2018, cuyo valor asciende a los $ 123 mil; y dos casas en Guayas, de 2016 y 2024, avaluadas en $ 230 mil y $ 194 mil, en ese mismo orden.

El patrimonio del contralor que limitó acceso a declaraciones

Uno de los patrones hallados en el análisis es que las autoridades han reportado tres o más cuentas bancarias. En el caso del contralor Xavier Torres constan once, cuyos montos suman $ 14 mil. Entres sus dos carros, equipos de oficina, menaje de casa, joyas y obras de arte acumula $ 110 mil. También cuenta con un terreno en Loja, adquirido en 2015 y valorado en $ 30 mil; y una casa en Pichincha desde 2019, por $ 195 mil.

Torres fue posesionado el 28 de noviembre de 2023. En ese entonces, entró a la institución con un patrimonio de $ 30 mil. Dos años después, sus activos y pasivos le dejaron un saldo de $ 71 mil.

En el ámbito de la justicia también se revisaron las declaraciones patrimoniales de las principales autoridades.

Marco Rodríguez, titular encargado de la CNJ, ha presentado un patrimonio de $ 313 mil. En los registros destacan dos departamentos en Pichincha, adquiridos en 2009 y 2015.

La nueva cabeza de la Judicatura y su radiografía patrimonial

Mercedes Caicedo, quien está al frente del CJ desde el 29 de abril pasado y que tiene la misión de devolver la confianza ciudadana al sistema de justicia tras el caso relacionado con Mario Godoy, presentó en su declaración de 2026 un patrimonio de $ 289 mil.

La evolución del patrimonio del fiscal Alarcón

El análisis también puso el foco en el fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, designado por el CJ ante la renuncia de Wilson Toainga a finales de 2025. El funcionario integró el equipo de fiscales desde 2015. Su declaración de bienes más antigua y disponible es de 2019, cuando reportó un patrimonio de $ 124 mil. Seis años después, el cálculo entre activos y pasivos, le dejó un saldo de $ 187 mil.

El patrimonio del presidente de la Corte Constitucional

Por otro lado, el presidente de la Corte Constitucional, Jhoel Escudero, en su declaración más reciente reportó un patrimonio de $ 99 mil; unos $ 30 mil más que en los registros de 2022.

La revisión de declaraciones patrimoniales también incluyó a otros hombres de confianza de Daniel Noboa, cuyas altas funciones han estado marcadas por acciones cuestionadas.

Las cuentas del ministro salpicado por contratación fallida

Roberto Luque, salpicado en el conocido caso Progen (Apagón), es uno de ellos. El funcionario, quien ha ocupado los cargos de Ministro de Transporte, Ministro de Energía encargado y Ministro de Infraestructura y Transporte (actual), registra declaraciones entre 2023 y 2024. No hay reportes del 2025 y 2026, según la plataforma de la Contraloría. En el reporte más reciente su patrimonio asciende a $149 mil. Presenta trece cuentas bancarias cuyos fondos suman $ 39 mil.

Cuentas en Estados Unidos e inversiones: los activos de Neira

José Julio Neira también es parte del círculo más cercano del mandatario. Antes de posesionarse como Secretario de la Administración Pública, Neira estaba al frente de, al menos, doce funciones por encargo de Noboa, como la dirección de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Desde ese y otros cargos, él ha impulsado denuncias e incluso ha emitido conclusiones de responsabilidades más allá de alguna decisión judicial.

Su cargo más antiguo es de 2023, como Subsecretario General de Acción Estratégica. En la declaración de ese año presentó un patrimonio de $ 447 mil. En el reporte de 2026 su patrimonio escaló a $ 461 mil. Entre sus activos destacan cinco cuentas bancarias, cuatro de esas en Estados Unidos, que registran un total de $ 46 mil. También se enlistan $ 160 mil de inversiones y $ 200 mil de semovientes (ganado). No registra casas ni vehículos.

Ante un pedido de comentarios de este Diario, Neira dijo que «como puede verificar no ha habido ningún aumento ni reducción de patrimonio, por lo que no tengo comentarios para su artículo».

La revisión también documentó los registros de Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). En su más reciente declaración (2025) reportó un patrimonio de $ 356 mil. El exministro de Gobierno presenta una casa de $ 704 mil y un terreno de $ 300 mil, adquiridos en Guayas en 2018.

Los $ 300 mil de cuentas por cobrar de Cabezas-Klaere

Al final de la lista constan los registros del superintendente de Compañías, Luis Cabezas-Klaere. El funcionario reportó casi $ 1 millón de patrimonio. Entre los rubros importantes constan cuentas por cobrar por más de $ 300 mil.

En medio del controversial adelanto de las elecciones seccionales 2027, para el 29 de noviembre de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE), entonces dirigido por Diana Atamaint, decidió eliminar a dos organizaciones políticas, por falta de militantes, una de ellas Unidad Popular (UP).

El proceso avanzó en el CNE, pese a las quejas y recursos del partido. Pero una impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) logró frenar la medida, bajo el argumento de que la decisión del Consejo llegó fuera del límite temporal enmarcado en el Código de la Democracia.

Esto representó una lucha de 80 días para la organización política, afirma su director nacional, Geovanni Atarihuana. En ese tiempo sus miembros se concentraron en su supervivencia legal y no en la preparación para las seccionales. Les provocó incertidumbre entre sus candidatos y posibles aliados, agrega.

Y, aunque eso podría pasarles factura, Atarihuana sostiene que «no hay mal que por bien no venga», ya que «ese ataque de Diana Atamaint» les dio una nueva vida. No solo reafirmó a sus militantes, sino que ahora hay más gente que conoce la lista 2 y que reconoce y apoya su posición política. El proceso de eliminación que llevó adelante el CNE terminó generándoles simpatías.

El camino a las seccionales
En ese proceso de mantener su vigencia, Unidad Popular consiguió renovar sus directivas en todas las provincias. Además, ya definieron sus colegios electorales y entre el 26 de junio y el 2 de julio definirán todas sus candidaturas. Según Atarihuana, el partido espera concretar cuadros en 180 a 190 cantones, incluyendo las prefecturas.

«Nosotros somos un partido real, con bases, con participación democrática, eso nos da la fuerza para resistir lo que resistimos los últimos tres meses», advierte Atarihuana. Y explica que en la renovación de directivas participaron más de 7.000 militantes.

Mientras tanto, en la selección de delegados para los colegios electorales lo hicieron otros 2.500. Además, todas las estructuras y militantes de la lista 2 están habilitados para proponer candidaturas, que serán después vetadas y seleccionadas por esos delegados. «Nosotros no elegimos a dedo y aquí no hay gerente propietario que pone la plata y pone el candidato», dijo.

Serán procesos de democracia interna provinciales, donde se escogerán los perfiles para todas las dignidades de esa circunscripción. Sin embargo, esto conlleva sus retos. Por ejemplo, Manabí cuenta con 22 cantones, por lo que será una de las más complejas de concretar.

Las candidaturas más fuertes estarán en las prefecturas de Azuay, Orellana y Zamora, la Alcaldía de Santo Domingo, entre otras en Manabí. Mientras que en varias provincias están en diálogos con otras listas nacionales y locales, como Pachakutik, Izquierda Democrática y Partido Socialista. Pero eso se definirá hasta el 18 de julio.

La historia de Unidad Popular
Unidad Popular nació como movimiento el 5 de octubre de 2015, con el color rojo por bandera y el número 2 como lista. Sin embargo, toda su estructura política pertenecía originalmente al Movimiento Popular Democrático (MPD), que fue eliminado del registro electoral el año previo.

Esa misma estructura y organización de base, que se mantiene en pie desde 1978, fue la que permitió a la agrupación reinscribirse y recuperar su vida jurídica con 193.507 adherentes, en ese entonces, bajo otro nombre e imagen.

Su militancia y dirigencia salen en gran parte de los sectores populares, de las organizaciones barriales y sindicales, especialmente el de los maestros reunidos en la Unión Nacional de Educadores (UNE), que también fue disuelta durante el correísmo y recuperó su vida jurídica posteriormente.

Y, aunque ha participado constantemente en las contiendas electorales (generales y seccionales), desde el retorno a la democracia sus resultados han sido bajos, pero siempre lo suficientemente altos como para mantener su casillero.

En las votaciones nacionales, su respaldo más alto fue en 1984 (7,3%). Los otros dos porcentajes por sobre el 5% los obtuvo con alianzas. Y en las últimas presidenciales su candidato obtuvo apenas el 0,4%.

Mientras que en las seccionales suele tener más presencia, entre las miles de autoridades a escoger. Por ejemplo, en 2023 obtuvo alrededor de 90 cargos, con alianzas, entre prefecturas (Zamora y Orellana), alcaldías (Latacunga, Cayambe, Camilo Ponce Enríquez, Saraguro, Antonio Ante, entre otras) y concejalías. Esto fue más de lo que consiguió en las de 2019. Fuente: Primicias