La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció, la noche de este lunes 16 de marzo, que el Ministerio de Infraestructura y Transporte terminó unilateralmente el convenio de los accesos al Quinto Puente de Guayaquil.

A través de un video difundido en redes sociales, la funcionaria informó que la decisión afecta específicamente a los tramos 4 y 5 del proyecto, cuya ejecución estaba a cargo de la Prefectura.

Aguiñaga cuestionó la medida adoptada por el Gobierno Nacional y señaló que se estaría intentando “justificar una decisión política con un acto administrativo”.

Según explicó, el Ministerio argumentó una supuesta ineficiencia y abandono de la obra; sin embargo, la prefecta rechazó estas afirmaciones. “Eso es falso”, enfatizó.

La autoridad provincial sostuvo que el proyecto nunca fue abandonado y que, por el contrario, se mantuvo la voluntad de sacarlo adelante, incluso frente a dificultades como estudios técnicos incompletos —que, según indicó, fueron contratados y aprobados por el propio Ministerio— y retrasos en los desembolsos.

De acuerdo con Aguiñaga, durante la ejecución se evidenciaron problemas en los estudios originales.

Además, señaló que en 2025 no se realizaron desembolsos y que varias aprobaciones por parte del Ministerio se retrasaron, afectando el cronograma de la obra.

“La notificación no contiene un análisis técnico que respalde lo que se afirma. Es un acto administrativo con el que el Ministerio intenta justificar una decisión evidentemente política”, aseguró.

Frente a este escenario, la prefecta indicó que la institución procederá conforme a la ley y cumplirá con los pasos administrativos correspondientes.

“Es una pena que, en medio de emergencias y de necesidades urgentes que tiene nuestra provincia, la política termine convirtiéndose en un deporte de alto riesgo”, manifestó.

El ‘Quinto Puente‘ busca conectar la zona portuaria del sur de Guayaquil con los principales corredores viales usados por los transportistas para el traslado de mercancías desde y hacia provincias como: El Oro, Azuay, Chimborazo, Los Ríos, Santo Domingo, Pichincha y Tungurahua. Fuente: Vistazo

El presidente de la República, Daniel Noboa, tildó de falsas las acusaciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, acerca de un presunto bombardeo por parte del Gobierno ecuatoriano en el territorio colombiano.

A través de redes sociales, Noboa se pronunció este martes 17 de marzo para desmentir a Petro, a quien además acusó de dar refugio a la familia de alias ‘Fito‘ y a la excandidata presidencial de Revolución Ciudadana, Luisa González.

El pronunciamiento de Petro se dio durante un consejo de ministros, donde afirmó que se registró un bombardeo en una zona limítrofe con Ecuador, lo que —según dijo— reforzaría su sospecha de un ataque proveniente del país vecino.

Frente a estas declaraciones, Noboa fue enfático en desmentir cualquier acción militar fuera del territorio ecuatoriano. “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, sostuvo.

Además, el jefe de Estado ecuatoriano afirmó que desde el inicio de su mandato se ha combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: «a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes».

Noboa aseguró que Ecuador, con apoyo de la cooperación internacional, mantiene operativos contra estos grupos, atacando los lugares que servían como escondite.

En ese contexto, Noboa añadió que se trata, en gran parte, de estructuras criminales de origen colombiano que —según dijo— «su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera«.

Finalmente, el jefe de Estado sostuvo que no dará marcha atrás. «Mientras en Colombia les dan espacio a la familia de Fito, que cruzaron al país en pleno toque de queda nacional, coincidentemente al mismo tiempo que la excandidata Luisa González. Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador», concluyó.

La denuncia de Petro ocurre en medio de la guerra comercial entre ambos países, que inició en enero el presidente Daniel Noboa, al anunciar la imposición de una «tasa de seguridad» del 30 % a importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el narcotráfico en la frontera. Fuente: Vistazo