La Contraloría General del Estado, entre 2019 y 2022, ha efectuado 191 operativos de control sobre el uso honesto de los recursos públicos en el ámbito de la salud, dijo el titular de este organismo, Carlos Riofrío, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político. De estos procesos se han emitido 166 informes generales, en 87 casos se elevaron informes con indicios de responsabilidad penal, añadió.

Indicó que 115 procesos corresponden al Ministerio de Salud Pública, a través de 101 unidades y dependencias a nivel nacional. Los casos en estudio comprometen 651 millones de dólares, de los cuales 281 millones están en el área del ente rector de la salud y 377 millones de dólares en los procesos de contratación desarrollados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Aseguró que los operativos se ejecutaron a partir de denuncias de la ciudadanía, a través de diferentes canales, incluidas las que se presentaron en los balcones de servicios de la Contraloría, de manera telemática, en la página web institucional.

Entre los principales hallazgos de Contraloría en los referidos procesos constan: no se justificó el proceso de compra por emergencia; no se motivó adecuadamente la necesidad de realizar una contratación emergente; falta de estudios de mercado; prórroga de plazo para la entrega sin sustento técnico ni jurídico; y adjudicación sin las respectivas garantías.

Sin que este sea un justificativo para la presencia de estos fenómenos en la contratación pública, el Contralor del Estado expresó su preocupación por la excesiva rotación del personal en el sector público. En varias instituciones, por el uso y abuso de las distintas modalidades contractuales, ningún funcionario quiere hacerse cargo de la administración de uno o más contratos, para evitar involucrase en posibles irregularidades.

Al ser consultado sobre las diferencias de precios entre la contratación de un hospital y otro, tratándose de las mismas medicinas o insumos, Carlos Riofrío enfatizó que de su experiencia en la Contraloría ningún proceso es igual a otro, por consiguiente, no se puede inferir que por la sola diferencia de precios puede haber alguna irregularidad, todo depende de varios factores que deben ser analizados por las empresas contratantes, previo cumplimiento de los procesos previstos en la ley. (I)

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