La Fiscalía General del Estado enfrenta una encrucijada institucional bajo la conducción de Carlos Leonardo Alarcón. El organismo arrastra desde hace varios años una estructura operativa mermada y el problema se va agravando con el paso del tiempo.
Informes oficiales emitidos en octubre y noviembre de 2026 confirman que la nómina de la carrera fiscal disminuyó de 870 a 857 funcionarios en nueve meses. Esta reducción de personal elevó el déficit institucional a 644 plazas vacantes.
La entidad admitió a PRIMICIAS, que cubre despachos sin titulares, mediante asignaciones temporales a otros agentes que tienen sus propios despachos. Esta modalidad obliga a que un mismo fiscal deba asumir la carga procesal de dos dependencias de forma simultánea.
Este escenario coincide con la fase final del concurso para designar al fiscal titular. Alarcón lidera la tabla de méritos con amplia ventaja matemática.
Los fiscales con ‘doble despacho’
Según la información de distribución territorial de la Fiscalía, la entidad opera con 929 despachos a escala nacional. De ese universo, 868 fiscalías están catalogadas como titulares y 61 dependencias operan bajo encargo.
En esa cifra salta la primera alerta. La Fiscalía asegura que tiene 857 agentes titulares y que 868 oficinas operan con fiscales titulares. ¿Cómo pasa esto?
Ante el descalce, la Dirección de Talento Humano aclaró a PRIMICIAS que esto se debe a que un mismo fiscal consta como titular de dos o más unidades al no existir personal permanente.
A esto se suma que 61 fiscalías del país están bajo el mando de agentes encargados. En estos casos, en cambio, las plazas son asumidas por agentes titulares que reciben una segunda oficina adicional, pero solo como encargo temporal.
Con estas decisiones, la Fiscalía busca garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, la propia entidad reconoció que la medida no representa la incorporación de personal nuevo.
En la nómina de 857 servidores constan 817 agentes fiscales para todo el país. El grupo se completa con 23 fiscales provinciales (también encargados), 16 fiscales de adolescentes infractores y el fiscal general encargado.
La distribución provincial de plazas asignadas bajo la figura de encargo abarca unidades especializadas clave. En Pichincha constan encargos por ejemplo en la Unidad de Transparencia y en Extinción de Dominio.
El mapa de encargos en Quito incluye además el despacho tres de Apoyo al Fuero de Corte Nacional, que investiga a figuras con altos cargos como el Presidente de la República y sus ministros. También figura encargada la Fiscalía Especializada de Investigación de Personas Desaparecidas.
En Guayas, la información detalla que la Fiscalía de Flagrancia funciona mediante encargo.
Igual situación registran fiscalías multicompetentes en cantones con altos índices delictivos. En la provincia de Los Ríos existen encargos en las fiscalías multicompetentes de Mocache y Valencia. Asimismo, constan vacantes encargadas en las unidades judiciales de Ventanas y Vinces.
En Manabí, cantones como Sucre y Montecristi mantienen despachos multicompetentes sin agentes titulares. En Esmeraldas, la Fiscalía Multicompetente del cantón Eloy Alfaro también opera con encargo.
Otras dependencias con encargos corresponden a unidades de Tránsito en Loja y dos en Tungurahua. La lista se extiende a despachos de atención integral en Bolívar, Cañar, Chimborazo y Santa Elena.
El déficit institucional escaló
Mientras el Ministerio Público se llena de encargos, la Dirección de Procesos y Calidad de la Fiscalía actualizó la brecha de talento humano. El cálculo técnico determinó que el déficit de agentes fiscales a septiembre de 2026 subió a 644 puestos.
La proyección inicial del Plan de Cobertura 2022-2025 estimaba una carencia de 656 funcionarios. Dicha fórmula técnica partió de un número de 845 fiscales registrados en 2022.
Para el 31 de diciembre de 2025, la entidad reportó 870 agentes en funciones a escala nacional. En esa fecha, el déficit de personal se fijó en 631 puestos de investigación.
La reducción de 870 a 857 servidores entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026 agravó la carencia. La pérdida de 13 funcionarios en nueve meses amplió la brecha frente al óptimo de 1.501 fiscales.
La falta de personal golpea con mayor fuerza a las provincias que registran altos niveles de criminalidad. Guayas encabeza el déficit nacional con 196 agentes requeridos, para llegar a su óptimo de 374.
Pichincha se ubica en el segundo lugar de desabastecimiento institucional, con 85 fiscales faltantes. La provincia cuenta con 196 agentes activos frente a una capacidad óptima calculada en 281 puestos.
En Manabí, provincia que constituye una ruta del narcotráfico, operan 50 fiscales para atender 131 plazas. El déficit en esa jurisdicción alcanza 81 servidores, lo que satura la capacidad investigativa.
Otras provincias con marcadas vacantes son Los Ríos con 41 plazas fiscales descubiertas y Azuay con 34. En Tungurahua faltan 24 agentes, en Esmeraldas 23 funcionarios y en Cotopaxi se necesitan 21.
La única provincia que no reporta saldo negativo en el informe técnico oficial es Zamora Chinchipe. Dicha jurisdicción registra 13 fiscales en funciones frente a una necesidad óptima fijada en 12 puestos.
La posibilidad de incorporar nuevos agentes choca contra las limitaciones presupuestarias de la entidad. La Fiscalía General del Estado cuenta con un presupuesto asignado para 2026 de USD 138,3 millones.
El 92% de los recursos económicos de la institución está comprometido exclusivamente en el pago de sueldos. Apenas un 8%, equivalente a cerca de USD 11 millones, queda disponible para el gasto operativo.
El estancamiento de causas penales y la reserva legal
La sobrecarga de tareas coincide con un embudo procesal que afecta la resolución de causas penales. Entre 2020 y septiembre de 2026, la Fiscalía recibió más de 2,2 millones de noticias del delito.
El 88% de los expedientes ingresados en 2026 permanece estancado en la fase de investigación previa. En 2020, las investigaciones previas representaban únicamente el 21% de los casos abiertos ese año.
Los casos represados en indagación previa pasaron de 55.424 en 2020 a 217.059 a septiembre de 2026. En 2025 se registró la cifra anual más alta de causas en esta fase preliminar con 262.739 casos.
Asimismo, las sentencias condenatorias dictadas por los jueces muestran una caída sostenida en el período analizado. En 2020 se emitían 35 condenas diarias, mientras que en 2026 el promedio bajó a apenas cinco al día. Fuente: Primicias





