El encuentro entre Ciudad de Yantzaza y Río Aguarico FC, correspondiente al campeonato de Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano, terminó marcado por un hecho de violencia ocurrido el sábado 17 de octubre de 2026 en el estadio municipal Juan Galarza Márquez.
Según los reportes difundidos y las imágenes que circularon en redes sociales, el árbitro asistente Lenin Ojeda recibió el impacto de una piedra lanzada desde el sector del banco de suplentes. La agresión le provocó lesiones que le impidieron continuar con sus funciones y motivaron su traslado en ambulancia para recibir atención médica. Durante una entrevista radial, también se mencionó la posibilidad de una fractura y de una intervención quirúrgica, aspectos cuya evolución no está confirmada en la información disponible.
Asesor arbitral cuestiona los protocolos de seguridad
Tras lo ocurrido, Klever Polivio Rojas, asesor arbitral, se pronunció en un medio radial de Yantzaza y calificó el incidente como un hecho lamentable e inaceptable dentro de un escenario deportivo.
Rojas sostuvo que la violencia no puede justificarse bajo ninguna circunstancia y señaló que este tipo de conductas perjudica tanto a los integrantes del arbitraje como a los clubes involucrados y a la imagen del fútbol local. Asimismo, manifestó su preocupación por la necesidad de establecer medidas firmes para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
El asesor explicó que, antes de los encuentros, se realizan reuniones de coordinación entre los representantes de los clubes, el comisario de juego y los responsables arbitrales, con el propósito de organizar los aspectos relacionados con la seguridad. En estas reuniones, según indicó, se abordan requerimientos como la presencia policial, la contratación de seguridad privada y la disponibilidad de asistencia médica.
En este contexto, consideró necesario revisar si las medidas previstas para el partido se cumplieron y si existió una respuesta adecuada frente a la agresión. A su criterio, ante un hecho de esta naturaleza, correspondía solicitar de inmediato la intervención de las autoridades competentes.
Rojas también señaló que la Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) deberá analizar los informes del equipo arbitral, del comisario de juego y del asesor arbitral, además de las grabaciones y otros elementos disponibles, para establecer las responsabilidades que correspondan.
Posibles consecuencias deportivas, penales y civiles
Por su parte, el abogado Franco Tamay explicó que el caso podría tener consecuencias en tres ámbitos: deportivo, penal y civil, dependiendo de las pruebas y de las decisiones de las autoridades competentes.
En el ámbito deportivo, la Comisión Disciplinaria de la FEF deberá determinar si existió una infracción al Código Disciplinario y establecer la sanción aplicable, garantizando el derecho a la defensa de la persona involucrada. Tamay señaló que una eventual responsabilidad individual no implica automáticamente que el club pierda el encuentro o sea excluido del campeonato; cualquier sanción institucional deberá sustentarse en una infracción expresamente contemplada en la normativa.
En el ámbito penal, el abogado indicó que los hechos podrían ser investigados bajo las disposiciones del artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), relativo al delito de lesiones, si se configuran sus elementos. La valoración médico-legal, las grabaciones y los demás indicios serían relevantes para determinar la naturaleza de las lesiones y las posibles responsabilidades. La calificación jurídica definitiva corresponde a las autoridades competentes.
En cuanto al ámbito civil, Tamay explicó que la persona afectada podría reclamar la reparación de los daños demostrados, incluidos los gastos médicos, los ingresos que eventualmente haya dejado de percibir y una posible indemnización por daño moral, conforme a los requisitos legales aplicables. La eventual responsabilidad del club tendría que analizarse de forma independiente y no se deriva automáticamente de la conducta individual de un jugador.
La seguridad deportiva, bajo análisis
Durante la entrevista radial, Rojas también advirtió que la Comisión Disciplinaria podría examinar las condiciones de seguridad del escenario deportivo y el cumplimiento de las recomendaciones previas al compromiso. Sin embargo, precisó que cualquier eventual sanción al estadio o responsabilidad de la organización dependerá de los informes y de los resultados del procedimiento correspondiente.
El caso ha generado preocupación y rechazo entre ciudadanos y aficionados, al tratarse de un hecho que pone en riesgo la integridad física de quienes participan en una competencia deportiva.
Lo ocurrido en el estadio Juan Galarza Márquez vuelve a poner sobre la mesa la importancia de fortalecer los protocolos de seguridad, garantizar una respuesta oportuna ante hechos violentos y promover el respeto entre jugadores, árbitros, dirigentes y aficionados.
El fútbol debe ser un espacio de competencia, convivencia y respeto. La determinación de responsabilidades y la aplicación de las normas correspondientes serán fundamentales para esclarecer este caso y prevenir nuevos episodios de violencia.
