“Estar a oscuras en la Mitad del Mundo no es un castigo divino; es el monumento a la negligencia estata”l.
Por: Alonzo Cueva
Analista político y social de Zamora Chinchipe
Ecuador lo tiene todo: un sol vertical que brilla con fuerza todo el año, ríos caudalosos y vientos potentes recorriendo la cordillera de los Andes. Sin embargo, la realidad actual es paradójica y dolorosa: el país se encuentra sumido en las sombras. Nuestra ubicación geográfica privilegiada nos otorga una radiación solar perpendicular constante durante 12 horas al día, los 365 días del año; una condición idónea para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos masivos que jamás se priorizaron. A esto se suma una inmensa riqueza hidrográfica por kilómetro cuadrado y pasillos de viento continuo en las zonas altas del austro y Loja, perfectos para generar energía eólica estable. La naturaleza nos dio la abundancia, pero la política nos condenó al apagón.
Atribuir las desconexiones solo a la falta de lluvia es como culpar al sol por no tener protector solar. La sequía es un fenómeno natural predecible; el apagón masivo es un fenómeno político provocado por la ineficiencia y la absoluta falta de gestión gubernamental. La prueba reina de esta desidia reposa en los escritorios oficiales a través de una serie de alertas que el Operador Nacional de Electricidad (CENACE) emitió de forma sistemática y que el Gobierno prefirió ignorar para terminar improvisando a última hora. Desde el 19 de octubre de 2023, CENACE declaró formalmente el Periodo de Alerta de Déficit. Ya en marzo de este año 2026, los informes técnicos proyectaban un 18% de probabilidad de apagones severos y se ordenaba a las grandes industrias encender sus generadores. Las alertas continuaron en agosto, anticipando que noviembre sería el mes más crítico con un déficit de 450 MW, hasta que el 15 de septiembre se formalizó el escenario de ‘alto riesgo’ por el desplome de la represa Mazar. El Ejecutivo lo sabía, pero cruzó los brazos. Para colmo, la respuesta de emergencia está bajo la lupa de la Fiscalía por un presunto perjuicio de más de $104 millones en contratos fallidos, mientras las barcazas alquiladas pasan más tiempo en trabas de combustible que generando energía real.
La falta de previsión estatal es tan evidente y sistémica que ha terminado por alterar el calendario democrático de la nación. El propio Consejo Nacional Electoral (CNE) se vio obligado a modificar su planificación original para adelantar la jornada de votación de las elecciones seccionales al domingo 29 de noviembre de 2026. Basado en alarmantes informes técnicos sobre desastres hidrometeorológicos y el impacto vial de El Niño previsto para inicios de 2027, el organismo electoral prefirió reestructurar el cronograma nacional antes que someter las urnas a la parálisis de un Estado incapaz de responder a las crisis básicas. Es la confirmación definitiva: la ineficiencia del poder central es predecible en las estadísticas, pero destructiva en la práctica.
Las consecuencias de esta inacción configuran una verdadera sangría económica. El sector productivo calcula una pérdida de $12 millones por cada hora de apagón, comprometiendo hasta el 1.5% del PIB nacional. La exigencia de un apagón industrial de 168 horas destruye de manera irreversible la cadena de producción. Si una fábrica no produce, no factura; y si no factura, se destruye el empleo formal. Este golpe centralista se siente con especial crueldad en el ámbito local de nuestra provincia de Zamora Chinchipe, donde el bolsillo del pequeño comerciante, bodeguero o ganadero asume los platos rotos al perder sus cadenas de frío o quemar su capital comprando generadores privados y diésel caro. Cuando Carondelet apaga la luz por una semana seguida, no realiza un racionamiento técnico; decreta la muerte clínica del empleo y enciende los motores de la delincuencia en nuestras calles.
Para salir de esta crisis se requiere la aplicación urgente de una matriz técnica estructurada en tres fases: en el corto plazo, sincerar horarios, activar incentivos tributarios a la autogeneración privada y retomar la diplomacia energética con Colombia; en el mediano plazo, crear un comité técnico independiente para auditar y reparar el parque termoeléctrico estatal fuera de servicio por falta de mantenimiento crónico; y en el largo plazo, modificar reglamentos para atraer inversión privada masiva en energía solar, eólica y geotérmica. De nada sirve tener ríos, sol y viento si las autopistas eléctricas del país están viejas y saturadas. Modernizar la infraestructura es pasar de una transmisión de cristal que se rompe por completo ante cualquier falla local a una red inteligente que aísle los problemas. Es hora de que el Estado asuma su rol con competencia o dé un paso al costado para permitir que el país vuelva a encenderse.
