Tras el aluvión del 4 de julio, la provincia enfrenta una doble incertidumbre: seis personas continúan desaparecidas y persisten interrogantes sobre la representación del Ejecutivo.
Crisis institucional tras la tragedia
Han pasado casi tres meses desde el aluvión que golpeó Santa Isabel, parroquia Guadalupe. Seis personas continúan desaparecidas, entre ellas la entonces gobernadora de Zamora Chinchipe. Mientras las familias esperan respuestas, surge otra interrogante de carácter constitucional y administrativo: ¿quién ejerce legalmente la representación del Gobierno Nacional en la provincia?
La tragedia que abrió una segunda crisis
El 4 de julio de 2026 quedó marcado en la memoria de Zamora Chinchipe. Un aluvión ocurrido en el sector de Santa Isabel, parroquia Guadalupe, provocó una emergencia que dejó personas fallecidas y desaparecidas.
De acuerdo con los datos abordados durante una entrevista jurídica, seis personas permanecen desaparecidas.
Entre ellas se encuentra la entonces gobernadora provincial, quien se encontraba en el sector durante la emergencia.
La tragedia, sin embargo, no terminó con el paso de los días.
Mientras las familias continúan esperando información sobre sus seres queridos, la provincia enfrenta una segunda interrogante: ¿Quién representa actualmente al Ejecutivo Nacional en Zamora Chinchipe y bajo qué instrumento jurídico ejerce esa función?
Una Gobernación en zona de incertidumbre
Durante la entrevista, el abogado constitucionalista consultado sostuvo que existe una situación de “inseguridad jurídica” alrededor de la Gobernación.
Su preocupación se centra en determinar si la persona que actualmente estaría ejerciendo funciones lo hace mediante una subrogación, un encargo u otra figura administrativa.
El jurista mencionó al intendente de Policía, Lenin Bravo, y cuestionó que no estaría claramente identificado el acto administrativo mediante el cual habría asumido la representación de la Gobernación.
La diferencia no sería solamente formal.
Desde el punto de vista del derecho administrativo, la competencia constituye uno de los elementos esenciales para que una autoridad pueda adoptar decisiones en nombre del Estado.
Por ello, el abogado plantea que el Ejecutivo debe determinar formalmente cuál es la situación administrativa de la Gobernación y quién está facultado para ejercer sus funciones.
“Primero hay que establecer qué es lo que está sucediendo en la Gobernación”, sostuvo el jurista durante la entrevista.
El problema no es solamente político
La controversia adquiere una dimensión jurídica porque las decisiones de una autoridad pública deben estar respaldadas por la Constitución, la ley y el correspondiente acto de designación o delegación.
Durante la entrevista se mencionó el artículo 105 del Código Orgánico Administrativo como parte del análisis sobre la competencia de las autoridades.
El abogado advirtió que, si una autoridad actúa fuera de las competencias que legalmente le corresponden, determinadas actuaciones podrían ser cuestionadas ante las instancias administrativas o judiciales.
Esto no significa que todos los actos emitidos durante este período sean automáticamente ilegales o nulos.
Su validez tendría que analizarse individualmente y por las autoridades competentes.
Pero la incertidumbre sobre la autoridad que ejerce la representación provincial sí plantea una interrogante que el Ejecutivo debe aclarar.
¿Subrogación, encargo o nuevo gobernador?
La entrevista plantea tres escenarios posibles, dependiendo de la situación jurídica que determine el Gobierno Nacional.
Si se considera que existe una ausencia temporal, deberá aplicarse el mecanismo de subrogación que corresponda conforme al régimen jurídico vigente.
Si se determina otra situación administrativa, podría corresponder un encargo.
Y si existe una ausencia definitiva respecto del ejercicio de la función, deberá analizarse la designación de una nueva autoridad.
El punto central, según el abogado entrevistado, es que la administración central debe determinar primero cuál es la situación jurídica de la Gobernación.
No sería necesario, según su interpretación, esperar una eventual declaración de muerte presunta de la gobernadora desaparecida para resolver la continuidad administrativa de la institución.
La situación personal de una persona desaparecida y la continuidad de una institución pública son asuntos jurídicamente diferentes.
Seis familias siguen esperando
El debate institucional no puede separar la mirada de la tragedia humana.
Seis personas continúan desaparecidas desde el aluvión.
Sus familiares enfrentan una incertidumbre que puede prolongarse más allá de la búsqueda física.
Durante la entrevista se plantearon posibles dificultades relacionadas con herencias, seguros, obligaciones laborales, seguridad social y otros derechos.
En estos casos, existen procedimientos jurídicos específicos.
El abogado explicó que la eventual declaración de muerte presunta corresponde a un procedimiento individual relacionado con la situación civil de la persona desaparecida.
Pero insistió en que la administración pública debe resolver por separado quién ejerce la representación del Ejecutivo.
La provincia, en otras palabras, no debería permanecer institucionalmente indefinida mientras las familias atraviesan sus propios procesos jurídicos.
La pregunta que también es política
La discusión inevitablemente alcanza al Gobierno Nacional.
¿Por qué, después de varias semanas, no existe una explicación pública suficientemente clara sobre la situación administrativa de la Gobernación?
La pregunta adquiere mayor fuerza porque Zamora Chinchipe continúa enfrentando las consecuencias de una emergencia que dejó desaparecidos y familias esperando respuestas.
Durante la entrevista, el abogado cuestionó políticamente la respuesta del Ejecutivo y planteó que la provincia podría estar recibiendo menor atención por su condición territorial y demográfica.
Estas expresiones corresponden a la valoración política del jurista entrevistado y no constituyen, por sí mismas, una conclusión independiente sobre las motivaciones del Gobierno.
Sin embargo, colocan sobre la mesa un debate de fondo:
¿La presencia del Estado debe tener la misma fuerza en todas las provincias, independientemente de su población o peso político?
Debería estar relacionada con la igualdad de protección de los derechos y con la presencia efectiva de las instituciones públicas en todo el territorio nacional.
¿Dónde está el estado?
La pregunta que deja esta historia es más amplia que la situación de una autoridad.
Es una pregunta sobre la capacidad institucional del Estado.
¿Quién coordina?
¿Quién decide?
¿Quién recibe los reclamos?
¿Quién responde ante las familias?
¿Quién representa al Ejecutivo?
¿Quién tiene competencia para emitir determinados actos administrativos?
Cuando una emergencia golpea a una provincia, la ciudadanía necesita respuestas claras.
La ausencia física de una autoridad no debería convertirse en ausencia institucional.
El riesgo de futuras demandas
Otro de los aspectos analizados durante la entrevista es el eventual impacto judicial de las actuaciones administrativas.
El abogado sostuvo que, si se determina posteriormente que determinados funcionarios actuaron sin competencia o vulneraron derechos, podrían generarse procesos administrativos, constitucionales o contencioso-administrativos.
También advirtió sobre eventuales consecuencias económicas para el Estado si los órganos jurisdiccionales determinan responsabilidades y ordenan reparaciones o indemnizaciones.
Sin embargo, cualquier responsabilidad individual deberá establecerse mediante el procedimiento correspondiente y respetando el debido proceso.
La discusión plantea así un escenario preventivo: la falta de claridad institucional de hoy podría convertirse en un conflicto jurídico mañana.
Una provincia que necesita certezas
La situación de Zamora Chinchipe requiere, según el análisis realizado durante la entrevista, una respuesta formal del Ejecutivo.
El abogado planteó una ruta:
1- Determinar oficialmente la situación administrativa de la Gobernación.
2- Establecer si existe ausencia temporal o definitiva de la autoridad titular.
3- Determinar quién debe ejercer legalmente la representación provincial.
4- Emitir el correspondiente acto administrativo.
5- Garantizar simultáneamente la protección de los derechos de las familias de las personas desaparecidas.
El objetivo, desde esta perspectiva, no sería únicamente designar un nombre.
Se trata de garantizar una estructura institucional clara.
La respuesta que espera Zamora Chinchipe
El aluvión ocurrió el 4 de julio.
Casi tres meses después, seis familias continúan esperando respuestas sobre sus seres queridos.
Y la provincia continúa esperando claridad sobre la representación del Ejecutivo.
La tragedia puso a prueba la capacidad de respuesta ante una emergencia.
Ahora también pone a prueba la institucionalidad.
Porque una administración pública necesita algo más que funcionarios.
Necesita competencia, legalidad, transparencia y responsabilidad.
La ciudadanía tiene derecho a saber quién toma las decisiones en su territorio y bajo qué fundamento jurídico.
Las familias tienen derecho a conocer qué mecanismos puede activar el Estado frente a la desaparición de sus seres queridos.
Y las instituciones tienen la obligación de actuar dentro del marco constitucional y legal.
Zamora no pide privilegios. Pide respuestas.
La provincia no puede quedar atrapada entre una tragedia sin resolver y una institucionalidad sin explicaciones suficientes.
La búsqueda de los desaparecidos debe continuar.
Los derechos de sus familiares deben ser protegidos.
Y la representación del Ejecutivo debe quedar jurídicamente definida.
No se trata solamente de quién ocupa una oficina.
Se trata de quién tiene la autoridad para decidir en nombre del Estado.
¿A quién responde ante la ciudadanía?
¿Quién asume las consecuencias de sus actos?
Y, sobre todo, de si las instituciones públicas están preparadas para responder cuando una emergencia golpea a una provincia amazónica y fronteriza.
Zamora Chinchipe necesita certezas.
Certezas para las familias.
Certezas para las instituciones.
Certezas para los ciudadanos.
Y una respuesta clara del Gobierno Nacional sobre una pregunta que, después de casi tres meses, continúa sobre la mesa:
¿QUIÉN GOBIERNA ZAMORA CHINCHIPE?





