Por: Alonzo Cueva Rojas
La desesperación colectiva frente a la crisis de inseguridad en Ecuador está empujando el debate público hacia terrenos sumamente peligrosos. Entre el miedo y la indignación, voces ruidosas en las redes sociales y las calles plantean una supuesta solución: la creación de “escuadrones de la muerte”. Quienes defienden esta idea argumentan que la justicia ordinaria ha fracasado y que el exterminio clandestino de los criminales devolverá la paz. Sin embargo, como educador y analista, considero indispensable advertir que esta propuesta no solo es ilegal, sino que ignora con ligereza las tragedias más oscuras de la historia latinoamericana. Quienes opinan sin bases olvidan que la violencia estatal o paraestatal fuera de la ley siempre degenera en barbarie generalizada.
El ejemplo de la guerra civil en Guatemala (1962-1996) es una advertencia dolorosa que todo ecuatoriano debería estudiar antes de pedir medidas extremas. En ese conflicto, la aparición de la policía paralela y los escuadrones de la muerte no trajo seguridad ni orden. Al contrario, las dictaduras utilizaron estas fuerzas clandestinas para cometer las más grandes atrocidades. Bajo la excusa de erradicar la delincuencia o la insurgencia, se arrasaron aldeas enteras y se asesinaron a decenas de miles de campesinos, indígenas, estudiantes, periodistas e intelectuales que nada tenían que ver con el conflicto armado.
La historia de la líder indígena Rigoberta Menchú, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1992, personifica el impacto real de otorgar licencias para matar en la sombra. Los miembros de su familia sufrieron la peor parte de esta violencia desbocada: su madre fue torturada y asesinada por militares, y su padre, Vicente Menchú, fue quemado vivo junto a otras 36 personas por la Policía Nacional en la trágica masacre de la embajada española en 1980. Esta dolorosa experiencia demuestra que, una vez que se rompe el marco legal, los límites desaparecen. Los escuadrones de la muerte no seleccionan con precisión quirúrgica; se convierten en herramientas de venganza, control social y exterminio de inocentes.
Ecuador no puede pretender apagar el fuego con gasolina. No nos hacen falta más reformas legales; leyes e instrumentos jurídicos tenemos de sobra en el país. El verdadero camino para combatir el crimen organizado radica en asignar el presupuesto suficiente para la preparación rigurosa y el equipamiento técnico de nuestras fuerzas del orden, así como una activa participación de la ciudadanía en los planes de seguridad. El combate eficaz a la delincuencia debe exigir inteligencia estratégica, control territorial, depuración judicial y un sistema penal eficiente, pero siempre dentro del marco de la ley. Reclamar el regreso de los escuadrones de la muerte no es un acto de valentía, sino una muestra de profunda ignorancia histórica que solo pavimentaría el camino hacia la destrucción de nuestra propia sociedad.
