José Luis, exgerente de la Cooperativa de Transportes Unión Yantzaza y asesor del transporte a nivel nacional, analizó en la entrevista la decisión de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de aprobar un incremento del 25 % en las tarifas del transporte interprovincial e intraprovincial, medida que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto. Durante su intervención explicó las razones técnicas que, según el sector transportista, motivaron la actualización tarifaria, así como las implicaciones económicas para los usuarios y las operadoras de transporte.
José Luis señaló que desde el año 2021 las tarifas del transporte no habían sido modificadas, pese al incremento sostenido en los costos operativos, especialmente por el aumento del precio de los combustibles y de la canasta de repuestos. Afirmó que esta situación provocó que numerosas operadoras trabajaran con márgenes económicos reducidos e incluso registraran pérdidas, comprometiendo la sostenibilidad del servicio de transporte terrestre en el país.
El exdirigente explicó que la ANT realizó un análisis técnico utilizando las metodologías establecidas para la revisión tarifaria, concluyendo que el incremento del 25 % representa un alivio para el sector, aunque reconoció que no compensa totalmente el impacto generado por el incremento de los costos de operación.
En cuanto a las nuevas tarifas, indicó que algunos valores referenciales quedarían de la siguiente manera: el pasaje Zamora–Loja pasará de 3,50 dólares a 4,31 dólares; el recorrido hacia Guayaquil tendrá un costo aproximado de 12,94 dólares; mientras que desde Yantzaza hasta Quito la tarifa será de 35,33 dólares. Asimismo, mencionó que la ANT difundió una tabla con las nuevas tarifas para diferentes destinos provinciales y nacionales; sin embargo, advirtió que existen inconsistencias en algunos recorridos de Zamora Chinchipe, especialmente en rutas como Sabanilla, por lo que solicitó que dichas observaciones sean revisadas y corregidas por las autoridades competentes.
José Luis también aclaró que el incremento tarifario no aplica al transporte urbano, debido a que la fijación de esas tarifas corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados o a las mancomunidades que ejercen dicha competencia, las cuales deberán realizar sus propios estudios técnicos antes de establecer cualquier modificación.
Otro aspecto abordado durante la entrevista fue la implementación de nuevas obligaciones para las operadoras de transporte. Explicó que, junto con la actualización de tarifas, las unidades deberán incorporar botones de pánico y sistemas de conteo electrónico de pasajeros, medidas orientadas a fortalecer la seguridad de los usuarios y mejorar el control operativo del servicio de transporte público a nivel nacional.
Respecto a las tarifas preferenciales, recordó que se mantienen vigentes los beneficios establecidos en la ley, por lo que los adultos mayores, estudiantes, niños y personas con discapacidad continuarán accediendo al 50 % de descuento sobre el valor del pasaje, sin que esta normativa haya sufrido modificaciones con la nueva resolución tarifaria.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que ejecuten controles permanentes en las terminales terrestres, evitando que las operadoras cobren valores superiores al incremento autorizado por la ANT. Asimismo, consideró indispensable que también exista vigilancia en los mercados para impedir un incremento injustificado en los precios de los productos de primera necesidad como consecuencia del ajuste en las tarifas del transporte. Añadió que la ciudadanía debe mantenerse informada sobre la aplicación de estas nuevas disposiciones, que empezarán a regir desde el 1 de agosto.
