El pasado 30 de junio se desarrolló el acto oficial de clausura del año lectivo 2025–2026 de la Unidad Educativa El Valle de Elah, ubicada en el cantón Zamora, ceremonia que reunió a autoridades educativas, docentes, padres de familia y estudiantes en un ambiente de alegría y reconocimiento académico.

La institución educativa cerró exitosamente el período escolar con un total de ocho estudiantes, quienes culminaron satisfactoriamente su proceso formativo en los distintos niveles educativos.

El evento contó con la presencia de la licenciada Carmen Pérez, delegada de la directora distrital de Educación, quien participó en representación de las autoridades educativas del distrito y destacó la importancia del acompañamiento institucional en el fortalecimiento de la educación en sectores rurales y comunitarios.

Durante la ceremonia se desarrolló el acto de incorporación de los estudiantes del Nivel Inicial y de Educación Básica Superior (EBS), quienes alcanzaron una nueva etapa en su formación académica gracias al esfuerzo conjunto de docentes, padres de familia y comunidad educativa.

La jornada estuvo marcada por momentos emotivos y expresiones de gratitud hacia los estudiantes por su dedicación y compromiso durante el período escolar 2025–2026.

Las autoridades de la Unidad Educativa El Valle de Elah resaltaron además el trabajo permanente del personal docente en el fortalecimiento de valores, conocimientos y habilidades de los niños y adolescentes, reafirmando el compromiso institucional con una educación integral y de calidad.

Asimismo, se reconoció el respaldo de las familias, considerado fundamental en el desarrollo académico y personal de los estudiantes.
El acto de clausura representó no solo el cierre de un ciclo escolar, sino también una oportunidad para celebrar los logros alcanzados por la comunidad educativa y motivar a los estudiantes a continuar fortaleciendo su formación académica en los próximos niveles educativos.

Moradores del barrio La Península expresaron su preocupación por el uso inadecuado de una cancha deportiva del sector, la cual, según denuncian, estaría siendo utilizada como estacionamiento para vehículos y motocicletas vinculados a negocios privados.

Los habitantes sostienen que esta situación impide que niños, niñas y jóvenes, entre ellos integrantes de una escuela de voly, puedan desarrollar con normalidad sus actividades deportivas.

Señalan que estos espacios fueron construidos para fomentar la recreación, el deporte y la convivencia comunitaria, por lo que consideran inaceptable que sean ocupados con fines ajenos a su propósito.

«Hoy todos hacen lo que les da la gana en el cantón. No tenemos autoridades, ni concejales, peor alcalde», manifestaron varios moradores, quienes cuestionan la falta de controles y de acciones para proteger los bienes públicos.

Los vecinos hacen un llamado urgente al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora y a las entidades competentes para que intervengan, hagan respetar los espacios públicos y garanticen que las áreas deportivas permanezcan disponibles para el beneficio de la comunidad.

Finalmente, los ciudadanos insisten en que el respeto por los bienes públicos es una responsabilidad compartida y que la autoridad debe actuar con firmeza para evitar que estas prácticas continúen afectando el derecho de la niñez y la juventud a desarrollar actividades deportivas en condiciones adecuadas.

Hay una realidad que cada día me preocupa más: la política está dejando de debatirse con ideas para convertirse en un campo de resentimientos. Las redes sociales, que podrían ser una herramienta para vigilar el poder y enriquecer el debate democrático, hoy parecen ser el lugar donde muchos descargan frustraciones personales disfrazadas de defensa del pueblo.

Hace pocos días observé las reacciones a una publicación en la que una asambleísta de nuestra provincia solicitaba seguridad personal. En lo personal, no comparto esa decisión, aunque está en todo su derecho de hacerlo. Pero ese no es el tema de fondo.

Lo verdaderamente preocupante fue leer a ciertos personajes —algunos exfuncionarios, otros profesionales y varios actores políticos— presentarse como defensores de la provincia. Muchos de ellos escribían con una dureza que pretendía aparentar indignación ciudadana. Sin embargo, detrás de varios de esos discursos no se percibe preocupación por la gente, sino el sabor amargo de intereses que nunca fueron satisfechos, es decir; es un interés personal.

Porque hay que decirlo con claridad: no toda crítica nace del compromiso con la sociedad. Hay críticas que nacen porque no hubo un nombramiento, porque no llegó un contrato, porque no existió un favor político o simplemente porque alguien no fue tomado en cuenta. Cuando eso ocurre, la defensa del pueblo deja de ser una convicción para convertirse en una excusa.

Y esa diferencia es enorme.

La democracia necesita una oposición firme, necesita periodistas críticos, ciudadanos vigilantes y voces que fiscalicen el poder. Lo que no necesita son ataques motivados por resentimientos personales. Quien cuestiona únicamente cuando sus intereses fueron afectados no está haciendo política; está cobrando una factura.

También resulta curioso que muchos de los más valientes en las redes sociales desaparezcan cuando tienen la oportunidad de expresar esas mismas opiniones en un debate público o frente a un micrófono. Es más sencillo escribir detrás de una pantalla que sostener una posición con argumentos y responsabilidad.

La política jamás debería medirse por la cantidad de favores recibidos. Un cargo público no existe para repartir puestos de trabajo entre amigos ni para devolver apoyos electorales. Su obligación es servir al conjunto de la sociedad. Cuando reducimos la política al beneficio personal, el desarrollo deja de ser el objetivo y pasa a ser una simple disputa por espacios de poder.

Pero sería injusto señalar únicamente a quienes gobiernan. Los ciudadanos también tenemos una enorme responsabilidad en la calidad de nuestra democracia.

Cada autoridad que hoy ocupa un cargo llegó porque alguien votó por ella. Y aquí aparece una verdad incómoda: quien aceptó dinero, una dádiva o cualquier beneficio para entregar su voto pierde buena parte de la autoridad moral para reclamar después honestidad. El voto no es una mercancía. Cuando se vende, también se vende una parte del futuro colectivo.

No podemos indignarnos por la corrupción si primero normalizamos comprar y vender conciencias durante una campaña electoral. Quien llega al poder repartiendo dinero difícilmente entenderá la política como un servicio. Lo más probable es que la vea como una inversión que deberá recuperar.

Por eso la transformación de una provincia no empieza cuando cambian las autoridades. Empieza cuando cambia la conducta de quienes las eligen.

Necesitamos recuperar algo que parece estar desapareciendo: la autoridad moral para exigir. Esa autoridad no nace del odio ni del resentimiento. Nace de actuar con coherencia. Nace de votar con libertad, de rechazar las dádivas, de denunciar con pruebas, de criticar con argumentos y de exigir pensando en el bien común.

Una provincia no progresa cuando cada grupo pelea por su propio interés. Progresa cuando la ciudadanía entiende que las verdaderas luchas son aquellas que benefician a todos.

El odio nunca ha construido un hospital o una universidad. El resentimiento nunca ha generado empleo. Los insultos jamás han mejorado una escuela ni han abierto una carretera.

Lo que sí cambia una sociedad es una ciudadanía capaz de mirar más allá de sus intereses personales y entender que la política no debe servir para cobrar favores, sino para construir futuro.

Porque, al final, la pregunta no debería ser qué nos dio un político. La verdadera pregunta es qué estamos haciendo nosotros para que la política vuelva a ser un servicio y no un negocio.

Solo cuando podamos responder esa pregunta con honestidad tendremos la autoridad moral para exigir el cambio que tanto reclamamos.