Hay una realidad que cada día me preocupa más: la política está dejando de debatirse con ideas para convertirse en un campo de resentimientos. Las redes sociales, que podrían ser una herramienta para vigilar el poder y enriquecer el debate democrático, hoy parecen ser el lugar donde muchos descargan frustraciones personales disfrazadas de defensa del pueblo.
Hace pocos días observé las reacciones a una publicación en la que una asambleísta de nuestra provincia solicitaba seguridad personal. En lo personal, no comparto esa decisión, aunque está en todo su derecho de hacerlo. Pero ese no es el tema de fondo.
Lo verdaderamente preocupante fue leer a ciertos personajes —algunos exfuncionarios, otros profesionales y varios actores políticos— presentarse como defensores de la provincia. Muchos de ellos escribían con una dureza que pretendía aparentar indignación ciudadana. Sin embargo, detrás de varios de esos discursos no se percibe preocupación por la gente, sino el sabor amargo de intereses que nunca fueron satisfechos, es decir; es un interés personal.
Porque hay que decirlo con claridad: no toda crítica nace del compromiso con la sociedad. Hay críticas que nacen porque no hubo un nombramiento, porque no llegó un contrato, porque no existió un favor político o simplemente porque alguien no fue tomado en cuenta. Cuando eso ocurre, la defensa del pueblo deja de ser una convicción para convertirse en una excusa.
Y esa diferencia es enorme.
La democracia necesita una oposición firme, necesita periodistas críticos, ciudadanos vigilantes y voces que fiscalicen el poder. Lo que no necesita son ataques motivados por resentimientos personales. Quien cuestiona únicamente cuando sus intereses fueron afectados no está haciendo política; está cobrando una factura.
También resulta curioso que muchos de los más valientes en las redes sociales desaparezcan cuando tienen la oportunidad de expresar esas mismas opiniones en un debate público o frente a un micrófono. Es más sencillo escribir detrás de una pantalla que sostener una posición con argumentos y responsabilidad.
La política jamás debería medirse por la cantidad de favores recibidos. Un cargo público no existe para repartir puestos de trabajo entre amigos ni para devolver apoyos electorales. Su obligación es servir al conjunto de la sociedad. Cuando reducimos la política al beneficio personal, el desarrollo deja de ser el objetivo y pasa a ser una simple disputa por espacios de poder.
Pero sería injusto señalar únicamente a quienes gobiernan. Los ciudadanos también tenemos una enorme responsabilidad en la calidad de nuestra democracia.
Cada autoridad que hoy ocupa un cargo llegó porque alguien votó por ella. Y aquí aparece una verdad incómoda: quien aceptó dinero, una dádiva o cualquier beneficio para entregar su voto pierde buena parte de la autoridad moral para reclamar después honestidad. El voto no es una mercancía. Cuando se vende, también se vende una parte del futuro colectivo.
No podemos indignarnos por la corrupción si primero normalizamos comprar y vender conciencias durante una campaña electoral. Quien llega al poder repartiendo dinero difícilmente entenderá la política como un servicio. Lo más probable es que la vea como una inversión que deberá recuperar.
Por eso la transformación de una provincia no empieza cuando cambian las autoridades. Empieza cuando cambia la conducta de quienes las eligen.
Necesitamos recuperar algo que parece estar desapareciendo: la autoridad moral para exigir. Esa autoridad no nace del odio ni del resentimiento. Nace de actuar con coherencia. Nace de votar con libertad, de rechazar las dádivas, de denunciar con pruebas, de criticar con argumentos y de exigir pensando en el bien común.
Una provincia no progresa cuando cada grupo pelea por su propio interés. Progresa cuando la ciudadanía entiende que las verdaderas luchas son aquellas que benefician a todos.
El odio nunca ha construido un hospital o una universidad. El resentimiento nunca ha generado empleo. Los insultos jamás han mejorado una escuela ni han abierto una carretera.
Lo que sí cambia una sociedad es una ciudadanía capaz de mirar más allá de sus intereses personales y entender que la política no debe servir para cobrar favores, sino para construir futuro.
Porque, al final, la pregunta no debería ser qué nos dio un político. La verdadera pregunta es qué estamos haciendo nosotros para que la política vuelva a ser un servicio y no un negocio.
Solo cuando podamos responder esa pregunta con honestidad tendremos la autoridad moral para exigir el cambio que tanto reclamamos.
