Por: Alonzo Cueva / OPINIÓN POLÍTICA
El «secreto a voces» sobre el condicionamiento de recursos a los gobiernos locales destapa la desesperación electoral del poder de turno y pone a prueba la ética de las autoridades.
El ambiente preelectoral en Ecuador arrastra una sombra de coacción que ya recorre los pasillos de los gobiernos autónomos descentralizados. Un alarmante «secreto a voces» en las provincias revela una estrategia de supervivencia del poder de turno: presionar a alcaldes, prefectos y presidentes de gobiernos parroquiales rurales en funciones que buscan la reelección para que se sumen obligatoriamente a sus filas políticas.
Ante sus bajos niveles de aceptación popular y la evidente incapacidad para consolidar cuadros competitivos desde sus propias bases, el oficialismo parece recurrir a la captura forzosa de liderazgos ajenos. La táctica consiste en amenazar veladamente con congelar presupuestos y créditos estatales destinados a obras vitales si las autoridades no ceden al condicionamiento partidista. Es, en esencia, la sustitución del arrastre electoral por la asfixia económica.
Este mecanismo de coacción es tan perverso como sutil. Al operar estrictamente tras bastidores mediante calculadas dilaciones burocráticas y el bloqueo discrecional de fondos de desarrollo regional.
Sin embargo, este escenario de presiones no solo desnuda las costuras del centralismo, sino que también pone a prueba la integridad política y moral de las propias autoridades chantajeadas. Ceder ante la extorsión presupuestaria bajo el cómodo pretexto de «salvar las obras de la comunidad» constituye una claudicación ética inadmisible. Ningún proyecto, por más urgente que sea para el territorio, justifica sacrificar los principios democráticos ni validar el abuso del poder central.
Subordinar el financiamiento que por ley pertenece a todos los ciudadanos y no a una bandera política, al carnet de un partido es una confesión implícita de profunda debilidad electoral. La verdadera autonomía local y el proceso de descentralización exigen tanto el respeto normativo de las instituciones del Estado como la firmeza moral de sus autoridades seccionales.
Castigar a las comunidades cuyos líderes se niegan a claudicar es un atropello que la ciudadanía debe rechazar; pero arrodillarse ante el chantaje para asegurar una candidatura es institucionalizar la trampa. La dignidad de los territorios no se negocia en los despachos del poder central.
