La Policía Nacional avanzó en la ejecución de medidas judiciales dentro del denominado caso Goleada, una investigación por presunto lavado de activos que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otras 16 personas.
Como parte de este proceso, se reportó la incautación de varios bienes inmuebles vinculados a su entorno familiar y empresarial.
De acuerdo con un informe de la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico (Undecof), las diligencias se realizaron el 18 de junio de 2026 y comprenden al menos seis propiedades relacionadas con las compañías Fiorema S.A. y Ternape Petroleum S.A.
Bienes incautados y estructura patrimonial
Entre los activos intervenidos consta un inmueble en Puerto Hondo, parroquia Tarqui, valorado en aproximadamente $2 millones, el de mayor cuantía dentro de esta fase inicial.
Además, se incautaron otros bienes asociados a Fiorema S.A., empresa que, según la Fiscalía, habría concentrado transferencias patrimoniales del grupo familiar del funcionario.
El listado incluye terrenos, departamentos, parqueaderos y bodegas ubicados en zonas residenciales de alta plusvalía en La Puntilla, Samborondón.
Los inmuebles quedaron bajo administración estatal mediante Inmobiliar, entidad encargada de custodiar bienes incautados en procesos judiciales, conforme a los protocolos vigentes.
Incautaciones pendientes y limitaciones operativas
La ejecución de las órdenes judiciales no se concretó en su totalidad. La Undecof reportó la imposibilidad de incautar otros seis inmuebles contemplados en el proceso.
Entre ellos figura una vivienda en Isla Mocolí, Samborondón, atribuida al alcalde y valorada en más de $1 millón, junto con otros departamentos vinculados a Fiorema S.A.
La Policía explicó que no se procedió debido a que los predios estaban ocupados por personas en condición de vulnerabilidad, incluidos menores, adultos mayores y personas con discapacidad.
Argumentos legales y reacción de la defensa
La defensa solicitó la revisión de las medidas cautelares, argumentando que uno de los inmuebles corresponde al domicilio habitual de menores de edad y de una persona con discapacidad visual debidamente certificada.
En ese contexto, el representante legal pidió modificar o levantar la orden de incautación. La audiencia prevista para analizar este pedido fue reprogramada para el 29 de junio de 2026.
¿De qué se trata el caso Goleada?
El caso Goleada indaga un presunto esquema de lavado de activos que, según la Fiscalía, estaría vinculado a ingresos derivados de la comercialización irregular de combustibles.
Las autoridades sostienen que estos recursos habrían sido canalizados hacia la adquisición de bienes inmuebles por varios millones de dólares, lo que motivó la adopción de medidas cautelares para evitar su transferencia o disposición.
El avance parcial en las incautaciones refleja tanto la dinámica de la investigación como los límites legales y sociales en la aplicación de medidas judiciales sobre bienes habitados.
