Decenas de policías allanando oficinas de instituciones públicas como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) no es un hecho nuevo. Por presuntos actos de corrupción, durante el Gobierno de Daniel Noboa se han allanado al menos 10 instituciones públicas entre 2025 y 2026.
La última fue CNEL y estuvo encabezada por Noboa. La mañana del martes 28 de abril de 2026, las autoridades ingresaron a las oficinas de la entidad en Guayas, Santa Elena y Azuay y retuvieron a 46 personas para que rindan su versión. El ministro John Reimberg señaló que eran investigadas por patrimonios que superan los USD 3 millones.
Se conoció que los retenidos fueron liberados por la noche. Previamente, Noboa señaló que el allanamiento respondía a la desarticulación de una red de corrupción que operaba por más de 11 años en CNEL. Según el Mandatario, el esquema incluía la alteración de facturas a cambio de sobornos, el uso de reclamos para evadir pagos y el supuesto respaldo de funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) para sostener estas prácticas.
Las pérdidas para el Estado se calculan en USD 300 millones. La red también habría manipulado proyectos eléctricos y provocado fallas.
Justamente, las redes de corrupción dentro de las instituciones públicas no son nuevas. Semanas antes de los allanamientos en CNEL, la Fiscalía ingresó al Municipio de Guayaquil en el marco de una investigación previa iniciada en marzo de 2026 por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso.
Entre 2025 y 2026, se contabilizan al menos 10 entidades allanadas:
- CNEL
- Dirección de Educación de la Policía
- Municipio de Guayaquil
- Segura EP
- Agencia Nacional de Tránsito
- Agencia de Tránsito y Movilidad
- Agencia de Tránsito de Manta
- Agencia de Tránsito de Durán
- Bomberos de Durán
- Municipio de Pujilí
En algunos de los casos, los allanamientos se han dado para recabar evidencias y retener personas para que rindan su versión. Por ejemplo el 22 de abril de 2026 se allanaron las oficinas de la Dirección Nacional de Educación de la Policía, en el norte de Quito. Hubo tres uniformados retenidos, incluyendo un mayor, para que rindan su versión por el presunto delito de cohecho.
El caso estaba relacionado con posibles irregularidades en la adquisición de uniformes para cadetes. Al igual que CNEL y los allanamientos en el Municipio de Guayaquil, no hubo detenidos y aún no hay una instrucción fiscal. Es decir, se mantiene en indagación previa.
Lo mismo en la incursión de Segura EP, la empresa municipal de seguridad de Guayaquil, que fue tomada por las autoridades durante el feriado de Carnaval. En este caso, se investiga una presunta difusión de información restringida. Segura EP también había sido allanada en 2024 por un impasse con el ECU 911 por el tema de las cámaras de vigilancia.
