Nacionales
Se cumplen diez años del terremoto en Manabí
Diez años después del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió la costa de Ecuador y dejó 663 fallecidos y 6.274 heridos, la reconstrucción es una deuda pendiente en algunas de las zonas afectadas, donde familiares de víctimas, damnificados y organizaciones aún esperan la ayuda prometida.
El Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) recaudó 3.500 millones de dólares en impuestos y donaciones, pero la reconstrucción avanzó a paso lento entre denuncias de supuestos desvíos de fondos, sobreprecios y retrasos en obras esenciales como hospitales o para proveer servicios básicos, que se entregaron o iniciaron en los últimos años.

Los casos de corrupción llegaron hasta los tribunales. El año pasado, el exvicepresidente correísta Jorge Glas, quien dirigía el comité creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, fue condenado a 13 años de cárcel por malversación de fondos públicos, junto a otros exfuncionarios.
Según la Fiscalía, utilizaron sus cargos para generar un perjuicio al Estado de más de 225 millones dólares.
Francisco Bravo, un activista que sigue este caso desde el inicio, dijo a EFE que el comité priorizó 584 proyectos, pero que muchos de ellos no estaban relacionados con el objetivo de enfrentar las consecuencias del sismo.
«Todos estos años han sido de resistencia», afirmó a EFE Julio Villacreses, integrante de la Comisión Anticorrupción en Manabí, quien considera que las investigaciones tienen que seguir, ya que la Contraloría «solo auditó un 3 %» de las obras. «La Justicia ha ordenado que se siga investigando, pero la Fiscalía guarda silencio», afirmó.
Nacionales
Remoción del alcalde Aquiles Alvarez: Concejo Municipal de Guayaquil conforma comisión para tramitar pedidos
El Concejo Municipal de Guayaquil conformó la instancia clave que se encargará de analizar y tramitar las tres denuncias presentadas para la posible remoción del alcalde Aquiles Alvarez, en medio de la incertidumbre sobre su permanencia en el Sillón de Olmedo.
La resolución fue aprobada por mayoría en el Concejo Cantonal este jueves 16 de abril. Ahora, este organismo será el encargado de calificar las denuncias y determinar si cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente para dar paso al proceso de remoción.
La Comisión de Mesa quedó integrada por los concejales Arturo Escala, Terry Álvarez y Ana Fuentes.
Este pedido se produce luego de que el pasado 26 de marzo concluyera la licencia o periodo de vacaciones solicitado por Alvarez, mecanismo con el que había evitado su remoción mientras cumple prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en la provincia de Santa Elena. Asimismo, se resolvió mantener en funciones a Tatiana Coronel como alcaldesa subrogante.
En ese sentido, se busca establecer si los tiempos legales ya habrían vencido, lo que abriría la posibilidad de iniciar un proceso de remoción bajo la figura de ausencia del cargo.
Proceso de remoción
De acuerdo con el artículo 336 del Cootad, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia para la remoción de una autoridad de elección popular, siempre que esté debidamente sustentada y reconocida ante la autoridad competente.
Una vez recibida, la Secretaría del Gobierno Autónomo Descentralizado debe remitirla a la Comisión de Mesa en un plazo de dos días. Este organismo tiene cinco días para calificarla y determinar si procede.
Posteriormente, se abrirá una etapa en la que las partes involucradas presentarán sus pruebas de cargo y descargo. Con base en ello, la comisión emitirá un informe con una recomendación al Concejo Cantonal, que será el encargado de tomar una decisión final mediante votación.
Nacionales
Noboa lanza portal ‘Ecuayapa’ para emprendedores
El presidente Daniel Noboa presentó oficialmente el Portal Ecuayapa que es una plataforma digital creada para visibilizar y promover a escala nacional los productos y servicios de emprendedores, especialmente de aquellos vinculados al Ministerio de Desarrollo Humano (MDH).
«Esto lo creamos pensando en ustedes, basado en el diálogo y en el interés real de este gobierno de que les vaya bien a los emprendedores. Una cosa es darles crédito y apoyar, pero lo que más nos preocupa es que ese apoyo florezca y se vuelva algo sostenible en el tiempo, para que puedan tener un ingreso regular en beneficio de su familia», dijo Noboa durante su intervención.
Ecuayapa forma parte del Sistema Nacional de Comercialización Inclusiva (SNCI) y permite ampliar el acceso de los emprendedores a canales de promoción y comercialización en todo el país.
Rovira destacó que los emprendedores de esta iniciativa son principalmente los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano que también han accedido al Crédito de Desarrollo Humano (CDH). Por ello, la funcionaria destacó ese respaldo económico, el acompañamiento del MDH y las capacitaciones continuas han logrado sacar adelante negocios que crecen día a día. «Hemos entregado en este gobierno 122.129 CDH con una inversión de USD 111 millones. El 94 % de esos créditos se han entregado a mujeres cabezas de hogar».
Finalmente, Noboa hizo un llamado a la ciudadanía: «Quiero invitar a todos a que abran sus puertas a esta nueva oportunidad, que consuman también lo de nuestra gente, lo de los productores pequeños. Ahora es más fácil y les hacen un grandísimo beneficio a las personas que verdaderamente lo necesitan, que la pelean todos los días para salir adelante», dijo. (I)
Nacionales
Con malestar, Sandra Figueroa, asambleísta de la RC5 renunció a comisión por pedido de su bancada
La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC5), Sandra Figueroa, manifestó que al interior de su bancada la obligaron a renunciar a la Comisión de Calificación de la iniciativa popular normativa denominada Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica.
En sun intervención en el Pleno, la legisladora expresó su malestar durante su discurso: “Me molesta esta actitud señores, y con todo el perdón, compañeros de mi bancada, porque sobre todo es el respeto a Sandra Figueroa, mujer de 54 años, madre y abuela (…) Comprendamos, por amor a Dios, la gente afuera se muere, se los he dicho más de una vez”.
Con esas palabras indicó que la obligaron a renunciar a esa Comisión, pese a que no tenía previsto hacerlo.
El pasado 31 de marzo, con 86 votos afirmativos, en el Órgano Legislativo se conformó la Comisión Calificadora de la iniciativa popular normativa para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia Social Pacífica, auspiciada por el Acuerdo por la Seguridad, que, entre otros aspectos, prevé la creación y fortalecimiento del Cuerpo de Protección Ciudadana.
En un boletín, el Parlamento indicó que esa comisión está integrada por los legisladores Mario Amado Zambrano (ADN), Sandra Figueroa (RC) y Pablo Jurado (IND), y será la encargada de revisar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley, como paso previo a la calificación de la iniciativa popular normativa presentada por la organización Acuerdo por la Seguridad, que busca contribuir, desde la sociedad civil, a los esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana y la convivencia social.
La propuesta legal pretende descongestionar a la Policía Nacional, fortalecer la prevención desde lo local, mejorar la respuesta en territorios específicos; promover la participación ciudadana y la confianza institucional, y optimizar el uso de recursos humanos, técnicos y financieros en materia de seguridad.
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