En una entrevista concedida a un medio de la ciudad de Loja, el concejal John Espinosa abordó diversos temas relacionados con la situación financiera del Municipio, la sostenibilidad de los servicios públicos y las proyecciones administrativas que enfrenta la institución en los próximos años.
Durante el diálogo, el edil aclaró que la cifra que ha circulado respecto a que 1.300 empleados estarían en exceso dentro de la municipalidad no corresponde a una conclusión oficial respaldada por estudios técnicos. Según explicó, este dato surgió dentro de un análisis preliminar sobre el gasto corriente, particularmente el relacionado con el pago de salarios dentro de la estructura municipal.
Espinosa indicó que en la sesión del 4 de marzo de 2026 se discutieron principalmente aspectos financieros del municipio, en el contexto de una crisis estructural en sus finanzas públicas, situación que obliga a replantear los modelos de gestión institucional.
“En realidad no existe una conclusión definitiva ni un estudio técnico que establezca cuántos funcionarios deberían reducirse; lo que se analizó fueron cifras relacionadas con el gasto salarial y las proyecciones financieras del municipio”, señaló.
Riesgo financiero y proyecciones institucionales
El concejal manifestó que existen análisis que advierten sobre posibles dificultades de sostenibilidad financiera hacia el año 2035, si el municipio no modifica sus actuales modelos de gestión administrativa y financiera.
De acuerdo con Espinosa, uno de los principales problemas radica en la centralización de decisiones administrativas, lo que, a su criterio, limita la implementación de reformas estructurales necesarias para fortalecer la operatividad institucional.
Asimismo, mencionó que el municipio enfrenta el riesgo de perder aproximadamente 10 millones de dólares en asignaciones del Presupuesto General del Estado, debido a nuevas regulaciones que obligan a los gobiernos autónomos descentralizados a racionalizar su gasto corriente.
Estas disposiciones, explicó, forman parte de reformas legales que exigen a las municipalidades ajustar sus estructuras financieras y administrativas, proceso que deberá desarrollarse progresivamente hasta los años 2027 y 2028, considerando además mecanismos como la planificación del talento humano, reestructuración institucional o procesos de compra de renuncias.
Servicios públicos y sostenibilidad económica
Otro de los puntos centrales abordados por el concejal fue la situación financiera de los servicios públicos municipales, los cuales, según explicó, actualmente presentan desequilibrios entre ingresos y costos de operación.
En el caso del servicio de agua potable, señaló que los ingresos anuales bordearían los 4 millones de dólares, mientras que el costo real de operación alcanzaría aproximadamente 12 millones de dólares, lo que genera un déficit significativo.
Una situación similar ocurre con el servicio de recolección de desechos sólidos, donde el municipio recauda cerca de 1,1 millones de dólares al año, pese a que el costo de operación se aproxima a los 4 millones de dólares.
Según Espinosa, este escenario obliga a replantear los modelos de financiamiento de los servicios públicos, bajo el principio de sostenibilidad económica. “El servicio público debe ser sostenible por sí mismo. Si no existe equilibrio entre ingresos y costos, el municipio termina subsidiando permanentemente estos servicios”, puntualizó.
En ese contexto, el concejal explicó que las tasas actuales que pagan los usuarios son relativamente bajas. Como ejemplo, mencionó que en algunos casos el cobro por recolección de basura puede ser de alrededor de 0,80 dólares mensuales, valor que resulta insuficiente para cubrir el costo real del servicio.
Propuestas normativas presentadas al Concejo Cantonal
Durante la entrevista, Espinosa informó que desde su concejalía se han presentado dos proyectos normativos orientados a fortalecer la gestión de los servicios públicos, uno relacionado con la regulación del sistema de agua potable y otro sobre la gestión de desechos sólidos en la ciudad.
El proyecto sobre agua potable ya habría superado un primer debate dentro del Concejo Cantonal, mientras que la propuesta relacionada con la recolección de basura aún no ha sido incluida en el orden del día para su discusión, pese a que fue presentada hace aproximadamente 90 días.
El concejal atribuyó este retraso, en parte, a los costos políticos que implican las reformas tarifarias, especialmente considerando que el país atraviesa un contexto preelectoral.
“No podemos seguir postergando decisiones importantes solo por el costo político que representan; la ciudad necesita soluciones estructurales”, sostuvo.
Ingresos municipales y gasto salarial
Uno de los datos que el edil calificó como preocupante es la relación entre los ingresos propios del municipio y el gasto en salarios.
Según explicó, el municipio recauda aproximadamente 41 millones de dólares al año en ingresos propios, provenientes de tasas, contribuciones especiales y otros tributos municipales. Sin embargo, más de 40 millones de dólares se destinan al pago de salarios, lo que limita considerablemente la capacidad de inversión en obras públicas y servicios.
“En la práctica, la ciudad está tributando para financiar el gasto salarial del municipio, lo cual es un modelo que resulta insostenible a largo plazo”, afirmó.
Autogestión, crédito y alianzas público-privadas
Espinosa también abordó el tema de la autogestión municipal, señalando que esta no debe entenderse como un mecanismo de caridad o ayuda externa, sino como la capacidad institucional de acceder a financiamiento mediante créditos o cooperación internacional.
No obstante, advirtió que el alto gasto corriente del municipio actualmente limita su posibilidad de convertirse en sujeto de crédito ante organismos financieros internacionales.
En ese sentido, el concejal defendió la necesidad de impulsar alianzas público-privadas para el desarrollo de ciertos servicios y proyectos municipales, argumentando que muchos municipios del país han logrado fortalecer su gestión mediante estos mecanismos de cooperación con el sector privado.
Finalmente, Espinosa reiteró que las reformas administrativas y financieras que se discuten en el concejo buscan garantizar la sostenibilidad fiscal del municipio y mejorar la calidad de los servicios públicos, aspectos que, según indicó, constituyen desafíos prioritarios para el futuro del cantón Loja.
