El exalcalde del cantón Celica, Oswaldo Román, analizó de manera crítica la propuesta de reforma a la Ley de Gastos de Municipios y Prefecturas impulsada por el Gobierno Nacional, actualmente aprobada por la comisión legislativa correspondiente.
Durante el diálogo, Román señaló que la iniciativa, lejos de fortalecer la gobernanza territorial, responde principalmente a un objetivo de reducción del gasto público, en un contexto fiscal extremadamente complejo. Explicó que la proforma presupuestaria del año 2026 ascendería a aproximadamente 30 mil millones de dólares, recursos que el Estado no dispone, a lo que se suma una necesidad adicional de 15 mil millones de dólares para equilibrar el presupuesto y otros 15 mil millones destinados al pago de la deuda pública.
Según el exalcalde, la situación económica del país es crítica, considerando que en el presente ejercicio fiscal se aprobó un presupuesto cercano a los 46 mil millones de dólares, pese a que aún no se han liquidado completamente las obligaciones del año 2025. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, indicó que las transferencias estatales continúan siendo irregulares, pues a los municipios apenas se les han acreditado dos meses —octubre y noviembre—, manteniéndose pendientes diciembre, enero y febrero.
Román enfatizó que los gobiernos locales han sostenido, en gran medida, la dinámica económica del país durante los últimos años, especialmente en provincias como Loja, donde la inversión pública del Gobierno Central ha sido prácticamente inexistente. Reconoció que existen casos de incremento irresponsable de la nómina municipal; sin embargo, subrayó que en amplias zonas de la Sierra los municipios constituyen la principal fuente de empleo formal, siendo la generación de trabajo la segunda necesidad más urgente del país después de la seguridad.
En su análisis, advirtió que la reforma podría afectar la autonomía constitucional de los gobiernos locales, limitar la ejecución de obra pública y centralizar la administración en procesos de contratación pública, ámbito que —según afirmó— históricamente ha concentrado riesgos de corrupción. Asimismo, cuestionó que se pretenda imponer un porcentaje rígido del presupuesto orientado a infraestructura sin considerar las realidades territoriales ni la capacidad operativa de cada municipio.
El exalcalde también se refirió al contexto internacional y migratorio, señalando que la reducción del flujo migratorio no responde a mejoras internas, sino a políticas externas más restrictivas, como las impulsadas por Donald Trump. En este escenario, sostuvo que recortar el gasto local agravaría la precariedad laboral y social.
Respecto a la deuda pública, Román cuestionó el modelo de financiamiento estatal basado en endeudamiento para pagar endeudamiento, señalando que, si bien el riesgo país puede disminuir al cumplir con los acreedores, esto no se traduce en desarrollo interno. En ese marco, mencionó los anuncios de nuevos créditos del Banco Mundial, de los cuales una parte significativa estaría destinada únicamente a equilibrar finanzas públicas mediante el pago de deuda, y no a inversión productiva o infraestructura.
Finalmente, alertó sobre posibles escenarios de reducción del número de municipios, tomando como referencia el caso de El Salvador bajo el liderazgo de Nayib Bukele, donde se disminuyó drásticamente el número de gobiernos locales como mecanismo para reducir el gasto estatal.
A su criterio, una medida de esta naturaleza en el Ecuador generaría un grave impacto en la cohesión territorial, la economía local y la prestación de servicios públicos.
Román concluyó que el debate sobre la reforma debe trascender el enfoque fiscal y considerar integralmente la realidad social, económica y territorial del país, priorizando la inversión, la generación de empleo, el fortalecimiento de los gobiernos locales y el respeto a la autonomía consagrada en la Constitución.
