El 21 de noviembre de 2025, el tribunal de la Unidad de Garantías Penales Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, integrado por los jueces Christian Fierro, Carlos Serrano y Gabriela Lara, emitió su decisión oral. Fierro y Serrano votaron por la condena, mientras que Lara ratificó el estado de inocencia del procesado, a quien la Fiscalía de Alemania lo ha identificado como un cabecilla de la mafia albanesa.

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Ese mismo día, Serrano denunció que fue amenazado de muerte por el procesado. Pese a ello, el 2 de diciembre se le retiró la protección policial. Al día siguiente, el magistrado solicitó formalmente que se la restituya, al recordar que la Corte Constitucional (setencia N° 9-22-IN/22) ha establecido que el Consejo de la Judicatura debe garantizar la seguridad de los jueces anticorrupción. Ante la falta de respuesta, el 4 de diciembre presentó su renuncia irrevocable, que hasta ahora no ha sido aceptada.

¿Cómo se suspendió al juez Fierro?

En paralelo, el 2 de diciembre, el fiscal Carlos Alarcón, quien actúa como titular de la Fiscalía General del Estado por decisión del Consejo de la Judicatura, presentó una denuncia contra el juez Christian Fierro. El reclamo se basó en una supuesta demora para fijar la audiencia de juicio dentro del caso Triple A, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otras 21 personas.

Dos días después, el 4 de diciembre, el Pleno del Consejo de la Judicatura incluyó de forma extraordinaria la suspensión de Fierro en los puntos varios de la sesión 108-2025. Christian Berrezueta, de la Subdirección de Control Disciplinario recomendó la medida sin que conste que se haya pedido previamente explicación al juez sobre su carga laboral o su agenda de audiencias. La suspensión se dispuso por tres meses sin sueldo sin pedirle a Fierro un criterio o un descargo.

Con la renuncia de Serrano y la suspensión de Fierro, el tribunal quedó integrado únicamente por la jueza Gabriela Lara, quien fue restituida en su cargo por el Consejo de la Judicatura presidido por Mario Godoy, pese a que enfrenta un proceso disciplinario y es investigada penalmente dentro del denominado caso Fachada, relacionado con presuntos beneficios a procesados vinculados al grupo Comandos de la Frontera.

El riesgo de que la sentencia se caiga

La condena contra Srdan corre serio riesgo porque un requisito indispensable para su validez es que sea emitida por escrito. Sin embargo, ninguno de los dos jueces que votaron por la culpabilidad puede actualmente acceder a su despacho para redactar o firmar el fallo.

Si se acepta la renuncia de Serrano o se mantiene la suspensión de Fierro, cualquier nuevo juez que sea designado podría declarar la nulidad de lo actuado y volver a repetir el juicio. También podría oír la grabación de la sentencia y adherirse al razonamiento de culpabilidad. Así se mantienen los 2 votos de culpabilidad. O, la tercera opción, es salvar su propio voto (basado en que no estuvo en la audiencia). Así lo explica el criterio de la Corte Nacional (absolución de Consultas No. 255), aunque se trata de un criterio no vinculante.

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Las denuncias de presiones de Serrano

A este escenario se suma que la prisión preventiva contra Jezdimir Srdan había caducado el 22 de noviembre de 2025, pero su vencimiento se suspendió debido a la emisión de la sentencia oral. Si esta llegara a ser anulada, la medida cautelar quedaría sin efecto por caducidad, lo que podría permitir la libertad de los procesados, siempre que no exista otra medida vigente.

Finalmente, alrededor del caso existen señalamientos públicos sobre presuntas presiones ejercidas contra el juez Serrano. He hecho, Serrano denunció que Henry Gaibor, amigo del presidente de la Judicatura, y entonces director de la Judicatura de Pichincha le insinuó que falle a favor del narcotraficante, cuando le dejó un mensaje: «que ponga atención» a la defensa del extranjero.

También se ha mencionado que entre los abogados defensores de Srdan estuvo la esposa del actual presidente del Consejo de la Judicatura, Dolores Vintimilla y su estudio jurídico Invictus, lo que ha generado cuestionamientos públicos por posibles conflictos de interés.

Los tiempos subjetivos del Consejo de la Judicatura

También llama la atención el trato distinto que tuvo la suspensión de los jueces Fierro y Lara. El 16 de enero de 2025, la Fiscalía dirigió el operativo del caso Fachada y la Policía allanó la oficina de la jueza Gabriela Lara. Pese a la gravedad de la investigación, el Pleno del Consejo de la Judicatura tardó 146 días en ordenar la suspensión de la magistrada, pues recien se dio el 11 de junio de 2025. En cambio, en el caso del juez Christian Fierro, el organismo resolvió su suspensión en apenas dos días.

Esto provocó que el juez Fierro no integre el tribunal del caso Triple A. Se lo reemplazó con el juez temporal Jorge Sánchez, quien adelantó la audiencia de Aquiles Alvarez y otros del 21 de enero al 24 de diciembre (aunque ese día se declaró fallida).» Fuente: El Expreso