El Tribunal, encabezado por el juez José Suárez, dispuso una serie de medidas de reparación y no repetición a favor de las víctimas:

-Para los sentenciados se dispuso una multa de 800 salarios básicos unificados (USD 376.000) y una reparación integral de USD 10.000 por cada uno.

-Disculpas públicas en un medio de comunicación nacional

-Una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura y colocación de una placa con los nombres de las víctimas.

–Capacitaciones obligatorias en derechos humanos para personal militar, con una carga mínima de 120 horas anuales, enfocadas en intervenciones con civiles, sobre todo grupos prioritarios.

-En cuanto a las versiones erróneas sobre el supuesto cometimiento de un delito por parte de los menores, que nunca se logró comprobar, el Tribunal dispuso la emisión de una rectificación pública en la que resalte que los menores fueron víctimas inocentes de un crimen de Estado.

Por ello, los sentenciados y las instituciones estatales involucradas deben publicar un texto titulado de la siguiente manera: “Rectificación y verdad: inocencia de las víctimas del caso Malvinas”. Ahí se deberá especificar que los cuatro menores no eran delincuentes, sino víctimas de desaparición forzada.

El teniente coronel, Juan Francisco I. M., el último procesado en calidad de cómplice, fue declarado inocente por el Tribunal.

Los jueces manifestaron que “no se ha acreditado la responsabilidad penal en el delito de desaparición forzada”, ya que no existen pruebas directas ni indirectas contra él que acrediten que haya tenido una participación dolosa o haya contribuido a la privación de libertad de los menores.

Por ello, el juez ponente José Suárez dispuso que se levanten todas las medidas cautelares que pesaban sobre el teniente coronel.

Juan Francisco I. M. era acusado de ejecutar acciones irregulares días después de la desaparición.

Durante el juicio, se conoció que habría arribado a una zona de Taura con un pelotón de soldados a realizar búsquedas. En ese momento encontraron prendas de vestir de los menores, que fueron levantadas sin los protocolos adecuados.

Juez declara la culpabilidad de los 16 uniformados que conformaban las patrullas en calidad de autores directos.

Por lo tanto, aceptó la solicitud de la Fiscalía: 30 meses de prisión para cooperadores eficaces y 34 años y 8 meses para otros 11 uniformados como autores directos.

Además, se dispuso el pago de una multa equivalente a 800 salarios básicos unificados (USD 376.000) y una reparación integral que incluye el pago de 10.000 dólares por cada procesado.

El juez manifestó que los 16 militares tienen responsabilidad. «Es imposible que estando en dos camionetas no se percaten de las agresiones: disparos, correazos, etc».

“El Tribunal considera que no tiene justificativo la situación de estos procesados, que justifican su actuar en la obediencia debida”

Agregó que la detención de los menores «no fue un control de rutina» y que se ha demostrado la «crueldad» a la que fueron sometidos.

El magistrado indicó que la versión del subteniente Zabala, quien había dicho que primero iban a llevar a los menores al UPC de Virgen de Fátima, es “insostenible”, ya que hay pruebas de GPS y sus propios compañeros lo señalan como la persona que dio la idea de llevarlos a una fosa.

“También, realizó disparos intimidatorios y ordenó: “pelense” que significa desnudarse”

Juez asegura que las patrullas actuaron como una «empresa criminal», ya que unos militares se encargaron de la retención y otros daban seguridad.

Por lo tanto, el magistrado asegura que están ante un delito de desaparición forzada.

«Ninguno de los miembros de la patrulla se disoció del comportamiento delictivo», aclaró el juez sobre la responsabilidad de los 16 implicados.

Además, recordó la cadena de agresiones contra las víctimas: disparos, obligados a desnudarse, lanzaron la ropa a matorrales donde había cadena, forzados a mover el árbol, abandonados observando que es un sector desolado.

También, habló sobre acciones de encubrimiento por parte de los militares: chat grupal, reportes falsos omitiendo detalles. «No se puede considerar que los hayan dejado sanos y salvos».

Agregó que hubo intención de «alinear versiones y ocultar la verdad».

El magistrado detalla tres omisiones de las patrullas al detener a los cuatro menores:

-Omite el deber ineludible de comunicar la aprehensión al ECU 911

-Entregar a la Policía Nacional para judicialización de ser el caso

-Garantizar su integridad física

Fuente: Vistazo