Oficialmente, han concluido los alegatos de cierre en el juicio del caso Malvinas, que investiga a 17 militares por la presunta desaparición forzada de cuatro menores de edad. La Fiscalía pidió 34 años de cárcel para 11 uniformados en calidad de autores directos, siete años para el cómplice y 30 meses para los cooperadores eficaces.

Durante más de un mes, las partes procesales expusieron sus argumentos en torno a la desaparición de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, de entre 11 y 15 años, quienes salieron a jugar fútbol, pero nunca más regresaron a sus hogares en el sur de Guayaquil.

Los chicos fueron aprehendidos, el 8 de diciembre del 2024, en las inmediaciones de un centro comercial por dos patrullas militares luego de una supuesta alerta de robo, que durante el juicio no se logró comprobar.

Sin embargo, los menores de edad fueron subidos a las camionetas y llevados hasta Tuara, en el cantón Naranjal. Días después, el 24 de diciembre, fueron encontrados calcinados en un manglar.

Inicialmente, los 16 militares que estuvieron en las patrullas aseguraron que dejaron “sanos y salvos” a los menores, pero conforme fue pasando el proceso judicial, esa teoría se diluyó luego de que cinco soldados decidieron colaborar con la justicia.

Tras el juicio, se conoce que los niños fueron golpeados, amenazados e insultados. Además, en el proceso quedó en evidencia una presunta intención de encubrimiento.

Los cinco cooperadores eficaces, para quienes la fiscalía pidió 30 meses de cárcel en calidad de autores, son: Nelson Oswaldo S. Z., Moisés Israel L. L., Alex Xavier Q. A., Carlos Xavier E. M. y Christian Eduardo A. Q.

El Ministerio Público solicitó 34 años y ocho meses de cárcel para otro grupo de 11 militares en calidad de autores directos, quienes se han mantenido en su postura inicial.

Aquí el principal señalado es John Henry Z. E., quien lideraba a las patrullas y dio la orden de llevar a los menores a Taura. Él manifestó durante el juicio que los colabores de la Fiscalía fabricaron historias para obtener beneficios penitenciarios.

Además, rechazó que haya ejecutado agresiones y disparos, indicando que todas las municiones se entregaron sin faltantes.

En su testimonio también señaló a los miembros de bandas criminales como los responsables de la desaparición y asesinato de lo cuatro menores. “Señor fiscal, por qué no se investiga. Los verdaderos responsables siguen afuera, quizás riéndose de lo sucedido”, acotó.

Él y el resto de soldados coinciden en que el objetivo inicial era llevar a las víctimas a una UPC de Virgen de Fátima, pero en el camino se desviaron tras una alerta de desmanes en un night club.

Esta es la lista completa de los uniformados que podrían recibir la pena más severa:

El último militar implicado en el proceso fue el teniente coronel Juan Francisco I., quien fue procesado en calidad de cómplice, ya que él no estuvo en las patrullas que detuvieron a los menores, pero habría ejecutado acciones irregulares días después en el lugar en que las víctimas quedaron abandonadas.

Durante el juicio, se conoció que Francisco habría arribado a una zona de Taura con un pelotón de soldados a realizar búsquedas. En ese momento encontraron prendas de vestir de los menores, que fueron levantadas sin los protocolos adecuados.

Según la Fiscalía, el teniente coronel también grabó entrevistas a los militares y ordenó al subteniente John Henry Z. que borre videos y elimine de su informe detalles sobre los golpes y maltratos que recibieron los ahora fallecidos.

Mientras tanto, la defensa del teniente rechazó las acusaciones y argumentó que el implicado sí notificó a la Policía sobre los datos recabados por las patrullas militares en Taura bajo “formatos adecuados para que no haya cambios”.

Agregó que existe deslealtad procesal “porque se están diciendo cosas que no ocurrieron”.

Para él, la fiscalía solicitó siete años y cuatro meses de cárcel en calidad de cómplice. Además, tendría que pagar una multa económica y una reparación integral al igual que los otros 16 uniformados.

Ahora la decisión final está en manos del Tribunal, quien decidirá si acoge o no los pedidos de sentencia del Ministerio Público. Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas, comentó que la audiencia ocurrirá en los próximos días, máximo hasta el lunes 22 de diciembre. Fuente: Vistazo