En un Estado constitucional de derechos y justicia como el ecuatoriano, todos los ciudadanos deberíamos gozar, en igualdad de condiciones, de las garantías previstas en la Constitución y en la Ley. Sin embargo, en la práctica, los procedimientos administrativos dentro del sistema penitenciario revelan profundas inconsistencias que afectan la aplicación de los denominados beneficios penitenciarios, mecanismos legales destinados a promover la reinserción social de las personas privadas de libertad (PPL) que cumplen condenas por delitos de menor gravedad.
El régimen semiabierto, por ejemplo, permite que una persona condenada por un delito culposo —como la muerte por accidente de tránsito—, y que cumple su sentencia en prisión, pueda acceder a un régimen de libertad parcial una vez cumplido el 60% de su condena. Esto implica que el 40% restante puede ejecutarse fuera del centro carcelario, bajo condiciones establecidas por la ley: residir en un lugar determinado, presentarse periódicamente ante la autoridad penitenciaria, mantener un trabajo u oficio y no salir del país, entre otras obligaciones.
Para acceder a este beneficio, el PPL debe solicitar formalmente al director del centro penitenciario el inicio del trámite. Una vez recopiladas las certificaciones y documentos pertinentes, el expediente se remite a la Comisión de Beneficios Penitenciarios, Cambios de Régimen, Indultos y Repatriaciones, con sede en Quito. Dicha comisión —integrada por tres funcionarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI)— evalúa el cumplimiento de los requisitos y emite un informe de verificación, el cual posteriormente es remitido al juez de garantías penitenciarias, quien tiene la competencia exclusiva para aprobar o negar el beneficio.
No obstante, la realidad dista mucho de lo que establece la normativa. El caso de Bray, una persona privada de libertad en Loja, evidencia graves retrasos administrativos y posibles irregularidades en el tratamiento de los expedientes. Su solicitud para acceder al régimen semiabierto fue enviada a la Comisión de Beneficios Penitenciarios el 26 de mayo de 2025; sin embargo, después de más de cuatro meses, el expediente aún no ha sido revisado ni firmado.
A pesar de los reiterados oficios y requerimientos realizados por la jueza de garantías penitenciarias y por la defensa técnica del PPL, la respuesta del SNAI ha sido vaga y repetitiva: “El expediente aún se encuentra en análisis; estamos haciendo todo lo posible para despachar en el menor tiempo posible”. Una justificación que contrasta con lo dispuesto por el Código Orgánico Administrativo, el cual establece que las instituciones públicas deben responder a las solicitudes de los administrados en un plazo máximo de treinta días.
Lo más sorprendente se descubre al revisar el sistema público E-SATJE, donde otro expediente, el No. 11282-2025-02508, correspondiente a un caso similar, fue remitido a la Comisión tres meses después —el 25 de agosto de 2025—, y en tan solo dos meses (para el 27 de octubre de 2025) ya contaba con el informe favorable emitido por la Comisión. Este hecho plantea un grave cuestionamiento: ¿por qué algunos expedientes avanzan con rapidez, mientras otros permanecen estancados durante meses, sin respuesta?
¿Será que algunos PPL tienen “suerte”, influencias o contactos dentro del sistema? ¿O acaso existen incentivos ocultos que determinan la prioridad de ciertos trámites sobre otros? Son preguntas que el SNAI debería responder ante la opinión pública, pues la discrecionalidad en la administración penitenciaria no solo vulnera derechos, sino que debilita la confianza ciudadana en la justicia.
El principio de igualdad ante la ley exige que los procesos administrativos sigan un orden cronológico y objetivo. Si dos solicitudes cumplen con los mismos requisitos, ambas deben recibir el mismo trato y resolución en los plazos establecidos. Sin embargo, los hechos revelan una gestión arbitraria y opaca que requiere urgente fiscalización.
El Ecuador no puede seguir tolerando que la burocracia o los favoritismos administrativos se interpongan entre la ley y la justicia.
