Aquiles Alvarez apelará a la sentencia condenatoria de seis años y ocho meses de prisión por comercialización ilegal de hidrocarburos en el caso Triple A. Esta es la segunda condena de primera instancia que recibe el Alcalde de Guayaquil, después de la pena de tres años dictada en el caso Grillete.

Julio César Cueva, abogado de Alvarez, señaló este lunes 31 de agosto de 2026, durante una rueda de prensa en Guayaquil, que recurrirán el fallo, una vez que el Tribunal los notifique con la sentencia escrita.

«No estamos conformes porque la sentencia no refleja lo que pasó en el juicio”. Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez

Sin embargo, la defensa de Alvarez no será la única que buscará cambios en la decisión del Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado. La Fiscalía General del Estado anunció que apelará la absolución de seis procesados.

El Tribunal declaró culpables, el sábado 29 de agosto de 2026, a nueve personas naturales y seis empresas. Cinco procesados, entre ellos Aquiles Alvarez, fueron considerados autores directos, mientras cuatro fueron sentenciados como cómplices.

Más de dos años pasaron entre el inicio de la investigación y la primera sentencia. El caso comenzó en julio de 2024, tras una denuncia de la entonces Agencia de Regulación y Control de Energía. El 23 de ese mes Fiscalía ejecutó siete allanamientos en Guayaquil y Milagro.

Fiscalía apelará seis absoluciones en el caso Triple A
Durante el juicio, Fiscalía sostuvo que entre 2020 y 2024 existió un esquema para desviar combustible subsidiado destinado al sector automotriz y comercializarlo posteriormente en otros segmentos. Según la institución, se desviaron 22,7 millones de galones y el perjuicio alcanzó USD 61,5 millones.

Tras conocerse la sentencia, Fiscalía anunció que buscará revertir la decisión que ratificó el estado de inocencia de Fausto V., propietario de una estación de servicio en Loja; Rosa O., propietaria de una gasolinera en El Oro; y los contadores Gloria S., Juan Carlos A., María Elisa C. y Olga O.

La absolución de los seis procesados no fue una decisión unánime. El juez Víctor Barahona emitió un voto salvado respecto de Fausto V., Rosa O. y Gloria S., al considerar que existían elementos suficientes para condenarlos.

Entre los hechos que valoró estuvo la facturación de más de 40.000 galones de diésel a una camioneta que utilizaba gasolina. El juez enfatizó que un motor a gasolina se destruiría con diésel y calificó la transacción como falsedad ideológica deliberada para «vaciar el inventario» del combustible desviado.

Imagen referencial de una gasolinera afiliada de Copedesa ubicada en la vía Durán-Babahoyo, e inaugurada en diciembre de 2022. Según el alcalde Aquiles Alvarez, no vende combustible como comercializador hace casi dos años.Copedesa

Sobre la titular de un depósito en El Oro, el magistrado que salvó su voto señaló que poseía el dominio funcional del establecimiento y debió ser sentenciada como autora directa debido al desvío masivo de combustible. A través del informe de Contraloría, se demostró el desvío clandestino de 2 362 950,35 galones de diésel industrial (valorados en USD 3, 3 millones).

¿Qué dice la defensa de Alvarez?
Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez, señaló que uno de los puntos que cuestionará la defensa es el cálculo de los USD 61,5 millones fijados como reparación integral al Estado, al considerar que no guarda relación con la conducta por la que fueron procesados.

A su criterio, calcular como perjuicio el valor completo del combustible equivaldría a asumir que este fue sustraído, pese a que los procesados fueron juzgados por comercialización ilegal de hidrocarburos y no por robo.

Julio César Cueva, abogado defensor de Aquiles Alvarez, durante una rueda de prensa sobre la sentencia del caso Triple A, en Guayaquil, el lunes 31 de agosto de 2026.PRIMICIAS

También señaló que ve una inconsistencia en responsabilizar a Alvarez por no controlar el destino del combustible y, al mismo tiempo, absolver a personas vinculadas con estaciones que recibían ese producto.

“Creo que hay contradicciones e incluso creo que hay una interpretación equivocada de ciertas normas”, sostuvo Cueva. El abogado insistió, sin embargo, en que esperará la sentencia escrita para determinar con precisión los argumentos y recursos que presentarán.

“Él sigue siendo Alcalde, sus derechos civiles y políticos todavía no están conculcados porque la sentencia no está ejecutoriada”. Julio César Cueva, abogado de Aquiles Alvarez

Mientras el fallo no esté ejecutoriado, dijo Cueva, la condena todavía no produce todas sus consecuencias jurídicas sobre Alvarez. Fuente: Primicias

La reciente deportación desde Estados Unidos e ingreso a prisión del exministro del Interior de Rafael Correa, José Serrano, ha generado un fuerte eco en el escenario político y social de Ecuador. Entre las voces más contundentes tras su reclusión en la cárcel El Encuentro se encuentran las de Amanda Villavicencio y Patricia Ochoa, figuras emblemáticas que han liderado por años la búsqueda de justicia en dos de los casos de magnicidio y ejecución extrajudicial más conmovedores del país.

Mientras la mayoría de los padres y sus hijos se preparan para el inicio del año escolar, previsto para el 1 de septiembre de 2026, en el régimen Sierra-Amazonía, las familias de niños con autismo enfrentan una realidad muy dura. El regreso a clases es un verdadero calvario debido a las dificultades para encontrar un plantel que ofrezca las condiciones, el acompañamiento y las estrategias educativas que sus chicos necesitan.

Así lo vivió la riobambeña Bruna, de 32 años. Su hijo, Matías, fue diagnosticado con autismo grado 1 y enfrentó dificultades. Relata que los docentes de inicial y primero de básica sí fueron empáticos con el pequeño, hoy de siete años. El problema comenzó cuando llegó a segundo y tuvo una nueva profesora.

Durante ese año, Matías tenía dificultades para permanecer sentado durante toda la jornada, se levantaba de su puesto, se acercaba a las ventanas para observar las actividades de los estudiantes mayores y presentaba sensibilidad ante determinados sonidos, principalmente fuertes.

La madre sostiene que la docente no manejó adecuadamente estas situaciones y que, en lugar de aplicar estrategias de refuerzo positivo, recurría a llamados de atención y castigos. Ante eso, Bruna decidió buscar otra institución educativa. Desde abril comenzó a consultar opciones y llegó a cuatro colegios privados, pero ninguno aceptó a Joaquín.

Es muy difícil encontrar un plantel especializado. Muchos dicen que trabajan en inclusión, pero no saben lo que eso significa verdaderamente. Agrega que, durante los procesos de admisión, una de las primeras preguntas que recibe es si el niño tiene alguna condición.

“Automáticamente, cuando usted dice que sí la tiene, comienzan a ponerle todos los peros (en las escuelas)”.

Ecuavisa.com recopiló más de 20 casos en el perfil Padres de Niños con Autismo Ecuador en Facebook, cuyos testimonios coinciden en que conseguir un colegio se convierte en un calvario. “La educación es un derecho de todos los niños, pero cuando se trata de nuestros hijos, a veces siento que ese derecho se va rompiendo poco a poco entre la falta de recursos, preparación, acompañamiento y comprensión”, escribió una de las madres.

Un papá indicó que viven un viacrucis. Existen instituciones educativas en las que, desde que se les menciona TEA o autismo, automáticamente cambian la forma de brindar la información. Al final, terminan diciendo que no es posible porque los cupos están llenos. “Lo más penoso es que en sus estados de redes sociales y en sus propagandas se llenan y mencionan ser instituciones inclusivas”.

Para Vladimir Andocilla, director de la Asociación de Padres y Amigos para el Apoyo y la Defensa de los Derechos de las Personas con Autismo (Apada), las familias de niñas, niños y adolescentes con esa condición enfrentan barreras desde el momento en que buscan un cupo. Aunque la Constitución y la legislación ecuatoriana garantizan una educación inclusiva, todavía hay instituciones que seleccionan a sus estudiantes y excluyen a quienes consideran que van a necesitar más apoyos, adaptaciones curriculares o ajustes razonables.

La negativa casi nunca es directa, porque las autoridades saben que rechazar a un estudiante por su condición es discriminación. Por eso recurren a frases como “no tenemos cupos”, “nuestros docentes no están capacitados”, “el aula tiene demasiados estudiantes”, “aquí no va a poder adaptarse” o “es mejor buscar una institución especializada”. En otros casos, condicionan la matrícula a que la familia contrate y pague, de su bolsillo, un maestro sombra o acompañante.

Como padre de un adolescente autista, conozco de primera mano el dolor y la impotencia que dejan esas respuestas.

El problema no está en los hijos ni en su manera distinta de comunicarse, aprender o relacionarse, indica Andocilla. Está en un sistema que sigue esperando que sea el estudiante quien se adapte a un único modelo educativo, cuando debería ser la escuela la que se transforme para responder a la diversidad humana.

Dominic, un niño con autismo, no conseguía cupo en Napo

A Rocío se le hizo complicado conseguir escuela para su hijo, Dominic, de siete años, en Tena, la capital de la provincia del Napo. En una entrevista con Ecuavisa.com, contó que tenía la esperanza de encontrar una escuela particular, pero en la Amazonía no hay opciones para elegir. Buscó en tres planteles particulares y no obtuvo respuesta. “En la fiscal, por el simple hecho de que es parte principal de la educación, parte del Estado, creo que a regañadientes nos pudieron aceptar. Generalmente, no nos reciben”.

En un plantel particular le dijeron que era imposible aceptar a Dominic porque el cupo de niños ya estaba lleno y que solo trabajaban con un número específico de estudiantes, y que tener a otro infante iba a ser muy difícil.

En el otro, cuando hicimos la entrevista, nos dijeron que no podían aceptar porque los padres consideran que el autismo es una enfermedad contagiosa (…) Dentro de la particularidad se maneja una enseñanza como más personalizada y, aun así, no cumplió las expectativas para ellos, según nuestro hijo.

Ahora que Dominic está en una escuela pública, sigue las instrucciones y está al pendiente de las directrices del Ministerio de Educación.En ese contexto, en Ecuador, una nueva normativa de esa Cartera de Estado regula el ingreso del personal de apoyo externo a las instituciones educativas y reemplaza la figura conocida como profesor sombra por la de docente de apoyo externo. Con esto, los padres de niños con autismo no podrán ser los maestros sombra de sus hijos.

Educación aclaró que ningún padre de familia está obligado a contratar o pagar un acompañante y que ninguna institución educativa puede imponer un proveedor. Sin embargo, si una familia considera que su hijo necesita este apoyo individual, el costo del acompañante deberá ser asumido por esta.

En una publicación del noticiero de Televistazo, los colectivos de padres de niños con autismo cuestionaron esta situación y sostuvieron que, en el sistema fiscal, el Estado debe garantizar este tipo de acompañamiento. El Ministerio respondió que en las instituciones fiscales ya existen las Unidades Distritales de Apoyo.

No obstante, los progenitores aseguraron que estos servicios no sustituyen al profesor sombra, que acompaña de manera individual y permanente a un estudiante dentro del aula.

¿Qué deben hacer las familias cuando hay trabas?

Andocilla explica que primero hay que tener claro que la matrícula, los ajustes razonables y los apoyos educativos no son favores que una institución concede, sino derechos exigibles. Es fundamental presentar las solicitudes por escrito, exigir una respuesta motivada y conservar correos, mensajes, documentos y cualquier otro elemento que permita probar la negativa, el condicionamiento o la falta de atención.

Número de estudiantes con discapacidad por sexo y según tipo de discapacidad. Año lectivo 2025-2026

Fuente: Ministerio de Educación.

Si la institución insiste en mantener las barreras, corresponde presentar una denuncia ante el Distrito de Educación y pedir tanto la asignación del cupo como la adopción inmediata de los apoyos que el estudiante necesita. Y si aun así no hay una respuesta efectiva, la familia puede acudir a las autoridades zonales y nacionales del Ministerio de Educación, a la Defensoría del Pueblo y, cuando la vulneración sea grave o urgente, plantear una acción de protección.

Pero también es importante que las familias no enfrenten esto solas. El acompañamiento de organizaciones como Apada del Ecuador ayuda a entender la normativa, a documentar la vulneración y a sostener, emocionalmente, una lucha que suele ser agotadora. Defender los derechos de los hijos también significa organizarse, acompañar y convertir lo que vive cada familia por su lado en una causa colectiva.

El sistema educativo para niños con autismo

Desde la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural de 2021 han existido avances normativos importantes para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes autistas, entre ellos el Instructivo de Atención Educativa a Estudiantes dentro del Espectro Autista y el establecimiento obligatorio del Plan de Ambientación para la Inclusión. “Son instrumentos que reconocen algo que las familias sabemos desde hace tiempo: que hay que preparar progresivamente al estudiante, a la familia, a los docentes, a los compañeros y al entorno educativo para que la inclusión funcione de verdad”, precisa Andocilla.

El problema es que todavía hay una distancia enorme entre lo que dice la norma y lo que ocurre en las aulas de clase, acota el activista.

En la educación particular, una de las principales barreras sigue siendo el acceso: negativas de matrícula, supuesta inexistencia de cupos o exigencias económicas adicionales.

En la educación fiscal y municipal, en cambio, el problema se concentra en la permanencia, por la sobrecarga de estudiantes en las aulas, la insuficiente capacitación docente, la falta de equipos de apoyo y la ausencia de infraestructura que garantice accesibilidad física, comunicacional y sensorial. “Lo he visto de cerca, tanto en mi propia familia como acompañando a otras. Esa distancia entre la norma y la práctica se termina midiendo en años escolares perdidos”.

Educación debe controlar que sus propias normas se cumplan, particularmente en las instituciones privadas, y aplicar las medidas administrativas correspondientes cuando se niegue o se condicione el derecho a la educación. No basta con expedir instructivos y acuerdos ministeriales. Se necesita presupuesto, formación docente permanente, equipos multidisciplinarios suficientes, menos estudiantes por aula y entornos sensorialmente accesibles. La inclusión será real cuando el sistema deje de exigirle al estudiante autista que se adapte solo a la escuela, y sea el establecimiento educativo el que se transforme para garantizar su acceso, permanencia, aprendizaje, participación y desarrollo integral.

En ese contexto, las Unidades Distritales de Apoyo a la Inclusión (UDAI) son equipos especializados del Ministerio de Educación que ofrecen acompañamiento psicopedagógico y pedagógico gratuito para facilitar la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales, como el autismo. Asimismo, los profesores de Apoyo a la Inclusión (DAI) del sistema educativo se encargan de hacer acompañamiento psicopedagógico y pedagógico a estudiantes con necesidades educativas especiales.