Con militares en las calles de Ibarra y Latacunga, Ecuador cumple una semana de paro nacional, convocado por la Conaie en rechazo al fin del subsidio al diésel en el país, y en contra de otras medidas del gobierno de Daniel Noboa.

Tras esta semana de movilizaciones, concentradas en el norte de la Sierra, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, dijo que el paro nacional no ha terminado y llamó a las comunidades indígenas a intensificar la protesta en las calles.

«Señor presidente, si hay caos en Ecuador el único responsable será usted. No queremos que se repita lo de 2019 y 2022. Estamos en capacidad de luchar», dijo Vargas desde una rueda de prensa en Quito, este lunes.

También demandó del Gobierno un ‘alto al fuego’ y que concluya lo que llamó una ‘masacre’, en referencia al ingreso de militares y policías a comunidades indígenas de Ibarra y Otavalo.

En su discurso, Vargas reiteró las demandas del movimiento indígena como la derogatoria del decreto sobre el subsidio al diésel, y la reducción del IVA al 12% en el país.

Vargas prefirió no hablar aún de un gran levantamiento indígena y aseguró que todo depende de las acciones y decisiones del Gobierno sobre las demandas de la Conaie.

Al igual que la postura del presidente Noboa, Vargas descartó sentarse a negociar con el Ejecutivo para poner fin a las movilizaciones.

«No somos terroristas»
Este pronunciamiento de la Conaie ocurre luego de la muerte del comunero indígena Efraín Fuerez, atribuida, según organizaciones de los derechos humanos, a la represión militar.

Sobre Fuerez, Vargas dijo que se trató de un ‘asesinato’ y hasta un ‘crimen de Estado’.

«No somos terroristas y no estamos financiados por la mafia. El verdadero terror lo ha impuesto el Gobierno. Denunciamos la brutalidad con la que los militares han atacado a población civil». Marlon Vargas, presidente de la Conaie.

Por su parte, Alberto Anaiguano, presidente de la Ecuarunari, rechazó que el Gobierno de Ecuador califique a los manifestantes como terroristas y los quiera relacionar con el narcotráfico.

«Quieren dañar la imagen del movimiento indígena», dijo el dirigente de la Ecuarunari en Quito, este lunes, en referencia a las acusaciones del Gobierno sobre la presunta vinculación de manifestantes en actos terroristas o ligados a bandas de delincuencia transanacional.

Este lunes desde Latacunga, la vocera del Gobierno Carolina Jaramillo defendió la actuación de militares en Cotacachi e insistió en que las protestas son «actos terroristas»

El fin de semana, las protestas se tornaron violentas y no solo se reportó la muerte del comunero indígena Fuerez, también hubo 12 militares heridos y 17 presuntamente retenidos.

Precisamente, con respecto a los militares, Vargas dijo que desconoce la situación de los militares supuestamente retenidos por los indígenas. «No somos pueblos secuestradores o extorsionadores», añadió el titular de la Conaie.

Comunidades indígenas de la Sierra Centro se suman al paro
Anaiguano de la Ecuarunari negó que los máximos dirigentes de la Conaie estén ausentes de las jornadas de protestas, y aseguró que tanto él como Marlon Vargas, presidente de la organización, se encuentran en ‘territorio y conversando con las bases’.

Sobre el paro nacional, señaló que los pueblos Cayambe y Otavalo continuará en las calles, y que este lunes se unirán comunidades indígenas de la Sierra Centro.

Vargas también expresó por la tarde del 29 de septiembre habrá una marcha en Tungurahua, y que otros pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía se empezarán a movilizar.

«El reclamo indígena siempre ha sido progresivo», agregó el titular de la Conaie.

Este lunes una decena de vías principales amaneció cerradas en al menos cinco provincias en el país. Comuneros y productores indígenas han bloqueado carreteras en Imbabura y Chimborazo con troncos, montículos de tierra y llantas.

Finalmente, el presidente de la Conaie anunció que hará campaña por el ‘No’ en la consulta popular para llamar a una Asamblea Constituyente, proceso planteado para noviembre de 2025.

Según Vargas, uno de los objetivos del Gobierno sería eliminar los derechos que adquirieron los pueblos y nacionalidades con la Constitución de 2008. Fuente: Primicias