La propuesta del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre una Asamblea Constituyente generó la reacción del exmandatario Rafael Correa, a través de su cuenta de X este 18 de septiembre de 2025.

Si bien Correa no dice que apoya directamente la convocatoria a una Asamblea Constituyente, para redactar una nueva Carta Magna, sí indica lo siguiente:

«¡Vamos a la constituyente, pero sin trampas! No para una nueva Constitución -tenemos una de las mejores del mundo, aunque siempre se puede actualizar-, sino para mandar a la casa a un Gobierno evidentemente mentiroso».  Rafael Correa, expresidente de Ecuador

Según Correa, la Constitución y las leyes no son el problema del país,  «sino los tres últimos gobiernos nefastos».

El actual texto de la Carta Magna de Ecuador fue elaborado por una Constituyente de plenos poderes y está en vigencia desde 2008 tras ser impulsada precisamente por Correa y en su gobierno.

¿Qué dice la bancada legislativa del correísmo? 
Antes del pronunciamiento del líder de la Revolución Ciudadana (RC), una parte de bancada correísta en la Asamblea había mostrado su rechazo a la idea de Noboa, aunque algunos legisladores dijeron que ‘no tenían miedo’ de ir a las urnas.

El asambleísta del correísmo, Fernando Molina, señaló en una entrevista radial este jueves que la propuesta de Noboa es “una falta de respeto”, y una estrategia para desviar la atención de otros problemas en el país como la crisis en el sistema sanitario.

La propuesta de Noboa de una Asamblea Constituyente llega después de que la Corte Constitucional (CC) ha rechazado varias reformas propuestas por el mandatario, al considerar que vulneraban el marco normativo de la actual Carta Magna.

«Frente a este escenario, no hay espacio para la excusa, solo para la acción. Al plantear una pregunta esencial para la próxima consulta (popular) y convocar a una Asamblea Constituyente», dijo Noboa en sus cuentas de redes sociales cuando anunció el planteamiento.

También la posible convocatoria de la Constituyente arriba en un momento en que Noboa decretó el fin del subsidio al diésel, lo cual ha provocó manifestaciones dispersas por tres días en el país.

Por otra parte, la Asamblea Constituyente fue una de las promesas de Noboa durante la campaña electoral para su reelección en 2025.

Incluso, cuando estaba en funciones, el exministro de Gobierno, José de la Gasca, dijo que la actual Constitución de Montecristi no respondía a la realidad del país, y que llamar a una Asamblea Constituyente ‘exprés’ era el camino. Fuente: Primicias

Tras poco más de tres horas, la Conaie convocó este 18 de septiembre de 2025 a un paro nacional, inmediato e indefinido en Ecuador, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel que ha provocado ya protestas aisladas.

El titular de la Conaie, Marlon Vargas, ya había anticipado a su arribo a la sede indígena de la organización en Riobamba que el único punto del día era analizar si irían a «una movilización nacional o no».

La resolución de plegar al paro nacional se tomó en la asamblea extraordinaria de la Conaie, realizada en Riobamba, donde el presidente ecuatoriano Daniel Noboa también tuvo agenda oficial en el mismo día.

Ratificar la unidad de los pueblos para enfrentar los ajustes económicos.
Exigir la derogatoria del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel.
Denunciar y rechazar persecución del Gobierno nacional y se acogen al derecho a la resistencia.
Revocar licencias ambientales en los proyectos mineros de Palo Quemado, Quimsacocha y Las Naves.
Declarar estado de excepción comunitario nivel nacional en los pueblos y nacionalidades. Se prohíbe el ingreso de la fuerza pública a los territorios, y se activan las guardias comunitarias para la protección de los pueblos.
Rechazar la consulta popular y el intento de una Asamblea Constituyente que «no resuelve los problemas del país».
Exhortar a los medios de comunicación a tratar la información con responsabilidad.
Exigir la reducción del IVA del 15% al 12% tomando en cuenta que no se ha resuelto el problema de la inseguridad en Ecuador.
Convocar a las bases, organizaciones sociales y a la sociedad al paro nacional de carácter inmediato e indefinido en Ecuador.
Instalación del parlamento plurinacional.
Un equipo de PRIMICIAS pudo constatar que los asistentes a la reunión de la Conaie gritaban consignas en favor de la movilización y en contra de la Asamblea Constituyente, propuesta el 17 de septiembre por el mandatario ecuatoriano.

«Viva el paro» y «No a la Constituyente» eran los gritos que se salían desde el interior de la casa indígena en Riobamba.

A la decisión de la Conaie se suman la de organizaciones como la Confeniae y campesinos de Cotacachi que también se declararon en resistencia en sus territorios indígenas.

Incluso, la Confeniae declaró la emergencia en la Amazonía y anticipó que no dejará ingresar a las Fuerzas Armadas.

El último gran paro nacional en Ecuador ocurrió en junio de 2022 en el gobierno de Guillermo Lasso, y cuando Leonidas Iza era presidente de la Conaie. Duró 18 días y las manifestaciones se concentraron en Quito.

En aquel entonces, los grupos indígenas pedían el congelamiento de los precios de los combustibles, la moratoria de deudas en bancos públicos, privados y cooperativas, no ampliar la frontera para la minería, mayor presupuesto a la educación, entre otros puntos. Fuente: Primicias

Los titulares de las carteras de Estado: Gobierno, Desarrollo Humano e Infraestructura y Transporte hablaron, este 18 de septiembre de 2025, sobre la eliminación del subsidio al diésel. Los funcionarios enfatizaron que la medida es necesaria y garantizaron que los precios de los productos y los servicios para la ciudadanía no tendrán un alza en los valores.

Una decisión “dura pero necesaria”

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, recordó que durante 50 años el país gastó entre USD 1.100 y USD 1.400 millones anuales en subsidios a los combustibles, dinero que en gran parte terminó beneficiando al contrabando y a la minería ilegal.

“El gobierno busca cerrar brechas utilizando esos recursos para el sector social. Esta es la primera vez que se toma una medida dura que no ha causado conmoción en precios”, señaló Rovira, quien añadió que existe un fuerte control en mercados y carreteras. Hasta la fecha, se han ejecutado 4.760 operativos con 19 locales clausurados y 1.800 funcionarios desplegados para prevenir especulación.

Según la ministra, los principales afectados son las bandas delictivas que se aprovechaban del subsidio.

Compensaciones para el transporte

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, explicó que el gobierno implementó un esquema de compensaciones directas para transportistas con el fin de evitar incrementos en las tarifas.

Los pagos van desde USD 400 hasta 700 para buses urbanos y entre USD 1.200 y 1.800 para transporte provincial. “El usuario no pagará más por el pasaje. Nunca un gobierno había conversado con los transportistas como ahora”, afirmó.

Además, se anunciaron zonas seguras de descanso y recarga eléctrica para transporte pesado, incentivos por USD 30 millones y un plan de renovación de unidades con créditos de hasta USD 20.000. Hasta el momento, 8.000 transportistas se han registrado y los desembolsos se realizan en 24 horas a través de BanEcuador y Banco del Pacífico.

Bono de solidaridad y apoyo social

El ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, destacó que los recursos liberados con la eliminación del subsidio se redirigirán hacia los sectores más vulnerables.

Actualmente, el Estado destina USD 1.300 millones al bono de la solidaridad, la misma cantidad que antes se perdía en economías ilegales a través del subsidio al diésel. Este año, 55.000 nuevas familias recibirán la ayuda con una inversión de USD 70 millones.

Burbano indicó que existen ventanillas de registro social en cada gobernación, donde las familias que no tengan afiliación pueden inscribirse para ser evaluadas. El criterio de calificación se basa en un índice de pobreza menor a 30 sobre 100.

Gobierno mantiene controles y advierte sanciones

Los ministros coincidieron en que la medida busca justicia social y que el dinero llegue a quienes realmente lo necesitan. Rovira advirtió que quienes intenten cerrar carreteras o paralizar servicios enfrentarán procesos judiciales con penas de hasta tres años de cárcel.

“El presidente tomó una decisión valiente para llevar los recursos de las mafias a los más necesitados”, enfatizó el ministro Luque.