San Ignacio, Cajamarca — 7 de noviembre de 2025.

El silencio de las montañas de San Ignacio fue roto por el ruido metálico de las retroexcavadoras y el murmullo constante del río Chinchipe. En esta frontera donde Perú se encuentra con Ecuador, un reciente reportaje del portal de investigación Ojo Público ha destapado una compleja red dedicada a la minería ilegal de oro. Detrás de este circuito —que abarca desde la extracción hasta la comercialización del mineral— se entretejen vínculos familiares, empresariales y policiales, según el informe firmado por el periodista Aaron Wörz.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de San Ignacio investiga actualmente a 22 personas por los presuntos delitos de minería ilegal y lavado de activos. Entre los implicados figuran los suboficiales de la Policía Nacional del Perú Edinson V. E. y José G. V. señalados por brindar protección a mineros ilegales en los distritos de Namballe, Chirinos y Tabaconas, una zona de difícil acceso donde el oro fluye con más libertad que la justicia.

El informe también apunta hacia el clan Sánchez Chanta, liderado por Segundo S. Ch. acusado de instalar campamentos auríferos y plantas de procesamiento en el caserío El Tambo (Namballe). Desde los días más duros de la pandemia, esta familia habría levantado un emporio clandestino a costa de los ríos, los bosques y la tranquilidad de las comunidades.

Empresas fachada y lavado de oro

La ruta del oro no termina en las montañas. Según la investigación, la empresa Amazónica Pelé & Venus E.I.R.L., con sede en Trujillo y dirigida por Grettel Pelé León, figura como pieza clave en la comercialización del oro sin trazabilidad ni respaldo legal, lo que para la Fiscalía constituye un mecanismo de blanqueo de capitales provenientes de la minería ilegal.

Los registros oficiales son contundentes: el 80% de las concesiones mineras en San Ignacio se superponen al cauce del río Chinchipe, y de las 139 concesiones existentes, apenas 14 han sido formalizadas. El resto opera en la sombra, bajo la mirada cómplice o indiferente de quienes deberían controlar.

La expansión de esta actividad ilícita ha desplazado a cientos de trabajadores del sector cafetalero, motor económico de la provincia. Muchos agricultores, tentados por el dinero rápido, abandonaron sus cultivos para ganar hasta S/150 diarios, el doble de lo que ofrece el café. Así, el aroma del oro ha sustituido al del grano tostado, y el verde de las montañas empieza a teñirse de barro y combustible.

Una frontera sin control

El reportaje también advierte la presencia de ciudadanos ecuatorianos que cruzan la frontera para operar maquinaria pesada o adquirir oro. Las débiles medidas de control estatal y la presunta complicidad de ciertos agentes del orden permiten que la minería ilegal avance impunemente, corroyendo tanto los ecosistemas como las instituciones.

“El oro ilegal en San Ignacio se sostiene por la protección policial, las redes familiares y las empresas que lavan el mineral”, concluye el informe de Ojo Público (02/11/2025).

Fuente: Noticias del Diario Ahora Jaén

Preocupación en Zamora Chinchipe

Mientras en el lado peruano la Fiscalía y la Policía Ambiental intensifican los operativos, en el margen ecuatoriano —especialmente en los cantones Chinchipe, Palanda, Zamora y Yantzaza— crece la inquietud ciudadana. Los habitantes se preguntan por qué en Perú se actúa con firmeza contra la minería ilegal, mientras en Zamora Chinchipe las máquinas vuelven a aparecer en las noches, a la vista de todos, sin que las autoridades intervengan.

El oro, que alguna vez simbolizó riqueza y esperanza, hoy refleja la corrupción, el silencio y la indiferencia de un sistema que mira hacia otro lado. En la frontera del Chinchipe, el brillo del metal sigue ganando terreno sobre el verde del bosque, y la pregunta persiste: ¿hasta cuándo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 19 de octubre de 2025 el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico y describió a su homólogo colombiano, Gustavo Prieto, como «un líder del narcotráfico».

«El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia», indicó Trump en su red Truth Social.

Y añadió que «se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de Estados Unidos»,  dijo Trump.

«El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico». Donald Trump, presidente de Estados Unidos

«A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de hacerse a Colombia. El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos», añadió el mandatario estadounidense.

Además, amenazó con que si Petro no cerraba «estos campos de exterminio de inmediato», Estados Unidos «se los cerrará».

Las declaraciones de Trump se producen un mes después de que Estados Unidos eliminara a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, junto a otras cuatro naciones, por haber «incumplido manifiestamente» en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos.

En respuesta, Petro afirmó que las Fuerzas Militares de su país dejarían de depender del armamento de Estados Unidos.

Petro responde a Trump
El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que se «está engañado» cuando lo considera como «un líder del narcotráfico», pues dijo que lo que ha hecho a lo largo de su carrera es justamente denunciar a las mafias de las drogas.

«Trump está engañado de (sic) sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo», escribió Petro en X luego de que Trump anunciara que corta la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico.

Bombardeos en el mar Caribe
Esta decisión se produce, además, en medio del «conflicto armado» que Estados Unidos declaró recientemente contra el narcotráfico y que ha incluido el bombardeo de hasta seis supuestas embarcaciones narcotraficantes en el mar Caribe.

El despliegue de Estados Unidos en el Caribe, que comenzó en agosto bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, incluye el empleo de aviones y barcos por parte del país norteamericano.

Sin embargo, ha causado una tensión creciente entre Washington y el Gobierno de Nicolás Maduro, que ve la operación como el preludio de un posible ataque contra el país.  Fuente: Primicias