Con el objetivo de ofrecer una atención moderna, eficiente y de calidad, la Cooperativa de Transportes Zamora Chinchipe realizó la remodelación integral de su oficina de boletería ubicada en la Terminal Terrestre de Zamora, una iniciativa liderada por el gerente Luis Suárez Chamba, quien informó que la obra demandó una inversión aproximada de nueve mil dólares (USD 9.000).

El proyecto contempló la modernización de espacios internos y externos, con el propósito de brindar un entorno cómodo, funcional y acorde a las necesidades de los usuarios. “Nos sentimos satisfechos por haber concretado esta remodelación. Ahora contamos con oficinas amplias, una sala de espera cómoda, servicio de WiFi, televisión y una bodega destinada a la recepción y envío de encomiendas”, manifestó el gerente.

De acuerdo con Suárez, la obra se ejecutó cumpliendo todos los protocolos y permisos establecidos por el GAD Municipal de Zamora y la administración de la Terminal Terrestre, sin registrar inconvenientes durante el proceso.

Actualmente, la Cooperativa Zamora Chinchipe ofrece servicio de transporte a siete de los nueve cantones de la provincia, cubriendo rutas hacia Yacuambi, El Pangui, Centinela del Cóndor, Nangaritza, Paquisha, Yantzaza y Zamora. Además, mantiene frecuencias hacia comunidades rurales como San Carlos, Guaguayme Bajo y Alto, La Pituca y Romerillos, contribuyendo a la conectividad provincial. En tanto, se gestiona la viabilidad técnica y legal para ampliar las rutas hacia Palanda, Chinchipe y la ciudad de Loja.

El gerente señaló también que, pese a las dificultades provocadas por el invierno y el deterioro de las vías, la cooperativa continúa garantizando la seguridad y regularidad de sus servicios, con el respaldo de la Prefectura de Zamora Chinchipe en el mantenimiento de la red vial provincial.

En cuanto al ámbito operativo, Suárez precisó que cada unidad de transporte recibe una compensación mensual de mil dólares ($1000) por parte del Estado, como parte del mecanismo de estabilización del precio del diésel. Aclaró que, pese al incremento del costo del combustible, la cooperativa ha mantenido los valores de los pasajes, respetando los beneficios para personas con discapacidad y adultos mayores.

“Nos encontramos en un proceso continuo de innovación, tanto en infraestructura como en atención al cliente. Nuestro compromiso es seguir mejorando la experiencia del usuario y fortalecer la imagen institucional de la cooperativa”, sostuvo el gerente, quien agradeció el apoyo de los socios, autoridades y ciudadanía.

Además, informó sobre la alianza estratégica con la Cooperativa de Transportes Riobamba, que permite a los usuarios realizar envíos y viajes fuera de la provincia, ampliando las posibilidades de conectividad y servicio.

Finalmente, Suárez destacó que la Cooperativa Zamora Chinchipe continuará trabajando con calidad, calidez y responsabilidad, a fin de consolidarse como una entidad referente en transporte público provincial. “Invitamos a la ciudadanía a visitar nuestras nuevas instalaciones y seguir confiando en nuestro servicio, que busca siempre el bienestar y la seguridad del pasajero”, concluyó.

Hablemos sin rodeos; cuando la gente sale a las calles en Ecuador, no siempre está desafiando al Estado, muchas veces está ejerciendo derechos que la misma Constitución reconoce. Sí, derechos. Porque manifestarse, expresarse, reunirse o resistir no son delitos: son libertades que forman parte de nuestra democracia.

La Constitución de la República del Ecuador es clara. En su artículo 66, numeral 13, se reconoce “el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”. Es decir, salir a protestar no es un acto de rebeldía sin sentido, sino una forma legítima de participación ciudadana.

Además, el artículo 98 refuerza esta idea al establecer que las personas y los colectivos pueden ejercer el derecho a la resistencia frente a “acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales”. En otras palabras, cuando el Estado falla, cuando una institución abusa o cuando el silencio oficial se vuelve insoportable, la protesta se convierte en una herramienta constitucional para exigir corrección.

Incluso el artículo 46 garantiza la libertad de expresión y asociación, así como el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas organizativas. Lo que se dice en la calle, en pancartas o consignas, es también una forma de expresión pública, tan válida como un artículo de opinión o una publicación en redes sociales.

Claro, ningún derecho es absoluto. La misma Constitución prevé límites razonables, como los estados de excepción, que deben ser justificados, temporales y sujetos a control. Pero una cosa es regular, y otra muy distinta es reprimir.

Por eso, cuando veo a la fuerza pública ingresar con gases a las casas, detener personas que solo reclamaban o responder con violencia a la inconformidad social, me pregunto si esas acciones realmente respetan los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad que exige el propio orden constitucional.

Manifestar no es vandalismo, ni desorden. Es ejercer ciudadanía. Y cuando el Estado castiga sin explicar, cuando silencia sin escuchar, contradice los mismos artículos que dice proteger. Porque en el fondo, protestar también es una forma de amar al país: de quererlo mejor, más justo, más digno.

Habitantes, transportistas y usuarios de las rutas Chamico–Nambija Bajo–San Carlos de las Minas, Puente Azul–Namacuntza y Nambija Bajo–Cuzuntza, del cantón Zamora, expresaron su profunda preocupación por el mal estado de estas vías, que actualmente se encuentran intransitables y en condiciones críticas, afectando la movilidad, la seguridad vial, el turismo y la economía local.

Durante un recorrido realizado por estos sectores, los usuarios manifestaron que los baches, hundimientos y acumulación de material pétreo impiden el normal desplazamiento de vehículos livianos y pesados, generando daños constantes y gastos adicionales para los transportistas.

“Desde Chamico hasta San Carlos de las Minas la vía está intransitable. Hay baches profundos y grandes piedras que obstaculizan el paso.

Los carros pequeños, taxis y buses se dañan constantemente”, señalaron los moradores durante el recorrido.

La usuaria Sandra Patiño destacó que esta es la única vía alterna que permite conectar las parroquias rurales con Zamora, debido a que la ruta Cuzuntza–Cumbaratza también presenta deterioro avanzado.
“Solicitamos a la Prefectura que verifique el estado de la vía. Es la única alternativa que tenemos para movilizarnos y realizar nuestras actividades diarias. El mal estado genera riesgos y accidentes”, afirmó.

El gerente de la Cooperativa de Transporte Zamora Chinchipe, Luis Suárez Chamba, indicó que los buses que operan en la zona enfrentan graves dificultades para mantener su servicio.

“Nuestros socios reportan daños frecuentes en las llantas y en las hojas de los vehículos. Pedimos a las autoridades que intervengan, porque damos servicio diario a estudiantes y trabajadores que se movilizan hacia San Carlos de las Minas”, expresó.

Asimismo, Suárez enfatizó que la vía Puente Azul–Namacuntza también se encuentra seriamente afectada por la erosión y el desbordamiento del río durante el invierno, por lo que solicitó una ampliación y mantenimiento inmediato.

Los testimonios recogidos reflejan el malestar general de la ciudadanía. La usuaria Marcia Suárez, residente de San Carlos de las Minas, sostuvo:
“Las vías alternas están destruidas, llenas de huecos. Es difícil transitar y los gastos en reparación de vehículos son constantes. Hacemos un llamado urgente a las autoridades provinciales”.

De igual forma, Gustavo Ramón, otro de los conductores que circula por el sector, resaltó que el tramo desde Chamico hasta los alrededores de San Carlos de las Minas se encuentra en “pésimas condiciones”, y que es necesario realizar trabajos de bacheo inmediato para prevenir daños a las unidades y posibles accidentes.

Los moradores, transportistas y dirigentes locales hacen un llamado conjunto a la Prefectura de Zamora Chinchipe, a los GAD parroquiales de Cumbaratza y San Carlos de las Minas, para que se coordine un plan urgente de mantenimiento y rehabilitación.

Además, proponen la firma de un convenio interinstitucional que permita unir esfuerzos técnicos y financieros entre los distintos niveles de gobierno, a fin de garantizar una respuesta eficiente y sostenible a esta problemática que afecta directamente a cientos de familias rurales y al desarrollo productivo de la zona.