Comunidad Nuevo Porvenir solicita reconsiderar ubicación de relleno sanitario en Yacuambi
Una comisión de moradores de la comunidad Nuevo Porvenir, perteneciente al cantón Yacuambi, mantuvo una reunión con autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, con el objetivo de expresar su rechazo a la ubicación propuesta para la construcción del nuevo relleno sanitario, proyectado en la parte alta de la mencionada comunidad.
Los representantes comunitarios señalaron que no se oponen a la implementación de un relleno sanitario como medida necesaria para el manejo adecuado de los residuos sólidos del cantón, pero cuestionaron la localización seleccionada. Argumentaron que la zona propuesta podría poner en riesgo las fuentes de agua de dos cuencas hidrográficas, además de representar un potencial impacto negativo en la salud de la población y en el equilibrio ambiental.

En su intervención, los dirigentes sostuvieron que el sitio no cumpliría con las distancias mínimas establecidas por la normativa respecto a ríos y fuentes hídricas. Asimismo, manifestaron que el estudio de factibilidad se habría realizado sin llevar a cabo la consulta previa, libre e informada, amparada por la Constitución de la República y por instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador.

La comisión recordó que, en encuentros anteriores, ya se habían presentado alternativas viables, incluyendo terrenos en la parte baja del cantón, cuyos propietarios habrían expresado disposición para su venta. También denunciaron la falta de respuesta formal a los oficios y resoluciones enviadas, así como incidentes de trato irrespetuoso por parte de personal técnico durante la ejecución de los estudios. Según indicaron, el 99 % de los habitantes de la comunidad se opone a la ejecución de la obra en la ubicación actual.

Los comuneros hicieron un llamado a los concejales y al alcalde para que actúen con empatía, busquen una solución concertada y emitan una respuesta definitiva, a fin de evitar conflictos y gastos innecesarios.

Por su parte, el alcalde de Yacuambi, Luis Seas, explicó que su ausencia en una reunión previa con la comunidad se debió a que en esa fecha mantuvo una cita previamente gestionada durante mes y medio con el Viceministro del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la ciudad de Guayaquil, para tratar la declaratoria de la vía estatal que conecta Loja y Azuay.

En su intervención, la autoridad municipal señaló que:

• El proyecto del relleno sanitario se encuentra en fase de consultoría y, por contrato, no puede ser paralizado.
• Yacuambi presenta limitaciones geográficas significativas, lo que dificulta la identificación de terrenos técnicamente adecuados para este tipo de infraestructura.
• La socialización del proyecto se ha venido realizando y, en caso de existir observaciones técnicas, estas serán revisadas y corregidas antes de su aprobación definitiva.
• El Ministerio del Ambiente será la entidad que, en última instancia, evaluará la factibilidad y otorgará o negará los permisos correspondientes.

El alcalde propuso coordinar, junto con los técnicos y consultores del proyecto, una nueva jornada de socialización y recorrido al sitio propuesto para el próximo 25 de agosto, a fin de exponer los avances, mediciones y componentes del relleno sanitario directamente en el lugar.

Finalmente, reiteró su disposición a mantener el diálogo con la comunidad y recordó que, en caso de que el Ministerio del Ambiente determine la no factibilidad del sitio, el proyecto no podrá continuar en la ubicación actual.

La Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, mediante comunicado oficial, informa a la ciudadanía, a los núcleos provinciales y a las candidaturas inscritas que, mediante resolución del juez Byron Andrés Vallejo Naranjo, se ha dispuesto el levantamiento parcial de las medidas cautelares que suspendían el proceso electoral a escala nacional.

En consecuencia, se reanuda el proceso electoral en los 24 núcleos provinciales, mientras que permanece suspendida la elección de la Presidencia Nacional.

Mediante Memorando N.º CCE-SG-2025-0231-M, de fecha 7 de agosto, suscrito por el secretario general José Alfonso Montalvo Yépez, se informó a las Comisiones Electorales Provinciales sobre la providencia dictada en la acción de protección N.º 17230-2025-16729. En esta, el juez ponente en sus puntos resolutivos 5 y 6 dictaminó:

“5.- Con lo manifestado, al amparo de lo previsto en el Art. 30 de la LOGJCC, se dispone la revocatoria parcial de la medida cautelar dispuesta en la presente causa, en lo que respecta a la suspensión de las elecciones de los núcleos provinciales, toda vez que el accionante no participa en dicho proceso electoral ni ha demostrado afectación directa a sus derechos en esa fase”.

“6.-Se deja en claro que la medida cautelar en los términos ordenados solo opera para el proceso electoral convocado para la elección de Presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ‘Benjamín Carrión’. Consecuentemente, los procesos electorales provinciales continuarán su normal desarrollo de acuerdo al cronograma establecido”.

En concordancia con el reglamento de elecciones, el artículo 8 establece que las elecciones de Directoras o Directores Provinciales se celebrarán el tercer sábado del mes de agosto, y la posesión se efectuará diez días hábiles después, con el fin de asegurar una transición ordenada de la gestión.

Por tanto, la Comisión Electoral Nacional, en sesión N.º CCE-CEN-018-2025 resolvió disponer la reactivación del proceso electoral para Directorios Provinciales, cuyo proceso de elección se llevará a cabo el 16 de agosto de 2025, conforme al calendario electoral previamente aprobado.

Se deja expresa constancia de que el calendario electoral vigente no ha sido modificado. En consecuencia, las y los participantes deberán continuar con la sustanciación del proceso conforme a las reglas previamente establecidas.

El Dr. Freddy Aguilera, abogado y reconocido defensor de derechos colectivos, emitió un pronunciamiento desde la ciudad de Loja alertando sobre los potenciales efectos adversos de la fusión del Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, dispuesta mediante el Decreto Ejecutivo No. 60 por parte del presidente de la República.

“No se puede ser juez y parte”: Riesgo de conflicto institucional
Aguilera cuestionó la compatibilidad jurídica y técnica de unificar funciones de promoción de actividades extractivas con las de control y fiscalización ambiental dentro de una misma cartera de Estado. Afirmó que esta medida vulnera el principio constitucional de separación de funciones y puede comprometer la imparcialidad en la evaluación ambiental.

“Un mismo ministerio no puede autorizar y fiscalizar simultáneamente las actividades extractivas. Es un contrasentido técnico y jurídico que puede derivar en arbitrariedades y afectaciones graves a los derechos constitucionales”, sostuvo.

Vulneración a la consulta ambiental y derechos de la naturaleza
El jurista señaló con preocupación que esta reestructuración administrativa podría profundizar el debilitamiento de procesos de consulta ambiental, como ya ha ocurrido en recientes concesiones mineras en Palanda, Quinara y El Ingenio (Loja y Zamora Chinchipe), donde se habría omitido este proceso obligatorio.

Recordó que el artículo 398 de la Constitución exige la realización de consultas ambientales previas a la entrega de licencias, con participación libre e informada de las comunidades afectadas. “Decir que la minería es de bajo impacto para justificar la omisión de consulta ambiental es una falacia. El derecho a la consulta no es negociable”, manifestó.

Impactos en la soberanía alimentaria y economía campesina
Aguilera denunció que se están otorgando concesiones mineras en territorios de vocación agrícola y de producción sostenible, afectando directamente a pequeños agricultores que no pueden legalizar sus tierras ni acceder a créditos o inversión debido a la superposición de títulos mineros. “El Ecuador no puede sentarse sobre su riqueza mineral y morirse de hambre. La soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible deben ser prioridades constitucionales”, expresó.

Tráfico de concesiones y minería ilegal: una cadena de impunidad
El abogado alertó sobre una práctica sistemática en la que empresas con escaso capital social obtienen concesiones extensas sin capacidad técnica ni financiera, facilitando su transferencia informal y fomentando la minería ilegal y el involucramiento de estructuras delictivas organizadas.

“Estas empresas promueven la ocupación ilegal de las concesiones por parte de terceros, y cuando ya se ha generado una producción significativa, solicitan al Estado el desalojo. Con ello se expone a las fuerzas del orden, y el Estado termina actuando como cómplice indirecto del tráfico de concesiones”, explicó.

Crítica a la concentración de poder y debilitamiento institucional
Aguilera también expresó su inquietud por la falta de independencia técnica en el otorgamiento de licencias ambientales, al concentrar en una sola institución las funciones de ejecución de proyectos y su control. Rechazó cualquier intento de debilitar a la Corte Constitucional o someterla a presiones políticas.

“Debilitar la independencia de la Corte Constitucional sería gravísimo. Ha sido este organismo el que ha garantizado el respeto a la consulta previa y al derecho de la naturaleza. Sujetarla a juicio político es una amenaza directa al Estado de derecho”, advirtió.

Finalmente, el Dr. Aguilera instó a los ciudadanos y organizaciones sociales a mantenerse vigilantes frente a las reformas estructurales que afectan el orden democrático, los derechos colectivos y el medio ambiente, señalando que no se puede justificar una modernización del Estado al margen de los principios constitucionales.