En una nueva edición del programa “Tertulia Jurídica”, se abordó con rigor académico el tema “La extradición”, contando con la destacada participación del abogado Juan Carlos Salguero Manchado, especialista en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, quien intervino desde la ciudad de Quito. El programa también contó con la presencia del Dr. Franco Tamay y Dr. Jamil Avila.
Durante su intervención, el Dr. Salguero realizó un recorrido jurídico y técnico sobre el proceso de extradición, a partir de la reciente coyuntura nacional vinculada al caso de Adolfo Macías Villamar (alias Fito). Señaló que la extradición es un mecanismo diplomático y judicial mediante el cual un Estado solicita la entrega de una persona para ser juzgada o para cumplir una pena previamente impuesta.
En ese marco, explicó que existen dos tipos principales de extradición:
• Extradición activa: cuando el Estado ecuatoriano solicita la entrega de un ciudadano ubicado en otro país.
• Extradición pasiva: cuando Ecuador recibe una solicitud de otro país para entregar a una persona que se encuentra en territorio nacional.
El especialista precisó que la extradición se estructura en tres fases fundamentales: la diplomática, la judicial y la administrativa. En la primera intervienen los canales consulares y el Ministerio de Relaciones Exteriores; en la segunda, la Corte Nacional de Justicia, que verifica el cumplimiento de los requisitos legales; y en la tercera, corresponde al Ejecutivo tomar la decisión final sobre la entrega del requerido.
Uno de los puntos más destacados fue el análisis de los principios jurídicos que rigen la extradición, entre ellos:
• El principio de doble tipicidad, que exige que el delito por el que se solicita la extradición esté tipificado tanto en el país requirente como en el requerido.
• El principio de prescripción, que puede ser causal para rechazar la solicitud si la acción penal o la pena están prescritas conforme a la normativa ecuatoriana.
Asimismo, se discutieron los efectos jurídicos de la aceptación voluntaria por parte del requerido, los límites en casos en que exista pena de muerte o cadena perpetua en el país solicitante, y el rol que juega la Fiscalía General del Estado como representante de los intereses del país requirente durante el proceso.
El Dr. Salguero subrayó también las deficiencias estructurales del sistema legal ecuatoriano, como la vigencia de una Ley de Extradición obsoleta, emitida en 1930, que aún contiene referencias institucionales superadas como la «Corte Suprema de Justicia». Añadió que la reciente reforma constitucional de 2024, aprobada mediante consulta popular, habilita de manera expresa la extradición en el país, constituyendo un cambio paradigmático en la política penal ecuatoriana.
Finalmente, el jurista hizo un llamado a concebir la extradición como un procedimiento netamente procesal y jurídico, libre de influencias o usos políticos que puedan vulnerar los derechos fundamentales o el principio de legalidad.
