El ministro del Interior, John Reimberg, anunció este jueves 5 de febrero que se aprobó la extradición desde Panamá de Leonardo Héctor Cortázar Arcos, quien está relacionado con presuntos hechos de delincuencia organizada y corrupción en empresas públicas del sector eléctrico.

Según informó la autoridad, Cortázar cuenta con una Boleta de Difusión Roja de Interpol y su traslado a Ecuador se concretaría en los próximos días, tras el trabajo coordinado entre la Policía Nacional, organismos internacionales y autoridades panameñas.

Reimberg afirmó que el proceso refleja que «en Ecuador no hay intocables» y sostuvo que este caso demuestra que quienes saquearon al país, aunque huyan, responderán ante la justicia.

La llegada de Cortázar, quien está procesado por el delito de delincuencia organizada en el caso Encuentro, permitirá que continúe el proceso judicial en su contra.

Desde el Ministerio del Interior también se enfatizó en que el Gobierno mantendrá acciones para ubicar y procesar a quienes estén relacionados con actos de corrupción.

«La corrupción no es un error: es un crimen contra la ciudadanía. Seguiremos persiguiendo a cada responsable, dentro y fuera del país», señaló Reimberg, quien advirtió que el Estado reafirma su autoridad y que la impunidad se terminó. Fuente: Vistazo

El caso Blanqueo Fito, por el presunto delito de lavado de activos, retoma su audiencia preparatoria de juicio este 5 de febrero de 2026. En esta jornada, la Fiscalía continuará con sus alegatos, aunque el proceso vuelve a iniciar en medio de un nuevo tropiezo.

El pasado 27 de enero de 2026, Willian Ezequiel Mieles, exdefensor público y actual abogado de Inda Penarrieta Tuárez, esposa de alias Fito y quien permanece prófuga de la justicia, presentó una solicitud de que se disponga a la Fiscalía General del Estado la entrega de la totalidad del expediente correspondiente a esta causa, en formato digital. Pero la Fiscalía respondió que no tiene fondos ni asignación presupuestaria para ello. Aquí los detalles.

Mediante un escrito, la fiscal del caso, María Belén Luna, expuso que el 12 de diciembre de 2025 se procedió a la digitalización del expediente cuando este contaba con 44.421 fojas contenidas en 444 cuerpos; gestión que implicó el pago de USD 4.441,10, «valor que fue registrado como gasto por concepto de servicio de escaneado y cargado previo aprobación presupuestaria a la Unidad Nacional de Antilavado de Activos».

Sin embargo, Luna enfatizó que ha garantizado de manera permanente «el acceso pleno, oportuno y suficiente», en días y horas laborables.

Por ello, reiteró que la digitalización integral del expediente fiscal «resulta material y presupuestariamente inviable», considerando que, a la presente fecha, el expediente consta de 449 cuerpos y 44.862 fojas, y que «el volumen documental excede de manera evidente cualquier previsión ordinaria de recursos asignados para tal finalidad» a la Fiscalía Provincial de Pichincha, «sin que exista disposición legal expresa ni asignación presupuestaria específica que obligue a la Fiscalía General del Estado a asumir dicho procedimiento».

En respuesta, la jueza Karol Zambrano puso en conocimiento de los sujetos procesales la contestación emitida por la Fiscalía y dejó constancia expresa de que el acceso al proceso se encuentra garantizado, así como de las condiciones de acceso al expediente fiscal, con el fin de evitar futuras controversias procesales.

La madrugada del pasado 2 de junio de 2025, la Fiscalía –en coordinación con la Policía Nacional– ejecutó un operativo simultáneo en tres provincias, durante el cual se cumplió con la detención de: Yandry Nicomedes M. V. (hermano de ‘Fito’), Jorge Alberto P. T. (cuñado), Verónica Narcisa B. Z. (pareja sentimental, actualmente privada de libertad en la cárcel de mujeres de Guayaquil), José Gregorio B. Z. (hermano de Verónica B.), Ángel Hermelindo B. B. y Dolores Onila Z. S. (padres de Verónica B.).

A ellos se les formuló cargos por el presunto delito de lavado de activos y recibieron prisión preventiva.

Posteriormente, el Ministerio Público vinculó a 10 personas naturales más: José Adolfo M. V. (alias ‘Fito’), Inda Mariela P. T. (esposa), Michelle Jamilet M. P. (hija), Adolfo Jair M. P. (hijo), Ramón José M. I. (padre), Violeta Marisol V. C. (madre), Julio César P. T. (cuñado), Irene Jahaira P. T. (cuñada), Ronald Javier M. V. (hermano), Angie Darleny B. Z. (hermana de Verónica B).

A todos ellos se les dictó prisión preventiva, aunque la esposa del líder criminal, India, y sus hijos están prófugos de la justicia.

Al mismo tiempo, la Fiscalía vinculó a cuatro personas jurídicas: Iris Limpieza Cia Ltda., Transporte de carga pesada Jomavi S.A., Queenwater S.A. y Ferro Mundo S.A. Aparentemente, estas compañías servían como fachada para lavar dinero de origen ilícito. Fuente: Vistazo

Álex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, fue detenido en Venezuela tras una operación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, según informan medios colombianos.

Así lo confirmó Caracol Radio este miércoles cuatro de febrero a través de una breve publicación en la que asegura que el operativo se llevó a cabo sobre las 2:30 de la madrugada.

Agrega que junto a Saab también cayó el empresario Raúl Gorrín, acusado de sobornos y lavado de dinero.

Saab se desempeñó como ministro de Industrias y Producción Nacional durante el régimen de Nicolás Maduro, pero tras la caída del dictador, la presidenta interina Delcy Rodríguez decidió destituirlo.

Saab ya fue detenido en 2020 en Cabo Verde y luego extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021.

Sin embargo, tras realizarse un acuerdo con Estados Unidos, que incluyó la liberación de 10 estadounidenses, Saab regresó a Venezuela.

Su arresto en el país norteamericano fue calificado como un «secuestro» por el gobierno venezolano, que aseguraba que era un enviado especial de Caracas y que se violó su inmunidad diplomática.

La justicia estadounidense acusaba a Saab de blanquear a través de Estados Unidos fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela. Era el encargado de la importación de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por presuntos hechos de corrupción. Fuente: Vistazo