En el marco del programa jurídico «La Tertulia», desarrollado el pasado miércoles 16 de julio, se llevó a cabo un importante conversatorio sobre el derecho de alimentos en el Ecuador, con el tema central: “Lo que todo padre y madre debe saber”.
El espacio contó con la participación de la abogada Evelyn Carolina Castillo Viera, reconocida jurista de la ciudad de Quito, experta en derecho de familia, quien compartió criterios fundamentales sobre el alcance, aplicación y garantías del régimen de pensiones alimenticias en el país.
Durante su intervención, la doctora Castillo destacó que el derecho de alimentos es una garantía constitucional consagrada en el artículo 44 de la Constitución del Ecuador, orientada a la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Este derecho, afirmó, abarca no solo la alimentación propiamente dicha, sino también rubros como salud, educación, vestimenta, vivienda, recreación y desarrollo integral.
Uno de los puntos más relevantes abordados fue la obligación de los progenitores de cumplir con este derecho, incluso cuando no existe una relación de convivencia con el menor. La jurista explicó que la ley ecuatoriana contempla el otorgamiento de pensiones hasta los 18 años, y su extensión hasta los 21 años en casos de estudios continuados. En personas con discapacidad, el derecho se mantiene durante toda la vida.
Asimismo, se analizó la existencia de tablas de pensiones alimenticias, emitidas por el Consejo de la Judicatura, las cuales establecen montos mínimos según el ingreso del alimentante. No obstante, Castillo aclaró que dichas tablas representan solo el piso legal y pueden ser ajustadas al alza conforme a las necesidades reales del menor y la capacidad económica del obligado.
Desde el plano procesal, la abogada subrayó que los ciudadanos pueden iniciar demandas de alimentos sin la necesidad de contratar abogados privados, ya que el Estado garantiza el patrocinio de defensores públicos. Sin embargo, recomendó una adecuada asesoría legal para una correcta defensa del interés superior del menor.
El diálogo también abordó temas vinculados a la fijación de la pensión en contextos de divorcio, los requisitos para que el juez otorgue la tenencia y régimen de visitas, y la protección patrimonial en caso de bienes compartidos. En este punto, Castillo fue enfática en señalar que el único bien inmueble de la pareja divorciada debe quedar a favor de los hijos como medida de protección.
Finalmente, se expuso sobre los mecanismos legales y probatorios que permiten garantizar pensiones justas, en especial cuando el obligado percibe ingresos superiores al salario básico pero busca ocultarlos. Se recomendó el uso de herramientas como el mecanizado del IESS, oficios a empleadores y documentos que evidencien el nivel de vida del menor, con el fin de sustentar un posible incremento de la pensión por parte del juez o jueza competente.
Este espacio de análisis permitió acercar el conocimiento jurídico a la ciudadanía y reafirmar que el derecho de alimentos es un deber ineludible y prioritario para el Estado, la sociedad y, especialmente, para quienes tienen bajo su responsabilidad la vida y bienestar de niños, niñas y adolescentes.
